Las reformas estructurales también están en rechazo por los mexicanos, la  Reforma Energética, que es la peor valorada, 61% de los encuestados que desean su derogación.

Regeneración, 29 marzo 2017.- De acuerdo la encuestadora GEA-ISA al cierre del primer trimestre de 2017, el quinto año de mandato de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad sigue en picada, 19% de los mexicanos aprueba la gestión de Peña Nieto, mientras que un 77% lo reprueba. Hoy 74% quiere que gobierne un partido distinto al PRI.

Son cifras que han venido cayendo desde 2014, cuando las crisis como el escándalo de la Casa Blanca de Las Lomas o la desaparición de los 43 normalistas golpearon severamente la percepción ciudadana de su presidente.

«El ánimo social es malo», dijo Guillermo Valdés, socio de GEA y presentador del estudio. Los mexicanos perciben que el país está peor en lo económico y en lo político, y esperan que empeore el año que viene. «El pesimismo está instalado en la sociedad».

Las reformas estructurales también están en rechazo por los mexicanos, 53% está a favor de la derogación de la Reforma Educativa, mientras 39% por que se mantenga; 50% está por la derogación de la Reforma Financiera contra 22% por que se mantenga, respecto a la Reforma Hacendaria 51% está por su derogación y 23% para que se mantenga. La  Reforma Energética, que es la peor valorada, con un 61% de los encuestados que desean su derogación, contra 20% por su continuidad.

Según la encuesta, un 41% de los mexicanos está «totalmente enojado» con el gasolinazo; un 26% está «muy enojado» y un 17% está «enojado». Sólo se declara «nada enojado» un 4% de los encuestados, lo que indica un descontento generalizado con la medida que se extiende entre ocho de cada 10 mexicanos.

Y es que el incremento a los combustibles perjudicó la ya deficiente imagen que la población tiene de las reformas estructurales emprendidas por esta administración, particularmente de la energética, que es la peor valorada, con un 61% de los encuestados que desean su derogación. «La sociedad no percibe los cambios modernizadores que han traído las reformas», dijo Valdés.

A todo lo anterior se suma la grave crisis de seguridad que vive el país. De acuerdo con la firma, los homicidios dolosos se incrementaron el año pasado un 22% y sólo en los primeros dos meses de 2017 el aumento ha sido de un 30%. «La velocidad con la que están creciendo los homicidios es cada vez mayor», dijo Valdés. Sólo el febrero pasado ha sido el mes más violento desde 1997. «A este ritmo superaremos en violencia al año 2011, el año más violento del gobierno de Calderón», apuntó. En comparación con marzo del año pasado, los homicidios dolosos han aumentado en 25 de las 32 entidades federativas de México, con Baja California Sur a la cabeza.

GEA-ISA y los autores de la encuesta atribuyen este repunte en la violencia, en primer lugar, a la fragmentación de los carteles del narcotráfico en varias bandas delictivas que son más violentas que las originales; la extradición de Joaquín «El Chapo» Guzmán, que ha propiciado una batalla por el control del Cartel de Sinaloa; el crecimiento del tráfico de la heroína y las metanfetaminas, que ha suscitado combates por el control de los campos de amapola en Guerrero; los cambios en los gobiernos estatales y los respectivos reacomodos políticos y ruptura de acuerdos previos; así como la implementación defectuosa del nuevo sistema de justicia penal, que ha propiciado un incremento de la impunidad.

Un gobierno acotado, con mínimo respaldo social, poco dinero para gastar y sin recursos frente a la crisis de inseguridad, es el diagnóstico que hace la encuesta.

Este conjunto de factores ha creado entre la población un rechazo al partido en el gobierno que no se veía desde el año 2000, cuando se dio la transición política en la presidencia. Hoy el 74% de los mexicanos quiere que gobierne un partido distinto al PRI, lo que arrincona las perspectivas del partido de Peña Nieto de cara a las elecciones de 2018.

Con información de EconomíaHoy

En abril o mayo podría estar operando la zona económica especial (ZEE) de Coatzacoalcos. Ya hay dos empresas interesadas en instalarse

Regeneración, 29 de marzo de 2017.- Entre los meses de abril y mayo podría ya estar operando la zona económica especial (ZEE) de Coatzacoalcos, luego de que se lleva un avance de 85 por ciento en la integración del marco jurídico de este nuevo esquema; actualmente dos empresas están interesadas en asentarse en Veracruz y sus representantes visitaron las instalaciones logísticas.

El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani confirmó que se ha avanzado mucho en la integración del marco jurídico y ya se tienen los espacios que se pueden utilizar para los nuevos clusters que se van a promocionar.

Este lunes sostuvieron una reunión privada con los representantes de dos empresas internacionales, las cuales se quieren asentar en la región para aprovechar la conexión terrestre que se tiene con el puerto de Salina Cruz.

Los empresarios y las autoridades federales y del estado sobrevolaron las instalaciones del puerto y los terrenos que serán cedidos para atraer inversiones por parte de los municipios de Coatzacoalcos y Nanchital.

