Origen y desarrollo de las campañas anti-AMLO: del Paraje San Juan a la pandemia (Segunda parte)

José René Rivas Ontiveros*

Seis meses después de la primera gran embestida en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), jefe de Gobierno del Distrito Federal, en marzo de 2004, las fuerzas anti-AMLO escenificaron el célebre caso de los “videoescándalos”, en el que a través de los medios, particularmente Televisa, se dieron a conocer tres grabaciones realizadas por un intrépido y vivaz empresario de origen argentino, Carlos Ahumada Kurtz, entonces pareja sentimental de la señora Rosario Robles Berlanga, presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Estas grabaciones le habían sido vendidas en varios millones de pesos a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Cevallos, quienes eran los verdaderos autores de la nueva embestida.

En las grabaciones que dolosamente había realizado Ahumada, se exhibían actos de supuesta corrupción de Gustavo Ponce Meléndez, secretario de Finanzas del gobierno capitalino; René Bejarano Martínez, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y Carlos Imaz Gispert, delegado de Tlalpan.

Y aunque AMLO se deslindó de inmediato de dichas personas, por ser totalmente ajeno a las actividades que ellos habían realizado, el objetivo de difundir masivamente los ponzoñosos videos no era tanto castigar a los infractores de los supuestos delitos —ya que desde el punto de vista jurídico estas acciones no podían ser tipificadas como tales—, sino el de asociar a toda costa al jefe de Gobierno con los autores de estas conductas, a todas luces antiéticas y no propias de un gobierno de izquierda que en todo momento propalaba conducirse con honestidad.

Empero, al igual que en el caso del Paraje San Juan, este nuevo escándalo de las fuerzas anti-AMLO en contra del gobernante capitalino también fracasó, ya que lejos de debilitarlo políticamente, como se pretendía, el gobernante salió todavía más fortalecido y con más puntos a su favor en las encuestas.

Por eso, en mayo de 2004, pero entonces desde la propia Presidencia de la República, se determinó promover una nueva acción anti-AMLO, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) dependiente directamente de Vicente Fox le solicitó a la Cámara de Diputados el comienzo de un juicio de desafuero del gobernante capitalino, por su presunta responsabilidad en el abuso de autoridad por no dar cumplimiento a una suspensión definitiva en la que se le ordenó detener los trabajos en un predio llamado “El Encino”, propiedad de la Promotora Internacional de Santa Fe, para la construcción de un camino que conducía a un hospital privado.

Casi un año después de aquella solicitud, el 7 de abril de 2005, por un total de 360 votos de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como 127 votos en contra de los diputados del PRD, del Partido del Trabajo y de Convergencia (actualmente Movimiento Ciudadano), más los de dos priistas (Pedro Ávila Nevares y Roberto Campa Cifrián) y el de una panista (Tatiana Clouthier Carrillo), la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, dejó sin fuero constitucional al jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador y, con ello, la abierta posibilidad de ser aprehendido y juzgado penalmente por desacato.

Un día después del desafuero, desde la ciudad de Roma, Italia, en donde Vicente Fox Quesada, el autodenominado “presidente del cambio (democrático)” se encontraba de viaje, con la trivialidad y el cinismo que siempre lo han caracterizado hasta la fecha, declaró que “con el desafuero México dio un ejemplo al mundo”, aunque el señor nunca se detuvo a explicar en qué consistía este ejemplo.

Para acabar de cumplir con su objetivo, dos semanas después del desafuero, la PGR, a cargo del general Rafael Macedo de la Concha, le solicitó formalmente a un juzgado penal el inicio del respectivo juicio en contra de AMLO, con lo cual se buscaba que el gobernante, ya formalmente desaforado, quedara fuera de las boletas de la contienda electoral de 2006.

Esta, y no otra, era la verdadera preocupación de las fuerzas anti-AMLO ante la eminente posibilidad real de que López Obrador ganara en las urnas la Presidencia de la República.

*Doctor en Ciencia Política. Profesor e investigador de carrera en la UNAM. Miembro del SNI.

José René Rivas Ontiveros*

Desde los albores del presente siglo y hasta este preciso momento, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido, sin lugar a dudas, la figura pública nacional, no solamente más mencionada, sino también la más atacada a través de sistemáticas campañas de difamación, mentiras e insultos por parte de grupos de interés y partidos políticos a los que nos referiremos después (en la sexta y séptima partes de esta serie).

