El enfrentamiento ocurrió cuando el grupo atacante, liderado por el priista Carlos Guzmán Teodoro mantuvo cerrado el balneario “Ojo de Agua” con el argumento de que no habría servicio
Regeneración, 31 de marzo del 2016.-Siete personas hospitalizadas pertenecientes al Consejo Indígena por la Defensa de Zacualpan, es el saldo del enfrentamiento ocurrido el pasado 25 de marzo, entre comuneros opositores a la minería de esta agrupación, y un grupo de choque presuntamente financiado por el gobierno priista de Colima.
El enfrentamiento ocurrió cuando el grupo atacante, liderado por el priista Carlos Guzmán Teodoro mantuvo cerrado el balneario “Ojo de Agua” con el argumento de que no habría servicio. En días pasados, la comunidad de Zacualpan había limpiado los manantiales ella misma, con maquinaria financiada por ella para poder recibir a los vacacionistas en semana Santa.
El jueves 24 de marzo, la comunidad estaba lista para recibir a los turistas pero la entrada fue bloqueada por el grupo de Guzmán Teodoro. Ante esto, el Consejo Indígena decidió en asamblea comunal abrir la antigua entrada a los manantiales de Zacualpan hasta que lograron entrar los turistas al balneario. El enfrentamiento se dio por la tarde, cuando los vacacionistas que intentaban salir fueron bloqueados por el grupo priista, por lo cual los comuneros indígenas acudieron a interceder por los visitantes, y fueron recibidos a pedradas por el grupo de choque.
Siete personas, entre ellas adultos mayores, resultaron gravemente heridas, y fueron hospitalizadas.
El pasado martes 29 de marzo la organización ecologista Biosiguana acusó al gobierno estatal de Colima de difundir mentiras entorno al conflicto de la comunidad de Zacualpan. Más adelante, destacó que el Consejo Indígena de Zacualpan anunció cese al diálogo con el gobierno estatal luego de considerar que éste sólo jugaba con ellos. Además de acusar al propio gobierno estatal de financiar un grupo de choque que fomenta la violencia al interior de la comunidad, uno de los cuales agredió a pedradas a miembros del Consejo Indígena el viernes pasado. El mismo día por la noche Taurino Rincón Lorenzo reanudó el diálogo declarando que mantendría abierta la posibilidad de diálogo si el gobierno estatal respetaba los acuerdos previos y lamentó el manejo que se hizo en los medios locales del conflicto.
Rincón Lorenzo, Presidente del Consejo Indígena, denunció que luego de una serie de diálogos realizados los últimos días entre representantes de los dos grupos, convocados por la Secretaría General de Gobierno, hubo acuerdos que nunca se respetaron, como el hecho de que se conformaría un comité administrador integrado con tres miembros de cada grupo. En este contexto, informó Rincón, el grupo priísta representado por Daniel Aranda le apostó a tomar el control total del centro ecoturístico o mantener el bloqueo para que permaneciera cerrado en la temporada vacacional.
Desmintió también las versiones de que se hubiera abierto el balneario Ojo de Agua con el consentimiento del gobierno estatal. “Quiero decirles que eso es mentira, yo veo que están jugando con nosotros; hemos visto que el gobierno les está pagando a ellos para que nos agredan, eso está muy claro, porque siempre están ellos ahí para provocar violencia.
En este contexto, Víctor Manuel Gandarilla, delegado en Colima de la Secretaría de Gobernación, declaró que el conflicto en Zacualpan obstaculiza los proyectos sociales y el desarrollo de la comunidad. “Lo que hay ahí es pobreza y los conflictos obstaculizan el desarrollo.”
José Martín Peña Guzmán, integrante del CIDTZ, señaló que la violencia que provocó la hospitalización de siete personas fue instigada por “Vicente evangelista, quien a través de megáfonos ha incitado a la violencia, Rubén Guzmán, hijo del destituido representante de Bienes Comunales Carlos Guzmán Teodoro; el comisario electo de la junta Daniel Aranda y a Gregoria Lozano, una de las principales agresoras.
Por su parte, la diputada local priista por el distrito 4 (Comala-Villa de Álvarez), Juana Andrés, dijo que crear un comité en el que los dos grupos opositores en Zacualpan administrara, fue una propuesta que ella había puesto en la mesa al alcalde de Comala. Según ella las ganancias del balneario podrín beneficiar a toda la comunidad.
