Oaxaca: 300 concesiones mineras contaminan y crean tensión social. Denuncian estrategia de uso del crimen organizada para controlar yacimientos mineros
Regeneración, 26 de febrero del 2017. En la comunidad de Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, se llevó a cabo el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí decimos Si a la Vida, No a la Minería”, en el que participaron 60 comunidades del estados de Oaxaca, 33 autoridades comunitarias, y 36 organizaciones que se pronunciaron por la defensa de la tierra y el territorio y la imposición del Modelo Extractivo de diferentes megaproyectos que violentan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas bajo el amparo de las leyes mexicanas.
En su comunicado final señalaron que los pueblos, comunidades y organizaciones intercambiamos experiencias para continuar fortaleciendo nuestros procesos organizativos en las comunidades, ejidos, bienes comunales y municipios. Alzamos la voz para denunciar y detener estos proyectos extractivos que, con el falso discurso del progreso, desarrollo o generación de empleo están minando la vida».
Los participantes en este Segundo Encuentro señalaron que «los pocos empleos que se crean en el sector minero tienen pésimas condiciones laborales como ha ocurrido en la región carbonífera de Coahuila en el norte del país, dejando más de 3000 mineros muertos, generando el despojo del territorio y la destrucción de los bienes comunes naturales, y en consecuencia, el desplazamiento forzado de miles de pobladores quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la tierra, la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales, los que en conjunto nos dan sentido de pertenencia».
«Nos pronunciamos por la vida, en ese sentido denunciamos el hostigamiento, la persecución y el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, así como las estrategias de violencia que las empresas y el gobierno han utilizado para generar un clima de terror y miedo para mermar la lucha de las comunidades y querer controlar el territorio donde existen yacimientos mineros a través del crimen organizado» indicaron.
La militarización y presencia de la gendarmería, son estrategias que se han legalizado con la reciente Ley de Seguridad Interior que a todas luces busca criminalizar la protesta social para controlar el territorio denunciaron.
Los participantes se hermanaron «como pueblos para seguir de manera organizada defendiendo nuestra madre tierra desde nuestras comunidades y en las regiones, ya que la tierra la reconocemos como nuestra madre que nos da vida y después nos recoge con su manto para guardarnos en su seno».
Reconocemos a las mujeres como guardianas de la tierra y una pieza fundamental en los procesos de resistencia en esta lucha por la vida ante los proyectos de muerte que han significado los megaproyectos en el corazón de nuestros territorios.
Por otra parte rechazaron los programas del Gobierno Federal como PROCEDE-FANAR-RRAJA, que pretenden privatizar la tierra e individualizar a los ejidos y comunidades, condenamos el hostigamiento de la Procuraduría Agraria a través de los Visitadores Agrarios que pretenden imponer el programa de privatización a través de una serie de condicionamientos a los pueblos.
Con relación a las actividades mineras en su territorio, precisaron que «desde las comunidades, pueblos indígenas y campesinos en resistencia le decimos al gobierno federal, estatal, a las empresas extractivas, y diferentes grupos con los que actúa en contubernio, que NO aceptaremos el despojo de nuestras tierras que nos fueron heredadas por nuestros ancestros, NO aceptaremos la implementación de ningún trabajo de: prospección, exploración, explotación de los minerales que se encuentran dentro de nuestros territorios o cualquier programa o proyecto que altere o atente contra las comunidades y nuestra forma de organización interna».
El agua, los bosques, las semillas entre ellas el maíz, así como los demás bienes naturales presentes en el territorio son nuestros, nos significan identidad, soberanía y los defenderemos ante los proyectos extractivos, declararon.
Se solidarizaron con diferentes comunidades y movimientos que se encuentran en resistencia como: Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oax, San José del Progreso, Pasta de Conchos, Coahuila, Chicomuselo, Chiapas, Coordinadora de Pueblos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), Comunidades del Istmo de Tehuantepec, y las diferentes resistencias que se encuentran en las regiones del Estado presentes en este foro.
Denunciaron proyectos mineros que fueron otorgados por el Gobierno Federal, sin consulta a los pueblos:
-Enriqueta y El Doctor, otorgadas en Magdalena Teitipac;
-Tlacolula en San Juan Guelavia;
Progreso II, II (bis), III, en San José del Progreso;
-Los Ocotes II, III, IV (fracción 1 y 2), V (fracción 1 y 2), VI (fracción 1) en Ejutla de Crespo;
-Los Ocotes 1, Reducción Taviche oeste, Unificación Cuzcatlán en San Jerónimo Taviche;
-Lute dos, Lutito, en San Miguel Ejutla;
-La Raquelita I, del municipio de San Juan Tepeuxila, Cuicatlán;
-El Roble y Reducción El Roble en los municipios de Ixtlán de Juárez y San Pedro Yaneri;
-Lachatao, en Santa Catarina Lachatao;
-Zapotitlán 1 en municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y Asunción Tlacolulita,
Exigieron «el respeto irrestricto del derecho a la libre determinación y autonomía para que respeten nuestra forma de vida y nuestras aspiraciones que mejor nos convenga como pueblos y comunidades».
Finalmente entre sus consignas destacaron un sí a la vida, no a la minería. «De la sierra hasta el desierto, ni en túnel, ni a cielo abierto» y de manera coloquial la siguiente consigna: «No queremos anillo de oro ver, queremos tlayuda para comer».
