La iniciativa de ley, promovida por César Camacho, mantendría al ejército en las calles por encima de tratados internacionales y la Constitución.
Regeneración, 27 de noviembre de 2017.- La ley de “seguridad interior”, promovida por el PRI, busca mantener al ejército en las calles para labores policiales, en contra de la población, la Constitución y los tratados internacionales a los que México está suscrito.
Así lo señalaron alrededor de 240 organizaciones civiles y 200 especialistas, académicos, activistas y víctimas de abusos castrenses, quienes en conferencia de prensa, alertaron por esta iniciativa.
Agrupador en el colectivo #SeguridadSinGuerra, varios portavoces entre ellos Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), calificó de “irresponsable” que los priistas y sus aliados pretendan dar más poder a las Fuerzas Armadas que pese a su presencia en las calles desde hace 20 años, no se ha podido enfrentar a la delincuencia.
“(Hay) más de 50 mil elementos del Ejército y esto no ha sido suficiente para bajar el índice de violencia, es contradictorio”, indicó.
Por otro lado, José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); señaló la incidencia en delitos como la desaparición, en lugares con mayor presencia de efectivos del ejército, como el caso de Tamaulipas.
Advirtió que la iniciativa propuesta por César Camacho, hay por lo menos 12 violaciones a la Constitución, y que busca “obstaculizar el acceso a la justicia a las víctimas y en particular a las de desaparición”.
Entre otras cosas, con la Ley de Seguridad Interior, se le darían atribuciones a las Fuerzas Armadas para intervenir comunicaciones privadas, podrían obligar a los entes autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) a proporcionar información; podrían deponer e imponer policías civiles en estados y municipios; se violaría el derecho a la información pues todos los operativos castrenses estarían clasificados como reservados, se negaría el derecho a las víctimas a litigar en casos de abusos; podrían reprimir manifestaciones en tanto que la legislación pretende diluir la responsabilidad penal y política del Presidente de la República y las Fuerzas Armadas.