Jesús Ramírez Cuevas adelantó que con la publicidad oficial en el gobierno de López Obrador se fomentará la pluralidad mediática, la transparencia y la equidad en el reparto publicitario.
Regeneración, 27 de julio de 2018. El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reduccirá 50 por ciento la publicidad oficial y la concentración de las oficinas de prensa en la Presidencia. El recorte de presupuesto se hará bajo criterios equitativos y de pluralidad.
Todos los programas y estructuras como las de prensa, las oficinas de publicaciones, defensorías jurídicas, oficinas de compras, contralorías internas y delegaciones se centralizarán en una sola coordinación.
RENOVACIÓN DE LA RELACIÓN PRENSA-GOBIERNO
El periodista, escritor, documentalista y vocero de la coalición Juntos Haremos Historia durante la campaña presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, explicó al comunicador Luis Guillermo Hernández que hay otros planteamientos que forman parte de esas discusiones, como el fomento de la pluralidad mediática, la transparencia y equidad en el reparto publicitario y un elemento potencialmente controversial: la fiscalización ciudadana de los recursos públicos que son entregados a los medios.
Agregó que lo que se plantea es una renovación medular de los usos y costumbres de la relación prensa-gobierno.
Jesús Ramírez detalló que un equipo de trabajo ya se encuentra realizando el diagnóstico sobre la discrecionalidad del pago publicitario gubernamental a medios y a periodistas en particular y que la lógica es la austeridad.
“Sí, lo primero que se va a acabar es la discrecionalidad del manejo de los recursos. El otro principio es la consideración de incluir no solo a los grandes medios, sino a los medios comunitarios y regionales, que entrarán también dentro de esta relación. Se va a atender a todos los medios, estamos hablando de prensa, radio, televisión, medios digitales, incluidos los comunitarios y sociales”, destacó el periodista.
SE ROMPERÁ EL CENTRALISMO Y HABRÁ UNA NUEVA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
“Los criterios genéricos son alcance, audiencia, raiting, importancia regional y el publico al que se dirigen… puede ser que hay un medio regional que, aparentemente, a nivel nacional no tenga un peso grande, pero a nivel regional sea un medio importante… ese tipo de criterios… se va a romper el centralismo, se va a romper la idea de que sólo algunos medios electrónicos o medios llamados nacionales se benefician de la publicidad gubernamental”, refirió Jesús Ramírez.
El Tribunal Electoral del PJF consideró que el PRI difundió promocional con «contenido calumnioso»
Ciudadanos en Red
Regeneración, 27 de julio de 2018. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 120 mil 900 pesos.
Lo anterior, por difundir un promocional con «contenido calumnioso» en contra de Nestora Salgado, entonces candidata al Senado de la República.
De acuerdo con la agencia de noticias estatal Notimex, Morena y la ahora senadora electa de la coalición Juntos Haremos Historia denunciaron al tricolor y a su entonces candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, por la difusión del promocional de radio y televisión denominado Delincuentes.
Ello porque, en su opinión, se le calumniaba al relacionar a Nestora Salgado con la comisión del delito de secuestro, lo cual podría incumplir con la ley.
Del análisis de las pruebas se resolvió que no hay responsabilidad por parte de Meade, porque no fue quien confeccionó el spot.
Sin embargo, el pleno de la Sala Especializada determinó, por mayoría, que el PRI es responsable del promocional y de afectar la imagen de Nestora Salgado, porque se le imputó un delito de manera directa y explicita, así como un hecho falso.
Lo anterior porque, de las causas penales que se instruyeron en su contra, se puede advertir que fueron resueltas a su favor por falta de elementos, pues la difusión de dicha información pudo confundir a la ciudadanía, por lo que le impuso al partido una multa de 120 mil 900 pesos.
Es la segunda multa para el PRI por el mismo caso
La multa impuesta al tricolor el día de hoy se suma a la que recibió por parte de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En la primera ocasión, el spot sancionado fue el denominado Delincuentes V2.
Como informamos en Regeneración el pasado 12 de julio, el TEPJF fijó una multa de 322 mil 400 pesos contra el partido.
“Se determinó que, en el spot, el partido atribuyó de forma implícita el delito de secuestro a la ahora candidata electa al Senado y el hecho falso de que fue liberada por fallas en la policía, pese a que tenía acceso a los documentos oficiales para verificar la información y evitar confundir a la ciudadanía”, indicó la sala.
El promocional “Delicuentes V2”, fue denunciado por Morena ya que desprestigiaba la imagen de la hoy senadora electa. Sin duda alguna, el objetivo del video era hacer creer a la población que Nestora era una secuestradora y que ahora los delincuentes nos iban a gobernar.
A pesar de que “la verdad jurídica es que no cometió ese delito pues no existe resolución de autoridad judicial que le acredite haber incurrido” en el delito, el PRI insistió en la difamación de Salgado.
La estrategia de arrebatar votos a toda costa a López Obrador resultó un fracaso. Además, la coalición Todos por México trató de hacer creer que la ex comandante de la policía comunitaria sigue libre por una falla en la policía, y que tenía vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, la desgastada estrategia de la guerra sucia sólo hizo que les saliera ‘el tiro por la culata’.