El funcionario manifestó que se busca la generación de un clúster energético que aproveche la infraestructura petroquímica que ya existe en la región y por otro lado, la empresa Genomma Lab quiere establecer infraestructura para generar sus productos farmacéuticos, los cuales actualmente fabrican fuera de México.

Expuso que las empresas están muy interesadas en establecerse en Veracruz por la infraestructura portuaria y ferroviaria que mantiene, lo cual les permite manejar sus productos hacia Estados Unidos, Europa y a través de la conexión con Salina Cruz, con Asia.

Gutiérrez Candiani indicó que la integración de la ZEE se encuentra muy avanzada y podría ser la primera o segunda que se establezca en los próximos meses, luego de que se realice el decreto.

Actualmente, dijo, ya se cuentan con los predios para los nuevos desarrollos industriales, se estableció la ventanilla única, y se están armonizando todos las leyes para iniciar la operación de la zona económica especial.

Aquí se evidencian las intenciones de despojo desde el Estado con la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), vendiendo la tierra como producto de oferta, legislando la rapiña de territorios y beneficiando la inversión privada (como la farmacéutica multinacional Genoma Lab). Aquí se habla de los planes para Coatzacoalcos, un municipio en Veracruz con una posición geográfica estratégica para la movilidad del capital. Cabe señalar que Coatzacoalcos vive desde hace meses un clima de terror; negocios cerrados por cobro de piso, homicidios en lo cotidiano, feminicidio, desaparición forzada de migrantes, vinculación policial con los Zetas, etc.

Creo importante preguntarnos: ¿Tiene alguna relación la creación e imposición de las ZEE con la violencia generalizada que mantiene aterrorizada una población por medio de cuerpos armados irregulares?

En abril del año pasado, Manuel Bartlett, del PT, se pronunció en contra de las ZEE: «es vergonzoso que se apoye esta ley, cuando los desarrolladores se convertirán en administradores de estados y regiones completas, con la facultad de expropiar la tierra de los mexicanos. Vamos con toda claridad hacia la entrega del territorio nacional».

Ver: Senadores rematan al país, aprueban la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales

Latani Melendez Bravo, del posgrado en Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el área “sociedad y territorio”, expuso algunas de las consecuencias de los megaproyectos que acompañan dicha iniciativa en el sureste del país.

Con mapas diseñados por el colectivo multidisciplinario GeoComunes, dijo que la costa chiapaneca y el Istmo de Tehuantepec son puntos estratégicos para la creación de proyectos transnacionales de libre comercio, por tanto, no es casualidad que de las tres Zonas Económicas Especiales anunciadas en 2014, dos se encuentran en esta región, Puerto Chiapas y Salina Cruz.

Ver: Viene más saqueo y despojo en Chiapas y Oaxaca, debido a la Ley Federal de Zonas Económicas

Con información de La Jornada Veracruz

Las condiciones en las que Tecnoradio consiguió estas concesiones hace crecer las dudas sobre quién o quiénes están detrás; se sospecha de un prestanombres: el implicado sería Radio-rama.

Regeneración, 29 de marzo de 2017.- Tecnoradio, un grupo que, se pensaba, no tenía recursos, concursó por licitaciones de radio con tal fuerza que elevó dramáticamente los costos; un 22 por ciento. El grupo radiofónico se hizo de 37 concesiones.

Las condiciones en las que Tecnoradio consiguió estas concesiones hace crecer las dudas sobre quién o quiénes están detrás, no sólo en términos legales, porque pueden ser testaferros, sino en términos reales.

A mediados de febrero concluyó el proceso licitatorio de más de 200 estaciones de radio comercial en FM y AM. La ultima parte de este concurso fue una subasta: por vía electrónica, los participantes, identificados por un número y sin nombre, presentaban sus ofertas por cada lote en el que tenían interés. La subasta arrancó con el valor mínimo de referencia, es decir, con el monto mínimo que podían ofrecer por cada lote.

Estas ofertas económicas estaban previamente topadas en mínimos y máximos, de esta manera un participante no podía hacer cualquier oferta, sino que los límites iban aumentando progresivamente por cada ronda que duraban media hora cada una. Los integrantes calificados, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), contaban con 15% más de puntos. Los interesados, desde el inicio, presentaron la lista de los lotes por los que querían participar, por cada uno de ellos entregaron al IFT una carta de garantía doble del valor mínimo de referencia, con el fin de asegurar que su participación sería legal y que sí pagarían en caso de ganar, so pena de cobro de la garantía.

Cuando inició el proceso de la subasta, «Tecnoradio», conocida en ese momento con el número 05324, tuvo un comportamiento agresivo con sus ofertas y marcó, en muchas de las plazas, el curso de la subasta. Además otro hecho que influyó en este proceso, fue la caída del sistema electrónico que contrato el Instituto de Telecomunicaciones.

En su columna de opinión para El Universal, Irene Levy expresa su postura con respecto a este caso; dice que Tecnoradio ganó, con la calidad de nuevo entrante, con 37 estaciones (34 de FM y 3 de AM) por ellas tendrá que pagar la cantidad de más de 277 millones de pesos para el mes de mayo.

