Académicos y académicas, señalan a candidatos necesidad de poner al centro de la agenda política los problemas socio ambientales

Regeneración, 13 de junio del 2018. El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones elaboró un documento relacionado a las problemáticas socio ambientales de México; el cual resumieron en 53 puntos. Señalan que es indispensable dar centralidad en la agenda política del país a la problemática socioambiental.

Señalan que piden unos compromisos mínimos de los candidatos “para que la transición política de este 2018 tenga un impacto real y positivo en la política ambiental, en el estado de los ecosistemas y en la calidad ambiental de la vida de la gente”

Se trata de 10 temas, 53 propuestas para candidatos comprometidos con el medio ambiente.

Entre las razones que señalan para emitir esta propuesta indican, la pérdida de los ecosistemas y la biodiversidad, la creciente ilegalidad en el aprovechamiento forestal, por la falta de acceso al agua de calidad, los problemas de movilidad, contaminación y vulnerabilidad de las ciudades.

Otras de las razones que detallan son la erosión de los suelos y la pérdida de seguridad alimentaria, la falta de inversión en energías renovables, el agotamiento de los hidrocarburos convencionales, así como el agotamiento de las pesquerías y la destrucción de manglares.

Los asuntos anteriores fueron señalados como “problemas todos prioritarios e impostergables».

Los 10 temas señalados son política ambiental, el agua, biodiversidad, bosques, ciudades, costas y mares, energía, minería, agotamiento de suelos y derecho al medio ambiente.

1. Política ambiental

En el primer tema, la política ambiental señalan la necesidad de dar a los problemas socio-ambientales del país un carácter central en la agenda pública. Promover la participación ciudadana, informada y vinculante en la gestión de las políticas públicas relacionadas con bienes y servicios ambientales.

Otro aspecto que subrayan dentro de la política ambiental es “promover la generación de información pertinente, confiable, transparente y accesible sobre las condiciones de los ecosistemas y recursos naturales, los impactos socio-ambientales de los procesos productivos, mega-proyectos y políticas públicas”.

Así mismo plantean la necesidad de promover la transversalidad efectiva en la gestión de temas y problemas ambientales en las distintas áreas y escalas de la política pública e impulsar “la justicia ambiental, es decir la distribución equitativa de impactos y beneficios ambientales como eje de la política pública”.

2.Agua

Con relación al agua, indicaron la necesidad de “rediseñar la Comisión Nacional del Agua, fortaleciendo sus instancias de participación y sus capacidades de planeación, inspección y sanción, y readecuar el sistema de concesión de aguas nacionales, en el marco de una nueva Ley general de aguas que garantice el cumplimiento de los art. 1, 2 y 4 de la Constitución”.

Las y los académicos piden “priorizar en la asignación de recursos y en la agenda gubernamental, en particular a nivel municipal, el rezago de la cobertura de suministro de agua y de tratamiento de aguas residuales en zonas rurales y urbanas, incorporando la participación ciudadana”.

Subrayan la necesidad de atender las observaciones sobre mega obras hidráulicas de la Auditoría Superior de la Federación.

En este rubro indican la importancia de “avanzar hacia la gestión sustentable e integral de las aguas subterráneas, en particular de acuíferos sobreexplotados así como suspender los lineamientos de autorización del uso de aguas nacionales para la fractura hidráulica”.

3. Biodiversidad

Piden “prohibir la minería y los grandes desarrollos turísticos en Áreas Naturales Protegidas y en áreas de alto valor biológico o ambiental, sin importar si tienen o no un decreto de protección”.

Así mismo detallan que es necesario “conservar los procesos esenciales para la preservación del patrimonio natural, como la polinización, con medidas como la prohibición del uso de insecticidas neonicotinoides y otros tóxicos, que afectan a los polinizadores de cultivos, vulnerando la salud y seguridad la alimentaria”.

Piden “implementar políticas específicas de protección de la agro-biodiversidad, incluyendo la diversidad genética, con base en el Protocolo de Nagoya y en el principio precautorio”.

“Fortalecer las políticas de sustentabilidad y conservación en áreas rurales fuera de las ANP, a través de: áreas dedicadas voluntariamente a la conservación y los paisajes bio-culturales, basados en usos de bajo impacto de los recursos naturales”, así como “crear espacios de participación social para la gestión de Áreas Naturales Protegidas”.

Para finalizar el rubro de biodiversidad puntualizan la necesidad de “planear el desarrollo a escala regional, con la perspectiva de mantener la conectividad del paisaje y la funcionalidad de los ecosistemas”.