Nestora en diversas ocasiones solicitó a José Antonio Meade que se retractara de sus dichos, pero éste se negó y se excusó que él estaba de “el lado de las víctimas y de la legalidad”.
Cabe señalar que, desde el 25 de mayo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al partido cancelar la transmisión del spot en cuestión, como lo informamos por este medio.
En aquella ocasión, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE avaló medidas cautelares contra el PRI y su candidato a la Presidencia, José Antonio Meade, por el spot en el que llama secuestradora a Nestora Salgado, en aquel entonces candidata de Morena al Senado de la República.
En sesión extraordinaria, la consejera Adriana Favela señaló que la expresión hecha por el abanderado tricolor puede tener algún “tipo de explicación” por el calor de la discusión del segundo debate; sin embargo, el haber tomado dicho fragmento y ponerlo en pauta es calumnioso.
A los pocos segundos de probar bocado, en una escena totalmente conmovedora, el gato comenzó a llorar.
Regeneración, 27 de julio de 2018.- En redes sociales circula un video en donde se cuenta la historia de un gato que, al parecer, sin razón aparente, fue abandonado en la calle por la familia que eran sus dueños.
Días después, una mujer se encontró con el pequeño gato, el cual se encontraba viviendo debajo de un poste. Aunque en un principio intentó acercarse a este, el animal no se dejaba agarrar, así que decidió llamar a una organización que se dedica a rescatar animales para ver si podían ayudarle.
Los rescatistas atendieron el llamado de esta mujer, quien les contó que lo había visto solo en la calle desde hace tres semanas, padeciendo todo tipo de climas, frío, calor y lluvia y, además, parece ser que nadie lo alimentó durante todo ese tiempo.
Así que de inmediato, le ofrecieron un gran plato de comida. A los pocos segundos de probar bocado, en una escena totalmente conmovedora, el gato comenzó a llorar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, las cuales salieron por sus ojos y recorrieron toda su cara; además maulló, como si esto fuera señal de mucho dolor o agradecimiento.
El gato fue llevado a un veterinario, el cual confirmó que el gatito había pasado 3 semanas sin probar alimento. Por fortuna la historia tuvo un final feliz, pues el felino se encuentra totalmente recuperado y fue adoptado por otra familia que ahora lo llena de cuidados y amor.
Ha destacado en Chiapas por oponerse a privatizaciones y por su defensa del agua. Exigen su liberación inmediata
La Jornada
Regeneración, 27 de julio de 2018.- Policías estatales detuvieron a Leandro García López, dirigente del Frente Regional contra las privatizaciones, Región Sierra de Chiapas.
Esa organización pertenece a su vez al Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas (Fosich).
Sus representantes informaron que el dirigente fue detenido el pasado 18 de julio frente a las oficinas de la agencia del Ministerio Público, situadas en Motozintla, en la sierra del estado.
Elizabeth Hernández Pereira, una de los representantes del Fosich dijo que se le acusa de robo con violencia agravada y lesiones, por lo que fue internado en el penal de Tapachula, Chiapas.
“Después de la detención, nos hicieron depositar una fianza de 19 mil 911 pesos, pero luego nos informaron que era sólo por el delito de lesiones, y que el delito de robo con violencia según un expediente penal de 2010, no alcanza fianza.”
Añadió que:
“Con el pretexto de que los jueces están de vacaciones, la responsable del juzgado argumenta que sigue el proceso; estamos seguros de que los delitos que se le imputan a Leandro son fabricados, sin consistencia jurídica, por lo que exigimos su liberación inmediata”.
Aseguró que el dirigente, de 64 años de edad, fue detenido sin que los policías presentaran la orden de aprehensión correspondiente.
“Su lucha histórica por la defensa del agua, del territorio y de los derechos humanos, ha sido ardua”, expresó.
“Es un dirigente que promueve la lucha social, defiende los derechos de los pueblos y por eso lo agreden políticamente”, sostuvo.
René Rodríguez Hidalgo, otro de los dirigentes, manifestó que Leandro “se opone a las privatizaciones y junto con el magisterio se ha destacado en la lucha por la defensa de la educación pública; ha abanderado las causas de izquierda”.
Afirmó que en Motozintla, donde radica, “existe un conflicto poselectoral y consideramos que quienes han ordenado su detención es para evitar que sea factor de convocatoria para oponerse a una imposición”.
En Oaxaca asesinan a defensor de tierras comunitarias
Como informamos en Regeneración, el domingo pasado la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, así como la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón denunciaron el asesinato de uno de sus integrantes, Rolando Crispín López.
Crispín López se desempeñaba desde hace cinco años como policía comunitario de dicha población que pertenece al municipio de Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca.
Las y los firmantes del comunicado narran que el domingo 22 de julio a las 8 de la mañana, una vez concluido su turno laboral como guardia comunitario en agencia municipal, Crispín López se dirigió a una tienda ubicada en la calle Benito Juárez para realizar unas compras.
“Casi de inmediato, en un moto taxi rojo llegó un sujeto encapuchado quien, de manera artera y cobarde, disparó en repetidas ocasiones sobre nuestro compañero, asesinándolo e hiriendo a una niña de 8 años, quien caminaba por la calle.”