Además de todo lo dicho, el columnista Javier Tejado y la reportera Carla Martínez, también de El Universal, dieron a conocer que esta empresa fue creada en 2011 por Alfonso Amilpas, que tenía 51% de las acciones y Carlos Lara el 49%. Amilpas fue funcionario público en la Dirección de Radio y Televisión de la SCT por muchos años y actualmente es un empresario de televisión por cable, también opera la estación 99.7 FM en Chilpancingo y además es asesor de varios concesionarios de radio.

Por su parte, Carlos Lara es director general del Insituto Mexicano de la Radio (IMER), ante los recientes cuestionamientos, dió una entrevista a Joaquín López Doriga en Radio Fórmula, en la cual aclaró que el 26 de julio de 2016 cedió sus acciones de Tecnoradio, que no sabia quienes eran los compradores y que no había obtenido ni un centavo por su venta.

Hasta el momento Amilpas no ha dado declaraciones, y Alejando Navarrete, jefe de la Unidad del Espectro del IFT y responsable de la licitación, sostiene que ni Lara ni Amilpas eran accionistas cuando Tecnoradio entró al proceso de subasta.

También, el columnista del periódico El Financiero, Raymundo Riva Palacio escribió que la prensa especializada lleva dos semanas mostrando lo que parece una proclividad a apoyar a esas dos empresas que han florecido durante el gobierno de Peña Nieto.

Tecnoradio ha sido cuestionada por el hermetismo con el que las autoridades cuidan la identidad de sus socios. Fundada en 2011, de la nada se presentó en el concurso público del Instituto Federal de Telecomunicaciones para obtener 191 frecuencias de radio FM y 66 en AM, y se quedó con 34 FM y tres AM en 18 estados, por las cuales ofreció pagar 287 millones de pesos, 37 millones más que el segundo lugar, Grupo Radio Centro, de largo historial en la industria.

El debate se ha centrado en Lara Sumano, ante un posible conflicto de interés. ¿Cómo puede un funcionario, cuya área de competencia es la radio, participar en un concurso de licitación de frecuencias de radio?. La prensa reveló que Lara Sumano tiene 249 de las 600 acciones de Tecnoradio, mientras que Amilpa tiene otras 306. Quién tiene las 45 restantes es otro misterio, porque Bañuelos sólo aparece como el representante legal.

Explicó Lara Sumano que la semana pasada que si bien él fue uno de los fundadores de Tecnoradio, vendió sus acciones en septiembre, sin mostrar ningún documento que avalara su dicho, ni tampoco aclaró por qué, si desde febrero pasado apareció esa empresa como la ganadora del concurso público, no hizo del conocimiento público su retiro como accionista hasta que el escándalo lo comenzó a quemar. El gobierno ha dejado solo al director del Imer. La Secretaría de Gobernación, bajo cuya jurisdicción se encuentra ese instituto, no ha dicho absolutamente nada. La Secretaría de la Función Pública no ha abierto ninguna averiguación que se sepa, hasta este momento. Las autoridades judiciales competentes tampoco han intervenido, ni siquiera informalmente, para que Lara Sumano les aporte las pruebas de que, en efecto, no es accionista en la empresa. Este funcionario tampoco ha presentado una denuncia penal por el mal uso de su nombre y el abuso de confianza por haber existido, en dado caso, usurpación de su nombre para actividades que serían ilegales, que obligaría a la cancelación del concurso.

Este tema se ha vuelto muy caliente. De Tecnoradio nadie quiere hablar. Este grupo, que según Lara Sumano no tenía recursos, concursó con fuerza y elevó dramáticamente los costos. En general subió en 22 por ciento el precio del mercado con respecto a los valores mínimos, según Fernando Mejía Barquera, un experto en el tema. Empresarios de la industria aseguran que lo que pagó Tecnoradio hace inviable el modelo de negocios, con lo cual crecen las dudas sobre quién o quiénes están detrás, no sólo en términos legales, porque pueden ser testaferros, sino en términos reales.

Con información de: El Universal y El Financiero

La Audiencia Nacional española condenó a la tuitera Cassandra a un año de prisión por tuits con chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco, ocurrido hace 44 años. La resolución judicial es un acto de censura, un ataque a la libertad de expresión y una amenaza contra los ciudadanos. Con ese fallo, la Audiencia nacional se condena a sí misma al actuar como tribunal de censura, típico de regímenes autoritarios. Revive el fantasma del franquismo en España, en pleno siglo XXI.

Regeneración, 29 de marzo de 2017. La Audiencia Nacional ha condenado a un año de prisión a la tuitera Cassandra por delito de humillación a las víctimas del terrorismo en relación a 13 chistes-comentarios que escribió en su cuenta personal de Twitter (@kira_95) sobre el almirante Luis Carrero Blanco al considerar que estos mensajes son una «deshonra» y «burla» a las víctimas del terrorismo.

Estos mensajes «constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares», dice la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que se ha dado a conocer este miércoles. Para la Sala esto supone una actitud irrespetuosa y humillante que encaja dentro del delito de humillación a las víctimas.

