Tribunal solicita la liberación de Lula da Silva

El ex presidente brasileño Lula da Silva, quien permanece preso desde el 7 de abril pasado, podría salir libre en breve

 

Regeneración, 08 de julio de 2018.- Esta tarde, un juez brasileño ordenó la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien permanece preso desde el 7 de abril, acusado por un caso de corrupción.

La liberación fue dictada por el juez del tribunal de apelaciones, Rogerio Favreto, desde hace horas, pero una nueva decisión judicial del juez que concedió el “habeas corpus”, Sergio Moro, que se opuso a la liberación mantuvo al ex presidente.

Finalmente Favreto volvió a emitir una orden de “inmediata” liberación, lo que significa que Lula da Silva podría salir en la próxima hora de prisión.

En suma, Favreto ordenó la liberación del expresidente, Moro la bloqueó y el primero la reiteró con carácter urgente; la Policía Federal tiene un plazo de una hora para que libere a Lula da Silva.

El pasado 20 de junio, la Suprema Corte de Brasil emitió un fallo contra las medidas coercitivas dentro de la operación “Lava Jato”, como las que sufrió Lula quien sin ser acusado formalmente y sin estar sujeto a proceso judicial alguno fue detenido por más de 500 elementos de la policía, para ser interrogado en una comisaría.

A pesar de estar apresado, el expresidente es el puntero en las preferencias de los votantes para las próximas elecciones presidenciales.

Lula fue condenado el año pasado a 9 años de prisión por el juez Sergio Moro, de la 13ª Corte Federal de Curitiba, tribunal de primera instancia, acusado de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS, con contratos de la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula es el propietario del inmueble y tampoco se ha identificado cuál es el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.

La condena fue confirmada en enero y la pena elevada a 12 años y un mes de cárcel por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre (TRF4), en segunda instancia.