De acuerdo a lo señalado por testigos, el delincuente corrió nuevamente hacia el moto taxi rojo, “quedando el cuerpo de nuestro compañero en la acera de la calle”.
De acuerdo con las organizaciones denunciantes, varios vecinos pudieron identificar al sujeto, que presuntamente responde al nombre de Alejandro Matus Chávez, alias “Escarda”, conocido por ser policía municipal activo adscrito al Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza.
Las organizaciones denuncian que, desde 2012, la comunidad de Álvaro Obregón se encuentra en lucha defendiendo su territorio en contra de la empresa eólica Mareña Renovables, hoy llamada Eólica del Sur, de capital español.
En 2013 se constituyó la Policía Comunitaria de Álvaro Obregón, con el objetivo de cuidar su territorio y defenderse de las agresiones que, de acuerdo con las organizaciones denunciantes, proceden de autoridades y de la misma empresa.
A partir de entonces, la Policía Comunitaria ha sido blanco de diversos ataques.
Lo que se encuentra en disputa es la ocupación de la Barra Santa Teresa para desarrollar el proyecto eólico por parte de la empresa, despojando así de su territorio a quienes lo defienden.
Los denunciantes responsabilizan a los tres órdenes de gobierno por la violencia que “están promoviendo en las comunidades para despojar a los pueblos indígenas de su territorio”.
Consideran que tanto el gobierno estatal como el federal son incapaces de dar seguridad a las personas defensoras de derechos humanos.
El caso en tribunales
En enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de un amparo que las comunidades de la zona interpusieron contra la instalación del parque eólico.
En aquella ocasión, el máximo tribunal consideró que no había existido una consulta con las comunidades dueñas de los terrenos, según lo marcan sus usos y costumbres y las convenciones internacionales.
El proyecto pretende instalar el parque eólico más grande de América Latina en El Espinal y en Juchitán de Zaragoza.
Consta de 132 torres de 125 metros de altura cada una, aunque habitantes de la región que conforma distintas comunidades, han acudido a distintas instancias legales con la ayuda de organizaciones de la sociedad civil.
La situación permanece en conflicto, puesto que la empresa insiste en colocar la infraestructura en contra de la opinión de las comunidades de la zona en Oaxaca de Juárez.
Son perseguidas y encarceladas por el Estado, a pesar de que la ley permite defenderse de amenazas contra su vida
Michoacán 3.0
Regeneración, 27 de julio de 2018. Juzgadores e impartidores de justicia carecen de una formación con perspectiva de género, y una de las consecuencias de lo esto es la doble victimización que padecen las mujeres que han tenido que defender sus vidas de sus agresores.
La legítima defensa se encuentra reconocida en el Código Penal Federal mexicano.
Pese a ello, las mujeres que han vivido violencia familiar, principalmente a manos de sus parejas o exparejas, no sólo no son defendidas por el Estado.
Por el contrario: son perseguidas y criminalizadas.
A continuación presentamos el reportaje elaborado por Enrique Pérez de la Rosa, reportero de la agencia informativa Cimacnoticias, enviado al estado de Chihuahua.
¿Culpables por matar a su agresor para sobrevivir?
A pesar de estar casi a 20 kilómetros del centro de Chihuahua (media hora), la carretera que pasa frente al Cereso Estatal No. 1 se llena con gente que viene a visitar sus familiares que se encuentran en reclusión.
Viejos camiones azules pasan cada 15 minutos y dejan en el portón principal del Cereso a madres, padres, hijos y parejas de quienes están aquí. Dos guardias portando rifles automáticos les reciben con los buenos días.
Es sábado, y en el Cereso femenil, familiares y grupos religiosos se forman en línea para que la ropa y comida que traen para las mujeres que aquí se encuentran sea inspeccionada.
Después de que una guardia revisa cada prenda y casi cada bocado, fotografía a las y los visitantes para tener un registro de quién entra y quién sale.
Pero a Clara no la visita nadie. Su familia, su madre y sus dos hijas viven en Hermosillo, Sonora, a unos 700 kilómetros al oeste por carretera. No tienen los recursos para hacer el viaje de más de 12 horas en camión. Sólo mantienen contacto por teléfono.
Clara, como miles de mujeres en México, se defendió de un hombre que amenazaba con matarla a golpes; por ello sobrevivió al feminicidio.
Pero ella y las demás mujeres que se defienden de un agresor se enfrentan a un sistema jurídico que las criminaliza. Terminan perseguidas legalmente y encarceladas a pesar de que el Código Penal Federal claramente les permite defenderse contra amenazas contra su propia vida.
El estado de Chihuahua, al norte de México, no es la excepción. Tras la ausencia de las autoridades para dar justicia a las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en derechos humanos asumen la defensa de estas mujeres, pero la atención que requieren es integral pues a la falta de acceso a la justicia, se suman los traumas y los sentimientos de culpabilidad, incluso después de ser liberadas.
En Chihuahua, el vacío de justicia lo ha llenado el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), que desde el 2006 representa y contribuye al acceso a la justicia de niñas y mujeres que viven violencia de género en la región.