El tribunal compuesto por los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel –que ha sido el ponente de la resolución– acepta la pena de prisión que solicitó el fiscal Pedro Martínez Torrijos. La Sala concluye que las explicaciones que dio Cassandra en la vista oral que tuvo lugar el pasado 22 de marzo no son «para nada convincentes».

La tuitera murciana –a la que se refieren en la sentencia en todo momento en género masculino pese a su reconocida condición de transexual– defendió en su declaración que la intención de estas publicaciones era «simplemente hacer humor», enmarcadas en el debate existente en marzo de 2015 por la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Para la Sala, Cassandra publicó mensajes, acompañadas en ocasiones de «elocuentes imágenes», que refuerzan «aún más su carácter de descrédito burla y mofa» a una víctima del terrorismo. «por más que el atentado contra el expresidente del Gobierno del régimen franquista tuviera lugar en 1973».

Según el tribunal el tiempo transcurrido no se puede considerar «neutro» para enjuiciar los hechos ya que «la lacra del terrorismo de ETA persiste».

Otras dos personas fueron asesinadas con Carrero

«Las víctimas del terrorismo constituyen una realidad incuestionable que merecen respeto y consideración», subraya la sentencia, al tiempo que hace hincapié en que este atentado contra el almirante «cegó la vida de otras dos personas, no tan relevantes pero también merecedoras de la misma deferencia».

La sentencia recoge las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre hechos similares a estos, que le sirven para destacar que Cassandra no puede alegar que esta conducta es «penalmente reprochable, a pesar de que ignore los concretos requisitos del tipo aplicable». «Especialmente al tratarse de persona con cierta cultura –estudios universitarios– evidentemente sabía que estaba cometiendo hechos patentemente ilícitos».

Además, rechaza aceptar la prueba documental aportada a la causa que consisten en una relación de otras publicaciones y perfiles de Internet con idénticos o similares chistes, así como una carta de la nieta de Carrero Blanco publicada en un medio de comunicación en el que se «distingue entre el mal gusto de escribir y el delito». Para la Sala no se puede exonerar a la tuitera de cualquier responsabilidad penal porque su conducta es «voluntaria, libre e intencional».

No mostró «el menor arrepentimiento»

Asimismo, no considera aplicar ningún atenuante por la reparación del daño o disminución de sus efectos porque la tuitera no ha mostrado «el menor arrepentimiento» ni existe constancia oficial de que haya borrado los mensajes vertidos en Internet. Pese a que la acusada defiende que sí ha procedido a ello, la Sala ha ordenado que se retiren estos tuits.

Cassandra escribió varios mensajes en Twitter entre 2013 y 2016 que aluden al atentado de Carrero Blanco. Entre ellos se encuentran algunos como «Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella», «Spiderman vs Carrero Blanco» o «ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial».

«Película: A tres metros sobre el cielo. Producción: ETA films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco. Género: Carrera espacial» es otro de los mensajes que publicó. La tuitera incluso llegó a ironizar sobre la conducta penal que supone difundir este tipo de humor: «Si hacer chistes de Carrero Blanco es enaltecimiento del terrorismo…», escribió en abril de 2014.

«Nos tienen tanto miedo que el primo de Peña y PRI-AN optaron por promocionarse en combo en los spots, pero eso no nos detendrá. A los PRI-ANistas que les vamos a ganar», afirmó Delfina.

Regeneración, 29 marzo 2017.- Este miércoles, los candidatos del PRI, PAN, PRD, PT y Morena a la gubernatura, se presentarán ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para solicitar su registro, al igual que lo hicieron esta madrugada tres aspirantes independientes, con miras a los comicios del 4 de junio.

El primero en hacerlo esta mañana fue Alfredo del Mazo, de la coalición electoral formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y Encuentro Social (PES).

Como se tenía previsto, al medio día, Delfina Gómez acudió a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para solicitar su registro oficial como la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al gobierno mexiquense.

Después de firmar los documentos ante las instancias correspondientes, la candidata de Morena agradeció a su equipo y a todos los presentes por acompañarla al registro.

«Por acompañarme a este registro como candidata a gobernadora que marca un nuevo paso en esta historia que estoy segura juntos vamos construyendo para transformar la realidad de 16 millones de mexiquenses».

Recordó que se presenta como candidata porque desde hace cinco años decidió pasar de la indignación a la acción y «hoy gracias a nuestro trabajo y buenos resultados como alcaldesa de Texcoco y diputada federal y sobre todo por el apoyo de millones de ciudadanos estamos aquí registrando esta candidatura que no es mía, sino de millones de mexiquenses. Somos el rival a vencer.

«Nos tienen tanto miedo que el primo de Peña y PRI-AN ya optaron por promocionarse en combo en los spots, pero eso no nos importa ni nos detendrá. Desde aquí les digo a los PRI-ANistas que les vamos a ganar».

En tanto, Juan Zepeda, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se presentará ante el órgano electoral a las 14:00 horas de este día. A las 16:00 horas, Oscar González del PT y Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN), a las 18:00 horas.

Por su parte, el expresidente estatal del PRI, Isidro Pastor Medrano, la empresaria Teresa Castell y el doctor Abelardo Gorostieta, presentaron por separado solicitudes de registro como candidatos independientes al gobierno del Estado de México, en las primeras horas de hoy.