Sin embargo, es importante recordar que dichas campañas han tenido cierta similitud con las que ya en su respectivo momento se han instrumentado en contra de otras emblemáticas figuras de la historia nacional, como fueron los casos de Miguel Hidalgo y José María Morelos, en la guerra de Independencia; Benito Juárez durante la Reforma, la Guerra de los Tres años, el Segundo Imperio y la Intervención Francesa; Francisco I. Madero, Francisco Villa y Emiliano Zapata en la Revolución mexicana; Lázaro Cárdenas a lo largo de todo su sexenio y aún después; Javier Barros Sierra, rector de la UNAM, durante el 68 mexicano, y Cuauhtémoc Cárdenas a partir de haber criticado y abandonado las filas del entonces partido de Estado.

Por su parte, en el caso específico de AMLO, las mencionadas campañas se empezaron a promover una vez que ya como jefe de Gobierno de la capital mexicana continuó con sus críticas al modelo neoliberal y en favor de impulsar una serie de políticas públicas significativamente favorables para los sectores populares de la entidad, mismas que sus adversarios calificaron como populistas. Igualmente, les causó mucha preocupación el hecho de que el “gobernante” comenzara a aparecer en diferentes encuestas como el mejor posicionado para suceder a Vicente Fox en la Presidencia de la República en el año 2006.

Todo esto comenzó a observarse al mismo tiempo en que Vicente Fox Quesada, el autodenominado “presidente del cambio”, mantenía la clara intención de que la históricamente disputada silla presidencial, que ahora él estaba ocupando, muy bien se la podía heredar a su ambiciosa y audaz esposa, la señora Martha Sahagún Jiménez, quien desde el principio del sexenio, y aun sin ningún nombramiento formal, fungía de facto como una verdadera vicepresidenta de la República, puesto que había estado cogobernando el país conjuntamente con Fox.

En efecto, los esposos conformaban entonces lo que en el argot político de la época se denominó con el pomposo nombre de “la pareja presidencial”. Se trataba de una copia, aunque demasiado desactualizada de la que ya, 135 años antes, fue “la pareja imperial”, que durante el Segundo Imperio mexicano conformaron los príncipes extranjeros Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica, luego de ser invitados a gobernar nuestro país por la entonces llamada “Junta de Notables”, que no eran otros más que los antecesores ideológicos de los actuales detractores de AMLO, los cuales siempre se resistieron a aceptar que México fuese gobernado por un indio como lo era el presidente Benito Juárez.

Por eso, Vicente Fox y los poderes fácticos que siempre le aplaudían y difundían todas sus ocurrencias y trivialidades determinaron empezar a actuar en contra de AMLO. Así, la primera acción con la que se intentó desestabilizar al gobierno local tuvo lugar en octubre de 2003, cuando un desconocido sujeto, Enrique Arcipreste, demandó al gobierno por el pago de 1,810 millones de pesos por un terreno de su supuesta propiedad, ubicado en el denominado Paraje San Juan. Empero, luego de varios meses de llevarse a cabo una intensa campaña mediática en contra del gobernante por haberse negado a realizar el pago, la Secretaría de la Reforma Agraria dio a conocer que el terreno reclamado por el particular era propiedad de la nación. Fue la primera gran derrota de las fuerzas anti-AMLO.

No obstante, esta solo fue una pequeña muestra de lo que vendría más tarde, puesto que, casi inmediatamente después del fracasado golpe mediático, las fuerzas anti-AMLO continuaron con su campaña de ataques y mentiras en contra del ahora presidente de la República, apoyadas siempre por los directores y dueños de la inmensa mayoría de los medios de comunicación masiva, así como por una larga lista de columnistas y comentaristas o, mejor dicho, auténticos mercenarios diseminados en casi todos los medios y siempre al servicio del mejor postor.

El objetivo desde aquel entonces y hasta la fecha ha sido exactamente el mismo: deslegitimar, difamar, insultar y arruinar a AMLO. Así de ruines, perversos, mezquinos e infames son y han sido siempre este tipo de grupos en su desesperado afán de preservar sus intereses y privilegios que han tenido toda la vida.

*Doctor en Ciencia Política. Profesor e investigador de carrera en la UNAM. Miembro del SNI.