Además de servicios legales, psicólogos que trabajan en conjunto con el CEDEHM dan terapia para mujeres, que como Clara, sobreviven a la violencia.
Tras las rejas, la soledad
Clara viste de gris de pies a cabeza el uniforme del Cereso femenil de Chihuahua. Su cabello luce un moño pero algunos cabellos rebeldes caen sobre su cara. Hace un año y dos meses que ingresó al lugar.
Aunque no esté esposada, camina con sus manos detrás de su espalda. En el trayecto de su celda a una sala de conferencias donde será entrevistada por Cimacnoticias, bromea con la custodia que la lleva.
Pese al encierro que vive, lejos de sus familiares e hijas, asegura que “aquí está más tranquila que cuando estaba con su pareja”.
“De hecho esto me ha servido como una experiencia en mi vida,” dijo Clara. “Dios sabe por qué hizo las cosas y me trajo a este lugar. Pero me he sostenido de pie porque tengo a mis hijas y mientras ellas estén bien, estoy bien yo.”
Desde el inicio de su relación con Andrés, Clara vivió violencia. Vivían con sus hijas en la casa de la mamá de Clara, en Sonora; ahí ella tenía un negocio de peluquería.
En varias ocasiones, cuando Andrés la agredía, ella llamó a la policía para que se lo llevaran, pero inmersa en el círculo de violencia, volvía con él.
Ambos se mudaron con sus hijas a Ciudad Madera, al noroeste de la capital chihuahuense, cuando Andrés encontró trabajo en una mina cercana.
Pero su situación económica era precaria porque, aunque Andrés decía que trabajaba, nunca tenía dinero.
Clara dependía del apoyo de su madre para darle de comer a sus hijas. Cansada de la violencia y de la situación económica, un día le dijo que se iría de Chihuahua con sus hijas.
Una noche del 2017, Clara le volvió a decir a Andrés que se iría con sus hijas pero al terminar la frase, él la golpeó y Clara tomó un cuchillo para defenderse. Le hizo dos heridas, una de muerte.
Salió a pedir ayuda a sus vecinos y cuando llegaron los servicios de emergencia y las autoridades, fue detenida inmediatamente.
Después de ser trasladada al Cereso en Chihuahua, Clara fue presentada ante un juez de control con defensoría pública, que consiguió testigos que afirmaron la violencia que vivía.
Pero el juez la vinculó a proceso. Según él, la defensa no fue proporcional ya que el agresor presentaba dos heridas. La legítima defensa no se reconoció en su caso.
Clara dice que ha aprendido mucho de las demás mujeres que se encuentran en el Cereso y que son como sus hermanas.
Ha aprendido a valorar la vida, su familia y ha desarrollado un amor por la lectura.
Ha encontrado una nueva devoción a Dios gracias a los menonitas y evangélicos chihuahuenses que visitan a las mujeres en reclusión.
Ella quiere salir del Cereso para estar con sus dos hijas, quienes ahora viven con su madre en Sonora.
Pero por lo menos ahí, en el Cereso, Clara siente tranquilidad y se recupera del trauma provocado por la violencia que vivía y el homicidio que tuvo que cometer para resguardar su propia vida.
El peso del patriarcado
Abogadas expertas en derechos humanos de las mujeres aseguran que aunque en efecto, mujeres como Clara hayan cometido un homicidio al matar a su agresor, el Código Penal Federal excusa el crimen, siempre y cuando lo hagan en legítima defensa.
Pero para mujeres que son acusadas de homicidio después de defenderse es difícil entender que tienen el derecho a defenderse.
Una sensación de culpa comúnmente está presente en las mujeres que por defender su vida, matan a su agresor, explicó la abogada y coordinadora del área de delitos de género en el CEDEHM, Yanimiriam Valdez Baca, quien agregó que esto puede complicar la defensa de estas mujeres ya que en procesos acelerados se declaran culpables.
Por ello, afirma que debe trabajarse cada caso a través de un acompañamiento psicosocial para las mujeres y sus familiares, no sólo porque los hechos son traumatizantes, también porque no reconocen inmediatamente que tienen el derecho a defenderse de una violación a sus derechos humanos básicos.
“Es un hecho que se dio,” dice Valdez Baca “Pero es un hecho que definitivamente ellas no querían.”
Las mujeres tendrían que saber que es su derecho defenderse cuando su vida corre peligro y eso recae en todos los involucrados en el proceso penal pero para los ministerios públicos que se enfrentan a estos casos es mucho más fácil acreditar un homicidio que trabajar para acreditar la legítima defensa.
“Es la deficiencia de la fiscalía, la visión de los jueces es tan corta que no logran verlo. La visión de los defensores públicos es tan corta que no pelean una legítima defensa. No ven que estas mujeres lo único que hicieron fue defenderse”, lamentó la abogada.
Alberto Rodríguez Cervantes es un psicólogo y terapeuta comunitario y de familias que colabora con el CEDEHM en distintos procesos, principalmente en el acompañamiento de víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, como son las mujeres que han vivido violencia de género.