Las campañas rumbo a las elecciones en el Estado de México iniciarán el próximo 3 de abril y concluirán el 31 de mayo.

Con información de Radio Fórmula y Regeneración

El ministro Laynez propone revertir el fallo del INAI porque la información revelaría estrategias. Pondría en riesgo la integridad física de quienes utilizan la flota de la Presidencial, dijo.

Regeneración, 29 marzo 2017.- El ministro Javier Laynez Potisek, busca que la Suprema Corte revierta un fallo del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y se nieguen en definitiva los datos sobre los horarios y rutas de toda la flota aérea de la Presidencia de la República, bajo el argumento de afectación a la seguridad nacional.

Laynez propuso al pleno de ministros resolver a favor de la Consejería Jurídica de la Presidencia el recurso excepcional que ésta interpuso en contra del INAI por haber ordenado al Estado Mayor Presidencial (EMP), en 2015, la entrega de esa información a un particular.

La petición consistió en la entrega de los itinerarios, planes de vuelo de toda la flota aérea presidencial entre julio y octubre de 2014, número y nombre de tripulación y pasajeros.

El EMP entregó una versión pública de los planes de vuelo y de las listas de pasajeros, pero suprimió la información que clasificó como reservada. En particular, el origen, destino, hora de salida, hora de llegada, la altura, la velocidad, los nombres y formas de la tripulación y toda aquella que diera indicios de esos datos.

Ante la inconformidad del solicitante, el INAI le ordenó al EMP entregar la información relacionada con los lugares, las horas de salida y llegada y las rutas, pues consideró esa información es pública.

La Consejería Jurídica argumentó que divulgar esa información revelaría patrones específicos de vuelo, así como la identificación de personas, hora y lugar de ubicación, son datos estratégicos.

Laynez propone revertir el fallo del INAI porque la información revelaría “las estrategias del Estado Mayor Presidencial” en relación con “actividades de inteligencia y contrainteligencia”. Dice que pondría en riesgo la integridad física de quienes utilizan la flota de la Presidencia de la República.

El recurso se seguirá discutiendo en la sesión del pleno del jueves 30, cuando se espera una votación del proyecto.

Con información de Proceso y Reforma

La región es considerada un “laboratorio” de la Reforma Energética. Existen 440 concesiones mineras –66% de su territorio–, 14 permisos para instalar hidroeléctricas; además que se construye el gasoducto Tuxpan-Tula y se han entregado diversas áreas para la explotación petrolera, donde se usará la fractura hidráulica o fracking. Pero la resistencia de las comunidades ha frenado por el momento los trabajos de los proyectos más dañinos.

Leticia Ánimas

Regeneración, 29 de marzo de 2017. Al menos cuatro megaproyectos de la Sierra Norte de Puebla presentan avances mayores, aunque se encuentran detenidos por la negociación para la compra de terrenos, órdenes de jueces federales, falta de recursos y/o de consulta, o carencia de de permisos ambientales.

La región es considerada un “laboratorio” de la Reforma Energética, pues hay 440 concesiones mineras –el 66 por ciento de su territorio-, 14 permisos para la instalación de hidroeléctricas, además que se construye el gasoducto Tuxpan-Tula -que se sumará al Tuxpan-Atotonilco, ya terminado- y se han entregado diversas áreas para la explotación petrolera, donde se usará la fractura hidráulica o fracking.

A la fecha, sin embargo, algunos de estos megaproyectos se encuentran suspendidos por razones legales o mantienen avances de “baja intensidad” ante la creciente oposición de los pobladores que luchan contra el despojo que “se ensaña” especialmente en contra de las comunidades otomíes, tepehuas, totonacas y nahuas de esta región, donde también se vive un ambiente de hostigamiento, intimidación y agresión física, verbal y psicológica, hacia defensores y defensoras del territorio.

“Los proyectos extractivos ambicionan invadir la totalidad de la fisiografía serrana. En las zonas altas se han concesionado más de 160 mil hectáreas a la minería. En las zonas de mediana altura, se ha detectado la intensión de establecer más de 14 proyectos hidroeléctricos. Las zonas bajas han sido focalizadas para la extracción de hidrocarburos, a donde ya se ubican más de 230 puntos de fracturación hidráulica, fenómeno que irá avanzando conforme evolucionen las rondas de licitación”, se consideró en un estudio del centro de investigación FUNDAR.

Megaproyectos suspendidos

No obstante, la apertura de minas a cielo abierto como las que pretenden hacer la canadiense Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán; Minera Frisco en Tetela de Ocampo; la china JDC Minerals en Zautla y las hidroeléctricas Gaya, Diego, Conde, Ana y Boca en el río Apulco; y Puebla 1 en el río Ajajalpan, se encuentran en suspenso mediante el ejercicio de acciones legales, la organización y movilización de los pobladores o por la desaprobación de sus Manifestaciones de Impacto Ambiental.

Pero las empresas no han quitado el dedo del renglón y “se impulsan y se imponen mediante la violación sistemática de los derechos humanos, que se evidencia en atentados contra la libre asociación, la libertad de expresión, a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, al uso preferente de los recursos naturales. Además del derecho humano al agua”, entre otros señalaron los investigadores de FUNDAR.