4-Bosques

Los ambientalistas piden establecer, en el Plan Nacional de Desarrollo y en toda la política pública derivada del mismo:

El manejo forestal comunitario como eje y prioridad para el desarrollo y la conservación de las regiones forestales, considerando el respeto de los derechos, la participación de los dueños de los bosques, los jóvenes y mujeres, así como el aliento a iniciativas de generación local de valor.

Indicaron además la necesidad de una “gestión territorial descentralizada, basada en el desarrollo de capacidades regionales, el ordenamiento concertado del uso sustentable del territorio y la concurrencia de la acción institucional y de los dueños de las tierras forestales”.

Reestructurar la conducción del sector, con apertura y participación, presupuesto suficiente orientado a fomentar la producción sustentable, regulación eficaz y expedita, con acompañamiento de calidad.

Otro de los aspectos es orientar los apoyos hacia el desarrollo de bienes públicos, como son: investigación, un sistema de créditos, infraestructura, compras gubernamentales y vinculación con mercados.

Otra de las observaciones se relacionan con el “combate a las extracciones forestales ilegales, mediante: la remoción de obstáculos regulatorios a extracciones regulares, el control de la cadena productiva y la creación de un sello que certifique la legal procedencia de los productos forestales”

5.-Ciudades

En tema de la ciudad proponen “un sistema de monitoreo público (gubernamental, social y académico) descentralizado sobre los mapas de riesgos que surgen de los asentamientos humanos y las dinámicas ecológicas en las cuencas”.

Piden “planes de mitigación y adaptación al cambio climático en las principales zonas urbanas para reducir su vulnerabilidad en inundaciones y/o escases de agua en las zonas urbanas”.

“Impulsar el desarrollo urbano sostenible, bajo dimensiones estratégicas ambientales, sociales, demográficas, económicas; con base en Ordenamientos Territoriales Participativos de las áreas urbanas que orienten procesos de densificación y crecimiento, manteniendo espacios y bienes públicos y evitando la expulsión de los habitantes más vulnerables de los barrios y zonas de ocupación tradicional”.

Plantean que el manejo integral del agua en las ciudades “debe de buscar el balance hídrico de la cuenca”.

Así mismo indican que “debe de existir información pública sobre las capacidades de los ríos, presas, lagos y el acuífero con el fin de tomar las mejores decisiones de un manejo sostenible del agua”.

6-Costas y mares

Para las costas y mares mexicanos, pugnaron por contar con estudios poblacionales de todas las especies objetivo, generar planes de ordenamiento pesquero y crear zonas de regeneración de peces.

“Evitar que los agroquímicos lleguen al mar para evitar el crecimiento de zonas muertas (eutrofización), regular su uso de manera estricta, e imponer una carga fiscal, mayor según el grado de toxicidad”, propusieron.

Piden evitar el incremento de la contaminación del mar, eliminando los derrames de hidrocarburos y reciclando, prohibiendo o limitando el uso de plásticos.

Así mismo proponen crear un Sistema nacional de monitoreo de costas y mares, “con la participación de instituciones académicas y de la sociedad civil”, indicaron.

7- Energía

Con relación a la política pública energética, los investigadores de la UNAM señalaron:

Democratizar la energía a través de la generación solar distribuida y la eliminación de subsidios regresivos a las tarifas eléctricas.

Incrementar las metas de penetración de energías renovables a la matriz energética a por lo menos 40% para 2024 (la Ley de Transición Energética mandata 35% para 2024).

Adoptar programas de eficiencia energética a gran escala:

• Iluminación eficiente en municipios mayores a 500 mil habitantes;
• Sistemas de enfriamiento y calefacción en de casas que tengan el esquema de generación solar distribuida (bono solar) y
• Adopción inmediata de estándares estrictos de eficiencia para autos nuevos de venta en México.

Corregir e incrementar gradualmente el impuesto al carbono para combustibles fósiles, incluyendo al gas natural.

Los recursos recaudados por el impuesto al carbono, “deben usarse para financiar la transición energética, otorgando apoyos directos a grupos de menores ingresos”.

Reducir las emisiones de metano en el sector de petróleo y gas.

Eliminar por completo el venteo y fugas de gas metano y disminuir su quemado en plataformas petroleras, para pasar a un aprovechamiento de este hidrocarburo que hoy se desperdicia.

Evitar la construcción de nuevas refinerías y plantas de ciclo combinado de gas natural, que pueden resultar obsoletas en menos de 20 años.