Él afirma que se dedica muy poco tiempo para realizar los peritajes psicológicos y psicosociales en procedimientos legales de casos de mujeres que matan o hieren a su agresor en defensa propia.
Aseguró que estos peritajes realizados con perspectiva de género y derechos humanos podrían servir para considerar el contexto de violencia que viven estas mujeres tomando en cuenta aspectos culturales, políticos, económicos e ideológicos.
Tras la libertad, la esperanza
Después de tener que defenderse de su marido agresivo, lo cual resultó en su muerte, Azucena comenzó un proceso terapéutico en el CEDEHM con el psicólogo Rodríguez Cervantes. Poco a poco se ha recuperado de la violencia que vivió junto con sus hijas, por parte de su esposo.
En entrevista con Cimacnoticias en el patio del CEDEHM, Azucena narró que comenzó su relación con Omar M. hace 16 años.
Tuvieron 2 hijas. Recordó cómo Omar oscilaba entre la ternura y la agresión desde el principio de la relación. Por ratos era cariñoso y atento, y en otros era violento psicológica y físicamente.
Las relaciones como la de Azucena y su esposo que oscilan entre periodos agradables y de maltrato “ejerce un poder muy atrapante para la pareja,” indicó el psicólogo Rodríguez Cervantes, porque comúnmente la víctima tiene esperanza que el agresor cambie y deje de ser violento.
El 7 de octubre del 2017, en el cumpleaños de Azucena, ella, Omar y sus hijas lo celebraron en una fiesta infantil y luego un festejo familiar.
Al llegar la madrugada, Omar agredió a Azucena verbal y físicamente. Para defenderse, ella tomó un cuchillo y le pidió a Omar que no se acercara. Él la tomó de las manos y en el forcejeo, el cuchillo se enterró en el pecho de Omar.
De inmediato, Azucena pidió ayuda para su esposo e intentó darle primeros auxilios, pero Omar murió en la ambulancia camino al hospital.
Azucena fue detenida por la policía municipal y acusada de “homicidio con ventaja, traición y alevosía”. El 11 de octubre del 2017, el CEDEHM solicitó su defensa ante el tribunal. Después de estar 6 días en prisión, quedó en libertad.
Aún ahora, Azucena dice que la violencia que vivía y su acto de defensa la atormentaban.
Temía salir a la calle y la mirada de sus vecinos la incomodaba. Los oía murmurar. No sabía cómo darles la cara a sus suegros y cuñados porque sentía que les había robado a su hijo y hermano.
En su pequeña comunidad de Aldama, todos sabían lo que había pasado y como ella lo veía es que “simplemente había matado a Omar”. Se sentía culpable.
Algunos integrantes de su comunidad le ayudaron, le aseguraron que ella no era una asesina porque sólo se había defendido y le dieron le bienvenida a Aldama.
Al paso del tiempo, algunos de los hermanos de Omar se dieron cuenta de la violencia que éste ejercía contra ella y han reestablecido contacto con ella.
Sentada para la entrevista con Cimacnoticias, Azucena sonríe después de mucho tiempo de no hacerlo. A pesar del dolor que le causa recordar los hechos de esa noche, dice que lo sucedido y sus consecuencias han cambiado su forma de ver la vida.
“Hasta he cambiado mi forma de vestir. Es como que al morir él, morí yo también. Y volví a nacer como otra persona”. “Le doy gracias a Dios todos los días por darme más tiempo en este mundo. No lo voy a malgastar”, aseguró.
Alguien con quién hablar
Hace 7 años que Rosa Emma tuvo que defenderse de su agresor. El 4 de marzo del 2011, se encontraba en su hogar en Aldama, Chihuahua, con sus cuatro hijas e hijos cuando llegó un hombre drogado a su domicilio, intentando ingresar.
Rosa Emma se percató que era Jaime, su expareja, a quien temía por la violencia que ejerció contra ella a lo largo de su vida en pareja.
Y le temía por varias razones. Al inicio de la relación, contó a Cimacnoticias en entrevista en su casa en Aldama, él era muy detallista, pero cada flor y regalo llevaba comentarios posesivos.
Se enfurecía si ella se maquillaba o se ponía una falda que él consideraba muy corta. En varias ocasiones la golpeaba e incluso la había amenazado con un cuchillo. La desnudaba y la dejaba en un cerro a las orillas de Aldama. La violaba enfrente de sus hijos.
Después de esa relación, Rosa Emma ha tenido dos metas simples: no ser violentada nunca más por un hombre y darle todo lo que pueda a sus hijos. “Hasta hoy, he cumplido con las dos,” dice.
Cuando Jaime llegó drogado a la casa, ella decidió no abrirle la puerta y esconderse hasta que se fuera, pero él saltó el barandal de la propiedad e ingresó a la casa.
La golpeó ininterrumpidamente en la cara y el estómago y la sujetó del cuello intentando estrangularla. En cuestión de momentos, tomó un cuchillo para asesinarla pero ella logró zafarse y lo lesionó.
Sin saber conducir, llevó en auto al hospital a Jaime quien murió horas más tarde. Con el cadáver del atacante como evidencia, la fiscalía consideró que Rosa Emma era una asesina.
