Hoy están contabilizados 400 grupos delincuenciales que operan en el país. Esto es parte de la fragmentación, de haber quitado las grandes cabezas, que lo único que crea es la dispersión de intereses y hasta pugnas por lograr mejores atributos en los distintos ámbitos geográficos.
Regeneración, 11 octubre 2017.- México pasó de tener seis organizaciones del narcotráfico a 400 grupos criminales que, además de la producción, venta y trasiego de droga, controlan delitos como el secuestro, ejecución, extorsión y robo de combustible, de acuerdo a una encuesta de la organización México Unidos Contra la Delincuencia (MUCD).
Durante la presentación de la encuesta realizada por Consulta Mitofsky, el consejero de MUCD, Juan Francisco Torres LandA señaló que, a pesar de que la mitad de la población percibe mayor frecuencia de vigilancia policiaca en su localidad, esto no crea una sensación de mayor seguridad.
Para él, la política “cortoplacista”, además de “los intereses electorales, la corrupción y la impunidad” frenan medidas eficientes contra la violencia que, en su opinión, ya escaló de forma alarmante.
Tal situación “ha venido pasando con los grupos delictivos y con base en nuestras encuestas, desde hace 10 años. Cuando arrancó este proceso, había seis o siete cárteles que de alguna manera se dividían el control del país”, dijo.
“Hoy están contabilizados 400. Hay 400 grupos delincuenciales que operan en el país. Esto es parte de la fragmentación, de haber quitado las grandes cabezas, que lo único que crea es la dispersión de intereses y hasta pugnas por lograr mejores atributos en los distintos ámbitos geográficos”, afirmó.
Torres Landa señaló que no debe sorprendernos que los niveles de violencia crezcan y el control de esas bandas se vuelva más compleja.
Aseguró que en esta última encuesta los estados con mayores índices de violencia, y por consiguiente percepción de inseguridad, son: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Estado de México, Tabasco, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Guanajuato.
Además, afirmó que las tendencias delictivas al alza, la alta percepción de inseguridad y los efectos de impunidad son cada vez más evidentes en los costos, al no contar con cuerpos policiales preparados y carecer de un plan para regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles.
A este escenario, agregó otros puntos: la inconclusa y adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio, intereses políticos que buscan obstaculizar la creación de una fiscalía independiente y la ausencia de políticas de vanguardia, como la despenalización de las drogas.
“La falta de profesionalización y eficacia de los cuerpos policiacos se ha vuelto un cuello de botella para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. La policía como primer respondiente y su coordinación con los ministerios públicos hace que sus deficiencias afecten a todo el sistema”, arrojó la encuesta.
Con información de Proceso y MUCD