Ver: Sierra Norte por la vida. Documental sobre la defensa del territorio en la Sierra Norte de Puebla

Los cuatro proyectos más avanzados

En ese sentido, son al menos cuatro los megaproyectos que registran mayores avances: el Proyecto Ixtaca con el que Almaden Minerals pretende extraer oro y plata en Ixtacamaxtitlán; el Proyecto Espejeras de la Minera Frisco en Tetela de Ocampo; la Hidroeléctrica Puebla 1 de Deselec-Comexhidro en San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya; y el gasoducto Tuxpan-Tula de la empresa TransCanada que atravesará Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, Tlaxco, Jalpan, Tlacuilotepec, Pahuatlán y Honey.

Proyecto Ixtaca

Aunque se encuentra parado por la orden de un Juez Federal que decretó la suspensión de los trabajos hasta que se dicte sentencia en el Juicio de Amparo promovido por los pobladores de Ixtacamaxtitlán, el proyecto Ixtaca que se desarrollaría en 14 mil hectáreas del área de Tuligtic terminó su fase exploratoria y ha sido ofertado por la canadiense Almaden Minerals a sus socios y otros interesados como “un significativo depósito dual de metales preciosos”.

La empresa calculó que podrían extraerse 130 mil onzas de oro (3.6 toneladas) y que sería uno de los “20 mayores productores de plata en el mundo” al obtener 7 millones 798 mil onzas de plata (221 toneladas) en cada uno de los 14 años que calculan duraría la extracción por medio de una mina a cielo abierto.

Para hacerse de esta cantidad de metales preciosos, la minera calcula la demolición -“procesamiento”, le llama la empresa-, de un promedio de 30 mil toneladas de roca por día, 10 millones 650 mil toneladas por año, precisó en un boletín de prensa publicado en inglés en la página web de la minera en abril de 2014.

En el 2015 la comunidad indígena nahua de Tecoltemic y el ejido de Tecoltemi interpusieron un juicio de amparo contra Almaden Minerals luego de que se enteraron de que la Secretaría de Economía le había otorgado una concesión por 50 años que se sobrepone con el polígono de las tierras ejidales y obtuvieron la suspensión que ordenó a la empresa frenar sus trabajos. “Sin embargo ha hecho caso omiso y ha mantenido los trabajos de exploración en las concesiones y no ha informado de la suspensión a sus inversionistas”, acusaron los pobladores.

Además que la Almaden ha presentado distintos Informes Preventivos a la Semarnat para seguir la exploración en sus proyectos Ixtaca II, Ixtaca III y III bis e Ixtaca IV que han sido cuestionados debido a que la Procuraduría de Protección al Ambiente corroboró que la empresa realizó más barrenos de los autorizados.

Y aunque la Semarnat rechazó algunos de esos documentos, como el del proyecto Ixtaca IV, la minera anunció a finales de febrero pasado a sus inversionistas que seguirá su exploración de oro en Ixtacamaxtitlán y continuaría barrenando en busca de los metales preciosos.

Proyecto Espejeras

Aunque el proyecto minero del Cerro de Espejeras o La Cañada I en Tetela de Ocampo terminó su fase exploratoria, fue pospuesto por la movilización social y “por las debilidades financieras y legales de la empresa Frisco, propiedad de Carlos Slim”, según miembros del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

Sobre la empresa del hombre más rico de México pesa desde octubre del 2013 la condición que realice una consulta a los pobladores de este municipio serrano que, casi de manera unánime, han manifestado su rechazo a la apertura de una mina a cielo abierto en las 10 mil 663.92 hectáreas (casi 107 kilómetros cuadrados) de la montaña que abastece de agua a la cabecera y que la Secretaría de Economía le entregó mediante la concesión 220980 o La Cañada I con vigencia por 50 años que van del 11 de noviembre de 2003 al 10 del mismo mes del año 2053.

A la fecha, la empresa carece de permisos ambientales para la exploración de oro y plata y además atraviesa por severos problemas económicos por “sobreendeudamiento y ha cancelado varios proyectos de exploración” de metales preciosos en el país, uno de ellos en Baja California, debido a la caída de los precios internacionales del oro, los gastos excesivos en la compra de minerales a sus competidores y la “consolidación de otros proyectos mineros”, indicaron investigadores de PODER.

Además de que en 3 de octubre de 2015, se venció el plazo que le concedió la SEMARNAT para realizar la consulta indígena sobre la tercera fase de exploración en el Cerro de Espejeras sin que la hiciera.

No obstante pobladores de La Cañada han denunciado que trabajadores de la minera no han suspendido sus actividades desde hace tres años, “aunque han estado sembrando árboles, pero no han parado y nos preocupa que Frisco está sacando piedras, materiales. Creemos que ya hicieron la exploración porque en el remolque llevan tierra para análisis, para saber qué minerales contienen. Según nosotros no hay actividad, pero ellos van a seguir trabajando con lo que tenemos acá”.