Gracias a la defensa del CEDEHM, quedó en libertad después de 27 días recluida en el Cereso femenil.
Reponerse de este evento le ha costado económica y emocionalmente. Tuvo que vender cada mueble de su casa para comprar comida y alimentar a sus 4 hijos, también vendía postres y ropa usada en la calle.
Cuando no tenía suficiente comida, se aseguraba que sus hijos comieran, aunque ella no.
Su casa se fue vaciando hasta quedarse sin muebles. Ahora, poco a poco y gracias a su esfuerzo, ha comprado nuevos.
En lo emocional, después de salir en libertad, se sometió a un proceso terapéutico por 2 años pero el trauma de haber vivido una relación violenta vuelve cuando escucha a sus vecinos discutir.
Se esconde en la esquina de su cuarto, acurrucada, hasta que los gritos cesan. A ello se suma la culpa de haberse defendido contra su expareja.
Aunque reconoce que es una “vida que debe” y “ruega a Dios que la perdone”, sabe que si no se hubiera defendido ese día, probablemente estaría muerta y sería un feminicidio más en Chihuahua.
Su agresor también había amenazado a sus hijos y probablemente estarían muertos también.
Estado ausente
En México hay miles de casos de mujeres como Rosa Emma, Azucena y Clara a quienes no se les reconoce la legítima defensa para salvaguardar su propia vida, señalaron abogadas expertas como Valdez Baca que defienden estos casos.
Los casos de legítima defensa sólo se dan a conocer si llegan al despacho de una de estas abogadas.
Es imposible saber el número exacto de mujeres en la misma situación, ya que ninguna fiscalía tiene registros o estadísticas de éstos.
De acuerdo con las organizaciones civiles dedicadas a proteger los derechos humanos de las mujeres como el CEDEHM en Chihuahua, la falta de estas cifras da una idea de un problema que es común en todo el país y en el que hasta ahora el Estado mexicano ha sido omiso y continúa sin proteger la vida de las mujeres.
Si bien existe toda una normativa en materia de derechos humanos de las mujeres que las protege, persiste en juzgadores e impartidores de justicia la idea de que quienes se defienden de una agresión deben ser severamente castigadas, sin investigar sus contextos de violencia y mucho menos aplicar las normas existentes.
Por ello, abogadas en la Ciudad de México como Alicia Elena Pérez Duarte y Karla Michel Salas Ramírez, consultadas para esta investigación, afirman que mientras no cambie esta visión en quienes procuran la justicia en nuestro país, continuarán estos casos y cada vez más mujeres encarceladas por esta causa.
«El papel de la mujer es vital en cualquier ámbito, ¡usemos los medios que nos rodean para expresar nuestro respeto a todas!», escribió la excandidata en una publicación de Instagram.
Regeneración, 27 de julio de 2018.- Ana Sofía Orellana, de 24 años, fue candidata a Diputada Local del Distrito 17 de Puebla por el Partido Nueva Alianza en las elecciones de julio. Y aunque no obtuvo los votos suficientes para llegar al Congreso, su carrera política dio un giro, pues ahora podría aparecer en una portada de la revista Playboy.
Con tan solo 24 años busca luchar contra el machismo de nuestro país, pues dice, la mujer tiene el derecho de expresarse como desee en cualquier tipo de práctica y continuar siendo autosuficiente sin importar la opinión de los demás, así como ser un ejemplo de empoderamiento femenino.
«El papel de la mujer es vital en cualquier ámbito, ¡usemos los medios que nos rodean para expresar nuestro respeto a todas!», escribió en una publicación de Instagram donde subió una foto en una camioneta de Playboy.
«Hay que aportar nuestro granito de arena para que se vayan deteniendo poco a poco los feminicidios y esto que viven a diario las mujeres. Mi intención es muy positiva, tengo planes de abrir una asociación en apoyo a mujeres jóvenes y va ligado al apoyo pro-mujer», expresó.
Su participación llamó la atención en las pasadas elecciones, al utilizar una app de citas para compartir propuestas y fotos de sus eventos en campaña. «Nunca fue tan atractiva la política… hasta que se le dio color», se leía en su perfil de Tinder.
Brayan Alberto, de 27 años; Adrián, de 38; y Rafael fueron vistos por última vez el viernes 13 en una fiesta de la Colonia Parque Industrial en NaucalpanRegeneración, 27 de julio del 2018.Los colombianos Adrián López, Rafael Muñoz y Brayan Alberto Ortegón, quienes se dedican a vender vehículos, desaparecieron el pasado 13 de julio en Naucalpan.
Sus familiares denunciaron la desaparición, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado emitió un boletín de búsqueda para dar con su paradero, sin que haya más datos.
Los jóvenes extranjeros llegaron desde mayo pasado a la Ciudad de México para mejorar su negocio, informaron sus familiares. Y la última vez que fueron vistos fue en una fiesta en la colonia Parque Industrial, Estado de México.
Ahora, a semanas de no tener noticias sobre los desaparecidos, las familias se han acercado a la prensa internacional para poder encontrarlos. Además, la Cancillería, a través del Consulado de Colombia en Ciudad de México, ya está iniciando las investigaciones y el acercamiento con las autoridades nacionales.
