La participación del Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa revela la existencia de un poder cívico-militar que sostiene a la élite gobernante que aplica una política de despojo de los derechos de la gente y de los recursos naturales, una necropolítica, que usa y administra de la muerte como método de control social.
Félix Santana Ángeles
Regeneración, 7 de abril de 2017. La virulenta reacción del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de los dirigentes políticos del PRI y PAN en contra de los señalamientos que hiciera Andrés Manuel López Obrador en Nueva York, sobre la participación del Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, saca a la luz pública el binomio cívico-militar que mantiene en el poder a la élite gobernante y desde hace varias décadas saquea los recursos naturales, implementando la necropolítica como método para el uso y administración de la muerte que les garantiza el control social.
Este alto funcionario que exige a AMLO, pruebas para que las presente ante Ministerio Público, quiere aprovechar la disputa interna entre las diferentes facciones del gobierno de Enrique Peña Nieto para empujar la Ley de Seguridad Interior antes del proceso electoral de 2018, colocando a las Fuerzas Armadas en franca oposición a Morena.
Si quiere pruebas, habrá que recordarle al Secretario de Gobernación que el pasado 31 de agosto de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) encabezada por Areli Gómez, entregó a la familia del normalista Julio César Mondragón Fontes, 132 hojas foliadas con el logotipo de la empresa Telcel (Radiomóvil DIPSA, SA de CV), en cuyo centro de cada foja, se lee la leyenda “CONFIDENCIAL”, las cuales forman parte del expediente de 54 mil fojas sobre el caso Ayotzinapa y contienen las comunicaciones del equipo celular del estudiante brutalmente asesinado.
La sábana de llamadas contiene al menos nueve tipos de datos, el “Teléfono” de Julio, “Tipo” que registra diversos accesos a ese teléfono como datos por internet, mensaje de dos vías, voz saliente, voz entrante, voz tránsito, voz transfer y mensaje multimedia; “Número A” refiere al número de aparato con el que se comunica; “Número B”, que es el número o servicio al que se enlaza; “Fechas”; “Hora” con minutos y segundos; “Duración” de la actividad; “IMEI” (Sistema Internacional Móvil de Identidad) y “ubicación geográfica”.
En esos documentos se muestran comunicaciones, horarios y ubicaciones geográficas, del número celular 7471493586 con el IMEI 353649051469880, propiedad del normalista ejecutado extrajudicialmente el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, estos registros forman parte de las redes técnicas y mapas georreferenciados, validados por la Dirección General del Cuerpo Técnico de Control (DGCTC) de la SEIDO y la Dirección de Análisis Táctico (DGAT) de la Coordinación de Investigación de Gabinete (CIG) de la División de Investigación (DI) de la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la SEGOB.
Si el Secretario de Gobernación tiene un interés legítimo por resolver el tema de los 43 jóvenes desaparecidos, suponemos que no tendrá inconveniente en preguntar a sus subordinados, quién y con qué finalidad, estableció comunicación con el celular de Julio César Mondragón Fontes, a través de los números telefónicos 5585583974, 5561144296, 5561083626 y 5536438524, los días 17, 18 y 19 de octubre de 2014, 2 y 4 de abril de 2015, desde la coordenada 19 grados, 18 minutos 16 segundos latitud Norte y 99 grados, 14 minutos, 17 segundos longitud Oeste, que a propósito coinciden con las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en la Delegación Magdalena Contreras.
Exigen respeto a las Fuerzas Armadas y demandan pruebas sobre la participación de los soldados, pero hacen oídos sordos, cuando en documentos clasificados el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, exhibe la conexión entre el equipo celular modelo LG-L9 de Julio César Mondragón, con el interior las instalaciones del Campo Militar 1A de la Ciudad de México en Lomas de Sotelo a través de los teléfonos 5511425164, 5551865625, 5513606680 y 5518155210 los días 21, 23, 25 y 27 de octubre y 1 de diciembre de 2014.
Estas “pruebas” las publicamos el mes de agosto de 2016 en el libro “La guerra que nos ocultan” de editorial Planeta, los periodistas Miguel Ángel Alvarado, Francisco Cruz y Félix Santana, en él se expresa que el poder político en México no despacha desde el Palacio Nacional o la residencia oficial de los Pinos, sino en los cuarteles militares, frente al vacío de autoridad, las fuerzas armadas han subordinado a las autoridades civiles y militarizado las funciones de seguridad pública, basta examinar la reglamentación al artículo 29 Constitucional que permite establecer el Estado de Excepción en zonas específicas del país, suspendiendo derechos y garantías.
Lo mismo sucede al revisar las modificaciones al Código de Justicia Militar que faculta a la autoridad militar a ejercer funciones civiles en tiempos de paz, autoriza a los militares a catear domicilios y oficinas de los tres niveles de gobierno en despachos de los poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, organismos constitucionales autónomos o instalaciones de la Policía o el Ministerio público, además de intervenir comunicaciones privadas e incluso ubicar en tiempo real dispositivos móviles de telecomunicación.
Lamentablemente la pesadilla no ha terminado, para ampliar su control, pretenden implementar la Ley de Seguridad Interior con la cual legalizarían los patrullajes y retenes que actualmente realizan el ejército y la Marina de manera inconstitucional, proponen establecer bases de operaciones móviles y fijas, puestos de seguridad, intercepción terrestre, áreas y marítima, reconocimientos, escoltas de seguridad y brindar seguridad a las instalaciones estratégicas; también les permite utilizar cualquier método para la obtención de información, lo que implica un retroceso en materia de derechos humanos, puesto que la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales o el secuestro, se han convertido en los instrumentos generadores de inteligencia más socorridos por las fuerzas policíacas y militares de nuestro país.
En los últimos años hemos transitado lentamente a un estado militar, donde la guerra en contra del narco, sólo es una fachada que ha permitido la consolidación de emporios económicos basados en el tráfico de drogas, el saqueo de los recursos naturales, el control de territorios o rutas comerciales, desplazando a comunidades enteras, ejecutando o “abatiendo” a los líderes sociales que se resisten a la implementación de la necropolítica para facilitar la neocolonización y saqueo de los recursos naturales, implementada desde los poderes fácticos y apoyada por el Estado con máquinas de guerra, institucionales o paramilitares, al servicio de los poderes económicos supranacionales.
No somos ingenuos, sabemos que la exigencia de pruebas a Andrés Manuel López Obrador sólo pretende golpearlo políticamente, estamos conscientes de que ninguna institución que imparta justicia, resolverá la grave crisis en materia de derechos humanos; sin embargo, tenemos la esperanza de que en tribunales internacionales se alcance la justicia y sea nuestra generación la primea en ver un expresidente mexicano, enjuiciado y sentenciado por crímenes de lesa humanidad.
