El 30 agosto fueron reprimidos por el gobierno de Javier Corral, pobladores de Guazapares, Chihuahua que protestaban por incumplimiento de acuerdos de minera Coeur
Regeneración, 6 de septiembre de 2018. Ejidatarios de Guazapares, Chihuahua fueron torturados tras represión ordenada por el gobierno de Javier Corral el 30 de agosto del presente año. Los ejidatarios exigen el cumplimiento de acuerdos firmados por la minera canadiense Coeur Mexicana con pobladores de la sierra Tarahumara.
En México y en Latinoamérica las mineras canadienses ya están acostumbradas a tener una actuación ilegal y de incumplimiento de contratos o convenios, entre muchas otras violaciones a las leyes y a los derechos humanos, porque se saben protegidas por las estructuras de gobierno, denunció la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema)
La red señaló que dichos incumplimientos ocurren «a tal grado que, aun en comunidades quienes erróneamente o con engaños han aceptado el ingreso de una empresa minera a su territorio, son reprimidas cuando éstas reclaman sus ilegalidades».
Explicaron que la minera Coeur Mexicana SA de CV, de capital canadiense, firmó un contrato con los ejidatarios para la explotación de la mina de plata en el municipio de Guazapares, ubicado en la Sierra Tarahumara, que se caracteriza por ser la región más importante en producción de plata del estado norteño de Chihuahua.
«Sin embargo, el incumplimiento del contrato por parte de la empresa canadiense, que es un común denominador de estas empresas, provocó que los ejidatarios exigieran justicia», indicaron.
Represión contra pobladores y tortura contra José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González a mano de la policía de Javier Corral
En los hechos, desde el 20 de agosto los ejidatarios iniciaron su manifestación y plantón en el camino que da acceso a la mina, pero fue disuelta el 30 de agosto con el apoyo de 130 elementos de la Fiscalía General de Chihuahua, quienes llegaron disparando al aire para intimidarlos, sin identificarse y sin presentar órdenes de aprehensión, detuvieron a dos ejidatarios, José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González.
La Juez de Control de Distrito Morelos, María Cristina del Rosario Berjes Cardoso, mando liberar al comisario ejidal de Palmarejo del municipio de Guazapares y a un ejidatario del lugar, quienes fueron detenidos sin orden de aprensión con abuso de autoridad y uso desmedido de la fuerza pública, por parte de elementos de la Fiscalía General de Chihuahua.
En la causa penal 2888/2018 no se ratificó la detención efectuada a José Luis Lozano Mosqueda Y Bonifacio Ismael Vargas Gónzalez, por el delito de ataque a las vías de comunicación y a los medios de transporte, cometido en perjuicio de la moral Coeur Mexicana Sociedad Anónima de Capital Variable.
De igual manera se dio vista al ministerio público federal y local por los delitos de tortura y privación ilegal de la libertad, delitos que probablemente cometieron los agentes captores del grupo elite de proyectos especiales de la fiscalía, así como diverso ministerio público.
Además, giró oficio dando parte a la comisión estatal de derechos humanos para que por su cuenta investigue las probables violaciones de derechos humanos a los ejidatarios ilegalmente detenido y sustraídos de su lugar de origen y trabajo.
Las protestas de la Red de Afectados por la Minería (Rema)
REMA detalló por medio de un comunicado a la opinión pública que esta situación es reiterativa por parte de las empresas mineras canadienses, aunque no sólo estas, tanto en otras partes del país como en Latinoamérica, en donde incumplen muchas de las cláusulas de los convenios firmados, desde aspectos tan fundamentales como negarse a la contratación de mano de obra, no pagar derechos de paso, no realizar las obras sociales prometidas a las comunidades y otras serie de circunstancias que al final se traduce en la extracción del mineral y la devastación territorial, de la salud y comunitaria.
«También incumplen resoluciones judiciales, violan normativas ambientales y prácticamente hacen inexistentes los derechos humanos de los pobladores locales y trabajadores, a quienes reprime e incluso asesina cuando se atreven a reclamar sus derechos», precisaron.
Pusieron como ejemplo lo «sucedido ya en Guerrero con la empresa Torex Gold o en Chiapas con la Blackfire o en Oaxaca con la Fortuna Silver Mines, todas de capital canadiense».
Declararon que la actividad minera está lejos de ser parte del progreso y desarrollo, toda vez que se ha vuelto la práctica que mayores asimetrías genera; destruye totalmente los bienes naturales y por ende el territorio de los pueblos a los que deja devastados con irreversibles daños a la salud y al ambiente.
Agregaron que las mineras capitalizan «el despojo tan pronto como les es posible, llegan a efectuar el desplazamiento a toda costa».
A las empresas y sus dueños, no les interesa si un pueblo se opone y resiste o por el contrario firma un convenio, pues en ambos casos habrá persecuciones, represión, criminalización y/o asesinatos; puntualizó la Red.
«Es tan rapaz y tan impune el actuar de las empresas mineras y del mismo gobierno que violentan y violan todo el Estado de Derecho en su conjunto», sentenciaron.
Reconocemos, expresaron, » que se trata de una batalla en donde el Estado actúa casi siempre del lado de las empresas y bajo los escudos justificativos de la modernidad, el progreso y el desarrollo, buscando de esa forma legitimar sus ilegitimas ganancias generadas por el saqueo de los pueblos».
Este caso que ahora sufren los ejidatarios del municipio de Guazapares, debe ser un serio llamado de atención y de alerta, para que las comunidades y ejidos de todo el país, eviten ser engañados y desechen cualquier relación con aquella empresa minera que ronde su territorio; acotaron los ambientalistas.
«En contrasentido, los invitamos a organizarse para decretar el Territorio Libre de Minería», reiteraron en su texto.
Indicaron que «es posible luchar y resistirse en contra este Modelo Extractivo que viola los derechos humanos y devasta territorios tal como sucede y se ha demostrado en varios estados del país».
REMA se solidariza con las y los ejidatarios de Guazapares «quienes a pesar de lo ocurrido se mantienen resistiendo y sostendrán el bloqueo, el cual han anunciado que ahora será total».
Responsabilizamos a la empresa minera canadiense y al gobierno de Chihuahua por la seguridad de los ejidatarios y la integridad de José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González; denunciaron los ambientalistas que luchan por territorios libres del modelo extractivo minero.