Según AM.com Los tres colombianos reportados como desaparecidos habrían asistido a una fiesta en la zona de Cuatro Caminos, en el municipio de Naucalpan. Sin embargo, el sitio donde se reportó la desaparición de dos de ellos fue en la colonia Providencia, de la delegación Azcapotzalco, en la Ciudad de México, señalaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Brayan Alberto Ortegón Silva, de 27 años de edad, y Rafael Muñoz Ospina, de 38 años, fueron reportados como desaparecidos desde el 13 de julio ante autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), quienes emitieron una cédula de búsqueda y localización, donde informan que viajaban en un auto tipo Spark color azul agua.
La PGJCDMX pidió la colaboración del fiscal general de justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, para la inspección de un domicilio ubicado en la zona de Cuatro Caminos, al que presuntamente asistieron los colombianos antes de desaparecer.
Sin embargo,en las cédulas de búsqueda emitidas por la PGJCDMX, sólo se menciona a dos de los tres colombianos, que presuntamente desaparecieron el pasado 13 de julio.
Este viernes se realizó la primera reunión entre las Comisiones de Enlace para el proceso de Entrega-Recepción del Gobierno de Morelos, establecieron una agenda para próximos encuentros
Regeneración, 27 de julio de 2018. Los equipos de transición del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y el gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco, se reunieron este viernes en uno de los salones del Palacio de Gobierno del estado.
En la reunión se acordó que la entrega-recepción de la administración se realizará del 1 al 19 de septiembre. Para el 10 de agosto se programó que se tratará el tema de seguridad y al último se revisarán las finanzas, de acuerdo con un comunicado del Gobierno del Estado.
El coordinador de la Comisión de Enlace del gobierno electo, José Manuel Sanz, indicó que la seguridad aún está en manos del comisionado estatal Alberto Capella Ibarra, por lo que no se puede deslindar de la prevención de hechos delictivos, además se estableció una agenda de trabajo integrada por nueve reuniones entre los dos equipos.
“Se realizó la primera reunión formal de las comisiones de entrega-recepción donde hemos llegado al acuerdo de un calendario que abarca desde el 1 de agosto al 19 de septiembre con nueve reuniones donde se van a ver las diferentes áreas del gobierno saliente y donde se hará la entrega de estas respectivas áreas a la comisión de recepción”, indicó el coordinador de la Comisión de Enlace de Cuauhtémoc Blanco.
Las reuniones serán en las siguientes fechas:
-1 de agosto 2018, Gobernabilidad, Derechos indígenas, Equidad de Género y Participación Ciudadana.
-10 de agosto, Seguridad, Procuración de Justicia, Convenios y Juicios, Atención a víctimas, Derechos Humanos, Protección Civil y Defensoría de Oficio.
-15 de agosto, Programas Sociales, Educación, Salud y Cultura, Relaciones Contractuales.
-22 de agosto, Desarrollo Económico y Agropecuario.
-29 de Agosto, Innovación, Ciencia, Tecnología y Turismo.
-5 de septiembre, Obras Públicas.
-12 de septiembre Agua, Desarrollo Sustentable, Movilidad y Transporte.
-19 de septiembre, Finanzas Públicas, Auditorías, Gobierno Digital y Administración de los Recursos.
En defensa del agua movilizaciones el 27 de julio, 11 h, en oficinas de Conagua de todo el país. Pueblos y organizaciones con 30 amparos contra privatización
Foto: Anahí C. Gómez
Regeneración, 27 de julio del 2018. Por medio de un boletín de prensa, organizaciones defensoras del agua llamaron a la 2a Jornada Nacional de Acciones por el Agua, en el que se informa que pueblos indígenas y organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos han presentado más de 30 amparos en 12 estados frente a los 10 Decretos levantando vedas firmados por EPN el 5 de junio.
En el documento se señala que «Los amparos demuestran que el levantamiento de vedas fue realizado sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos; dejan 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones bajo el principio de la actual ley de aguas: “el agua es de quien la solicita primero”
La reforma constitucional reconociendo el derecho al agua exigió reemplazar la actual ley antes de febrero 2013, con una ley que garantice el acceso equitativo y sustentable al vital líquido, precisaron.
Exigen que EPN vuelva a establecer las vedas, y proponen que el nuevo Congreso de la Unión priorice una ley de aguas que cumpla con la Constitución
Por lo anterior este 27 julio a las 11 am, en el contexto del 2º Día Nacional de Acción por el Agua, se realizarán nuevamente acciones frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en todo el país, para protestar sus abusos y negligencia en el manejo de las aguas nacionales.
«En particular, se darán informes de los más de 30 amparos presentados por los pueblos indígenas Teenek y Nahuas, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos», informaron.
Entre las lista de organizaciones que han presentado amparos contra la privatización del agua se incluyen la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Mexicano por el Derecho Ambiental (CEMDA), el Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Central Campesina Cardenista (CCC), La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Colectivo de Abogados, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Salvemos Temaca, Instituto Vida e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).