Una historia de amenaza y despojo a la comunidad nahua de Zacualpan
El centro ecoturístico del balneario llamado “Ojo de agua”, representa una importante fuente de ingresos para la comunidad y genera decenas de empleos para los lugareños. Está ubicado en Zacualpan, una comunidad nahua que a pesar de haber sido declarada por la Semarnat como territorio libre de minería, es amenazada desde hace años por un proyecto extractivo vinculado a la empresa Gabfer, representada por el empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez.
El conflicto se dio a partir de la exploración de una mina, de la que se pretendía explotar oro, plata, cobre y manganeso a cielo abierto. Esto llevó a una división entre los pobladores, los cuales en su mayoría se opusieron al proyecto, ya que estaba en juego la salud de sus tierras y la seguridad del manantial que abastece a más de 300 mil personas en Colima y Villa de Álvarez. La comunidad llevó a cabo varias asambleas para informar y hacer frente a la amenaza, y el 30 de noviembre de 2014 el entonces presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro fue depuesto de su cargo, acusado de haberse acercado a los pobladores ofreciendo recursos económicos para que fuera aprobada la mina. (Es él el acusado, actualmente, de haber instigado la violencia en contra de los indígenas en el balneario Ojo de Agua).
Entonces, por mayoría de decisión en la asamblea, fue nombrado Taurino Rincón Lorenzo, sin que pudiera ejercer su cargo en un inicio, debido a que personas allegadas al anterior presidente de Bienes comunales mantenían tomada la entrada al Ojo de Agua.
Desde entonces se inició un proceso de resistencia de los comuneros del Consejo Indígena, llevando a Taurino a unirse con los pobladores de Zacualpan para defender su hogar del embate de las mineras en complicidad con el gobierno estatal. La comunidad había hecho expresa su oposición a la presencia de minas, pero Carlos Guzmán Teodoro tomó decisiones y posturas opuestas a las del pueblo y por ello fue sustituido.
Los empresarios, de la mano del gobierno priista, habían prometido mejoras a la comunidad como la construcción de hospitales, medicamentos, doctores y cosas que el pueblo necesita, a cambio de la concesión a la mina. Pero los comuneros se opusieron tajantemente defendiendo su derecho y libertad de tomar decisiones. Si bien la amenaza en un principio tenía que ver con las exploraciones y la minería a cielo abierto, el riesgo empeoró al ponerse bajo la mira de las empresas al Ojo de Agua, lo que hacía peligrar el abastecimiento del vital líquido no solo para los comuneros sino para las comunidades vecinas que se benefician del manantial que brinda mil litros de agua por segundo a la zona conurbada de la capital del estado.
Desde que las asambleas informativas y la resistencia del Consejo Indígena iniciaron la persecución y amenazas hacia sus líderes y población en general fueron una constante. La organización Bios Iguana interpuso una queja ante instancias internacionales denunciando que había habido ataques a “la libertad personal y daños ocasionados a nuestras personas, a nuestras familias y al pueblo indígena ancestral nahua propietario y usufructuario de la riqueza de la comunidad de Zacualpan.”
El caso de Zacualpan pertenece a uno de los 34 casos de conflictividad minera registrados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Informes de instancias especialistas indican que las causas que originaron el conflicto fue la política implementada por el gobierno estatal que pasó por encima de los derechos de consulta y participación de las comunidades indígenas que habitan territorios concesionados de manera ilegal por el gobierno federal.
Este proceso ilegal de presión y acoso en contra de la comunidad de Zacualpan se llevó a cabo en contubernio de la empresa, con la delegada de la Procuraduría agraria en el estado, Maria Elena Díaz Rivera, quien fue destituida en fechas recientes y que contaba con el apoyo de funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal. Dicha acusación fue hecha por el Consejo Indígena, así como por la organización Bios Iguana AC, la Mining Watch Canada y la Red Mexicana de Afectados por la Minería en fechas pasadas.
Fuentes: http://www.diariodecolima.com/nota/2016-03-29-piden-comuneros-que-no-haya-detenciones
http://www.proceso.com.mx/435064/piden-mediacion-del-congreso-colima-conflicto-en-zacualpan
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/27/opinion/027a1pol
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=210576