Organizados en “Tetela Hacia el Futuro” presentaron una denuncia ante la PROFEPA y llamaron a sus coterráneos a no permanecer impasibles ante esta situación y evidenciar cada una de las acciones de los empleados de la minera e impedir su avance.

Hidroeléctrica Puebla 1

Aunque sus trabajos se encuentran “suspendidos” por orden del Juez Primero de Distrito desde mayo de 2016, el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 que la empresa Deselec-Comexhidro pretende construir en el río Ajajalpan y abastecerá de luz al grupo Wal-Mart, ha ido avanzando con la obtención de las licencias del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el cambio de uso de suelo aprobado por el Consejo Estatal Forestal.

También, casi de manera simultánea y tras la presentación de un Juicio de Amparo por violaciones a su derecho a la consulta por parte de indígenas totonakus de San Felipe y Altica, en Tepatlán y de San Mateo Tlacotepec, en Ahuacatlán, han ido aumentando las agresiones contra los defensores del territorio y sus abogados, contra quienes se han presentado al menos dos denuncias penales en su contra.

A la fecha, en el Juicio de Amparo de los totonakus se están desahogando las pruebas; mientras que tras una investigación pagada por Deselec-Comexhidro, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio su visto bueno a la construcción de la Hidroeléctrica Puebla 1 no obstante haber encontrado al menos un sitio potencial de monumentos arqueológicos, cuya información fue considerada como “reservada”.

En tanto en octubre pasado, el Consejo Estatal Forestal de Puebla aprobó el cambio de uso de suelo para la construcción de la Puebla 1 tras la información proporcionada por el ejecutivo de Deselec, Mauricio Justus quien aseguró que los habitantes indígenas –totonacos y nahuas-, del territorio que ocupará el proyecto ya habían sido consultados en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, “como consta en la web y en el sitio oficial de la empresa que representa”.

Deselec-Comexhidro inició una campaña mediática “para culpar a las comunidades de obstaculizar las inversiones en proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares, por la presentación de amparos, principalmente en Puebla y en Veracruz”, así lo declaró Jacobo Mekler, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) y director comercial de Comexhidro, según una publicación del periódico Reforma.

De acuerdo con Mekler, con los amparos promovidos por las comunidades contra los proyectos eléctricos se han bloqueado inversiones por más de 19 mil millones de pesos, 5 mil de ellos destinados a centrales en las que se usaría agua.

Mientras los afectados indicaron que ese tipo de declaraciones les inquietaban porque con ellas hay una negación tácita a su garantía de acceso a la justicia para la defensa y protección de sus derechos colectivos, “así como una amenaza contra la independencia judicial que debe preservarse en todo estado de derecho. En realidad, a quienes debería señalarse es al conjunto de políticas y reformas legales como la energética, que han entregado nuestros territorios y recursos a las a las empresas privadas”, precisaron.

Gasoducto Tuxpan-Tula

Sin un trazo definido, sin la autorización de los pobladores afectados, la empresa TransCanada inició la construcción del Gasoducto Tuxpan-Tula en la sierra otomí-tepehua-totonaku en los estados de Puebla e Hidalgo a través de su filial Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, en medio de manifestaciones de inquietud por la falta de información sobre el proyecto.

El gasoducto Tuxpan-Tula, uno de las 12 tuberías proyectadas en el Plan Quinquenal Gasoductos del gobierno federal, afectará a más de 130 comunidades de los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz en una longitud de 264 kilómetros por donde diariamente correrán 886 millones de pies cúbicos de gas.

Aunque de acuerdo con testimonios de pobladores y notas periodísticas, las obras para la instalación de la tubería empezaron desde hace más de un año en varios lugares de las tres entidades, fue hasta el 13 de mayo de 2016 cuando la Semarnat aprobó la licencia ambiental y dio a TransCanada un plazo de 30 meses para la preparación y conclusión de la obra.

En tanto el inicio de los trabajos y la entrada de empleados de la empresa canadiense a terrenos privados sin permiso de los propietarios, desataron las protestas de los pobladores de Pahuatlán, Tlacuilotepec, Jalpan y Tlaxco y obligaron a TransCanada, junto con la Secretaría de Energía, a intentar informar y consultar a los indígenas residentes en esa región, pero el proceso ha sido rechazado por varias comunidades que manifiestan que ese tiempo “ya pasó”.

Por ejemplo, el pasado 12 de enero habitantes de San Andrés, Tlacuilotepec, se opusieron a la realización de una consulta a la que consideran una simulación, porque los de TransCanada – que aquí se llaman Transportadora de Gas Natural de la Huasteca-, ya habían iniciado trabajos sin su consentimiento y anunciaron que si se vuelven a parar por el poblado, les cerraran el paso.

“Ninguna ley, ninguna autoridad, puede pasar sobre nuestros derechos. Al presidente Alejandro Guzmán García le decimos que respete nuestros derechos. Que no quieran ahora preguntarnos cuando llegaron a hacer una exploración sin permiso de la ciudadanía. No todos los proyectos del gobierno deben hacerse, menos éste en que van a contaminar nuestras tierras y manantiales. Así que cuando vengan, les vamos a impedir el paso”, apuntaron.