Las acciones de los grupos cuestionan «la legalidad y la constitucionalidad de los 10 Decretos de Reservas firmados por Enrique Peña Nieto el 5 junio del presente».
Los amparos se basan en uno o más de los siguientes argumentos:
El levantamiento de vedas no respetó los procedimientos legales ni técnicos para su justificación.
De esta manera se abrió un gran volumen de aguas nacionales a ser concesionadas sin respetar el principio del “acceso equitativo” establecido en la reforma constitucional del 8 febrero 2012 reconociendo el derecho humano al agua.
Se emitieron los Decretos sin respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas potencialmente afectados.
Adicionalmente, el amparo presentado en la Ciudad de México demostró que los decretos representaban una violación a los derechos de la Naturaleza, los cuales son reconocidos en esta entidad federativa.
Según el análisis del Colegio de Biólogos, los Decretos dejan a 51 billones de litros de agua expuestos a ser concesionadas por periodos de hasta 30 años, renovables, con la posibilidad de ser libremente transferidos.
Según el Registro Público de Derechos al Agua, a 25 días de la firma de los Decretos, la Conagua había otorgado más de 500 nuevas concesiones.
Analistas de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida explican que los Decretos representan un intento de “pintar de verde” el levantamiento de vedas, para así extender el mercantilismo de la actual Ley de Aguas Nacionales, en pleno desacato a la obligación constitucional de haber reemplazado dicha ley antes de febrero 2013 con una Ley General de Aguas que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable a través de la participación ciudadana junto con la de los tres niveles de gobierno.
Notan que es ingenuo pensar que la Conagua ahora sí va a respetar las reservas, cuando ha otorgado concesiones en violación de las vedas a lo largo de su existencia.
Lo que ha cambiado ahora es que las empresas trasnacionales que están entrando al país debido a la reforma energética exigen concesiones con mayor seguridad jurídica, otorgadas sin la sombra de una veda.
Las organizaciones exigen que Enrique Peña Nieto vuelva a establecer las 30 vedas canceladas y que rescate a favor de la Nación cualquier concesión o asignación que se haya otorgado en estas regiones desde la firma de los Decretos.
Hacen un llamado a los legisladores electos de lograr la pronta aprobación de una Ley General de Aguas, que ofrecería una verdadera protección del derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.
Los periodistas han sido citados a comparecer ante el Ministerio Público como testigos de hechos relacionados con investigaciones judiciales
Regeneración, 27 de julio del 2018. Un grupo de periodista de Mexicali, enviaron un documento dirigido a la opinión pública, donde rechazan que los trabajadores de los medios de comunicación sean requeridos por las autoridades judiciales para dar versión de hechos en los que estuvieron presentes en razón de su labor informativa.
«Reporteros de Mexicali manifestamos nuestra inconformidad ante las prácticas realizadas por algunos abogados, ya sean fiscales o defensores, que han decidido llamarnos a rendir declaraciones ante el Ministerio Público sobre hechos en los que estamos involucrados exclusivamente por nuestro ejercicio periodístico».
Lo anterior fue expresado por un grupo de 15 periodistas del norte de México; entre los que se encuentran Eduardo Villa de Semanario Zeta; Joaquin Manuel Gómez de Canal 66; J. Héctor Galván de La Voz de la Frontera; Jorge Heras de Lindero Norte así como Cristian Torres de Semanario Zeta, entre otros.
En su misiva los periodistas narran que el día 26 de julio, algunos compañeros de la localidad fueron requeridos a través la Fiscalía de Baja California para emitir una narrativa de los hechos ocurridos el pasado 16 de enero, en el poblado conocido como El Choropo, donde manifestantes y policías se enfrentaron en una batalla campal.
Desde nuestra trinchera consideramos que este tipo de prácticas, lejos de dar certeza jurídica, representan actos inhibitorios para el ejercicio periodístico, pues nuestra labor en las escenas del crimen o de cualquier acontecer es meramente informativo, por lo que no estamos a favor o en contra de ninguna de las partes.
Lo anterior fue indicado por los comunicadores entre los que también se encuentran Marco Vinicio Blanco de PoderMX; Rosa Ma. Méndez de MF Noticias; Armando Nieblas de RadarBC; Roberto López, de Canal 66 y Mariela Tapia de La Voz de la Frontera.
Como profesionales nos limitamos a dar a conocer lo ocurrido, pero de ninguna manera estamos de acuerdo en que se nos obligue a narrar un hecho en el que sólo somos espectadores, dijeron.
«De hecho, consideramos que es un atentado contra el ejercicio de la libre prensa, además de ser una herramienta que pretenden utilizar para facilitar su trabajo», puntualizaron.
Por este medio exhortamos a las autoridades a que respeten el ejercicio de la prensa libre y pedimos el cese de actos de presión, intimidación y que dejen de utilizarnos para armar o desacreditar evidencias, fue lo que señalaron al finalizar su documento, que también fue suscrito por Erika Gallego de La Voz de la Frontera; Alberto Plata de TV Azteca; Jorge Morán de Enlace Informativo; Israel García y Mitzi Monge de Radio Patrulla así como Antonio Heras de La Jornada y Lindero Norte.