Optimizar la inversión pública considerando la disminución de costos de las energías renovables, los largos periodos de amortización de refinerías y termoeléctricas y sus externalidades sociales, ambientales y climáticas.

8- Minería

Los ambientalistas proponen “decretar la moratoria a nuevas concesiones mineras y revisión de concesiones vigentes”.

Además, promover la reforma y adiciones al artículo 27 y al artículo 6 de la Ley Minera para reestablecer el carácter preferente de la soberanía nacional, el bien público y los derechos humanos sobre la minería y la extracción de hidrocarburos.

Así mismo pidieron “armonizar el marco normativo minero con los marcos normativos ambiental, de derechos humanos, agrario y de agua”.

Otra de las medidas propuestas es garantizar que sean municipios y comunidades afectadas por la gran minería “quienes decidan el uso del impuesto minero, priorizando acciones para enfrentar los impactos ambientales y en la salud pública”.

Subrayaron también que se debe “atender las causas de los conflictos vigentes entre corporaciones mineras y comunidades afectadas que han perdido medios y calidad de vida y han sido víctimas de represión constante”.

Para finalizar este aspecto, piden “prohibir prácticas mineras asociadas a graves y permanentes afectaciones sociales y ambientales, como son la minería submarina y los pocitos de carbón, entre otros”.

9-Agricultura y suelos

Para los suelos y la agricultura, el programa de la UNAM propone formular un programa de apoyo integral-territorial a la pequeña y mediana agricultura que aumente los ingresos obtenidos a través de sus actividades económicas agropecuarias.

Con relación a los subsidios productivos del campo, pidieron sean reorientados “para detener prácticas de monopolio de grandes empresas y realizar una redistribución equitativa de subsidios entre pequeños y medianos agricultores”.

Además “promover una agricultura diversificada y sustentable, con principios agroecológicos, que permita la recuperación y conservación de suelos degradados, entre los pequeños y medianos productores y en la agricultura industrial”, puntualizaron.

Implementar una política nacional que “frene el dominio de las grandes agroindustrias, para recuperar soberanía en la producción de alimentos. Atender la malnutrición, la obesidad y la pobreza alimentaria”.

Además “promover incentivos eco-condicionados para la agricultura industrializada para impulsar su tránsito hacia modelos sustentables”.

Adicionalmente precisaron la necesidad de “fortalecer instituciones públicas de investigación relacionadas con actividades agropecuarias (semillas, especies híbridas, vulnerabilidad, adaptación, mecanismos de capacitación que promueva adopción de prácticas)”.

Sobre los agrotóxicos pidieron su regulación “basándose en el principio precautorio, como mandata la Constitución, para proteger los derechos humanos a la salud y a un ambiente sano”.

Además “elaborar un plan nacional de reducción y prohibición progresiva a corto plazo de plaguicidas altamente peligrosos, incluyendo los cambios legislativos pertinentes para que sea posible revocar de manera expedita la autorización a este tipo de compuestos”.

Señalaron la necesidad de prohibir las aspersiones aéreas de plaguicidas, especialmente de los altamente peligrosos, en cultivos cercanos a poblaciones y/o ecosistemas vulnerables.

Otro tema central en el rubro de agricultura y suelos es “fortalecer el derecho al acceso público a la información respecto al uso y monitoreo de plaguicidas, cumpliendo y ampliando la regulación vigente”.

10-Derecho al medio ambiente

Pidieron “armonizar la legislación ambiental en México, comenzando por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente al contenido esencial del derecho humano al medio ambiente desarrollado por los estándares internacionales incluyendo la opinión consultiva 23/17 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Emprender las acciones de política para que “todas las autoridades cumplan con sus obligaciones constitucionales de promoción, respeto, protección y garantía del derecho humano al medio ambiente reconocido en la Constitución y desarrollado por los estándares internacionales en la materia”.

Pidieron “suspender todos aquellos megaproyectos que en la actualidad estén violando el contenido y las obligaciones del derecho humano al medio ambiente de personas, barrios, comunidades indígenas y campesinas”.

Además pidieron “no emprender ninguna otra obra que no se guíe por el contenido del derecho humano al medio ambiente en su relación indivisible e interdependiente con otros derechos”.

Finalmente expresaron que deben los candidatos presidenciales “comprometerse a respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de los defensores y defensoras del medio ambiente, evitando la criminalización, amenazas, detenciones arbitrarias y ejecuciones de las que son objeto”.