Mientras tanto, la empresa y las autoridades municipales formaron ya algunos comités de obra en Cuautepec, Santa María y Tlanchitla, “en contra del pueblo indígena y quieren seguir violando nuestros derechos”.

Tras estas manifestaciones y la formación del Consejo Shangú Yamui, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas realizó una visita a la región para recibir denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos y se está en espera de que emita una opinión.

“Hay que establecer orden y disciplina antes de que haya más situaciones que lamentar”

Regeneración, 29 de marzo de 2017.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong hizo un llamado a los gobernadores de los estados a “establecer orden y disciplina” en los penales y evitar más evasiones y riñas en ellos.

Además dijo que los gobiernos estatales deben establecer ‘‘orden y disciplina’’ en sus sistemas penitenciarios y no subejercer ni desviar los recursos económicos que la Federación les ha hecho llegar para mejorar las condiciones de dichos centros.

En la inauguración de la primera Reunión Nacional de las Conferencias de Procuración de Justicia y Secretarios de Seguridad Pública, Osorio también llamó la atención sobre la urgencia de mejorar las condiciones de seguridad en los municipios, ya que alrededor de 600 no tienen una policía debidamente formada.

También destacó que en 10% de los municipios hay sólo 12 agentes de seguridad pública en promedio, lo cual muestra una grave “debilidad estructural”.

El titular de Gobernación  para resolver este grave problema de ‘‘debilidad estructural’’ llamó a evaluar permanentemente los niveles de desempeño de las autoridades de seguridad, descongestionar el sistema de procuración de justicia para concentrarse en los delitos de mayor impacto y fortalecer a las policías locales.

Por otra parte el procurador general de la República, Raúl Cervantes, subrayó que es necesario establecer una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad, para crear un ‘‘federalismo cooperativo’’ donde los esfuerzos de cada autoridad se complementen.

A esto Chong dijo que según él las instituciones de seguridad deben tener solidez “más allá de los cambios de gobierno”, por lo que no es aceptable que una nueva administración quiera “empezar de cero” en esta materia sin tomar en cuenta lo hecho por sus antecesores.

Resaltó que “una prioridad es la importancia de contar con instituciones de seguridad sólidas que puedan cumplir su labor más allá de cambios de gobierno, porque la alternancia en el poder es parte de la normalidad política en una democracia como la mexicana”.

Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), coincidió en que las labores de impartición de justicia deben entenderse como un trabajo de equipo en donde los esfuerzos no sólo los haga la Federación, sino también estados y municipios.

Osorio Chong agregó “lo que no es normal, lo que no podemos permitir es que un nuevo gobierno suponga comenzar de cero en materia de seguridad, por el contrario, se requiere una política implementada en lo local, pero diseñada con visión de estado y pensando en el largo plazo”.

Con información de: La Jornada y Proceso

Fue diseñado y construido por 7 países de la Colaboración EUSO: Alemania, EU, Francia, Italia, Japón, México y Polonia. El telescopio circulará alrededor de nuestro planeta por 100 días aproximadamente.

Regeneración, 29 marzo 2017.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participa bajo la supervisión de la NASA, en el diseño, construcción y operación del instrumento EUSO-SPB (Extreme Universe Space Observatory on a Super Pressure Balloon), junto con un grupo de instituciones de la Colaboración Internacional EUSO.

Se trata de un telescopio refractor de un metro de diámetro, con una sofisticada superficie focal de alta resolución temporal, construido para hacer observaciones de rayos cósmicos de ultra altas energías, destacó en un comunicado la institución académica.

Estos rayos cósmicos, precisó, son las partículas que viajan por el espacio a velocidades cercanas a la de la luz, y se producen en algunos de los eventos más violentos del Universo. Cuando estas partículas llegan a nuestro planeta chocan con las moléculas de aire y producen una luz fluorescente, igual a una lámpara de neón.

Fue diseñado y construido por un grupo de países de la Colaboración EUSO: Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y Polonia. Tiene su propio sistema de potencia basado en paneles solares y está preparado para resistir a condiciones ambientales rigurosas y a excursiones imprevistas que puedan llevarlo desde la Antártida hasta regiones tropicales.

El telescopio circulará alrededor de nuestro planeta por aproximadamente 100 días, volando a 33 kilómetros de altura, a latitudes de entre 35 y 60 grados sobre el hemisferio sur. El instrumento será lanzado por la NASA en un globo de súper presión desde Wanaka, Nueva Zelanda.

De acuerdo con el comunicado de la UNAM, el instrumento ya pasó favorablemente la revisión que lo califica como apto para el vuelo, y en cuanto se den las condiciones meteorológicas apropiadas se realizará el lanzamiento, programado para la presente semana.

Gustavo Medina Tanco, responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX), del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, diseñó y produjo los dos sistemas de monitoreo, telemetría y telecomandos internos (conocidos como housekeepings) y todos los sistemas de alimentación en bajo voltaje del instrumento.

Asimismo, el LINX fue responsable de la arquitectura térmica del instrumento, y también cooperó con la NASA en el modelado de la interface térmica entre EUSO-SPB y el sistema de telemetría de dicha agencia espacial.

Con información de Boletín de la UNAM

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