Olga Sánchez Cordero destacó que desde su perspectiva técnica, la controversia constitucional es improcedente, no existe agravio al Senado.
Regeneración, 7 de diciembre del 2021. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, indicó que el Senado carece de facultades para promover controversia constitucional en contra del acuerdo del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
A través de su cuenta de Twitter la senadora señaló que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), la Cámara de Senadores no tiene facultades para contravenir el acuerdo presidencial.
El acuerdo que promovió el presidente, coloca como información de seguridad nacional lo relacionado con obras y proyectos de infraestructura.
Por lo que, senadores de oposición promovieron la controversia constitucional en contra de la decisión presidencial.
“En tal virtud, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado”, señaló Sánchez Cordero.
Conforme a los criterios de la @SCJN se concluye que el @senadomexicano carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente @lopezobrador_, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras. 1/4 pic.twitter.com/C0UILr7l4B
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) December 8, 2021
Sin embargo, la exministra de la SCJN señaló que eso no impide que el acuerdo no pueda ser sujeto a revisión judicial.
“Otros Organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional”.
Asimismo, Sánchez Cordero indicó que la presidencia del Senado representa unidad, lo que implica escuchar otras voces.
Sin embargo, destacó el respeto a los procesos legales y la toma de decisiones con sustento jurídico y no político.
El 22 de noviembre el presidente decretó que todas las obras de infraestructura de su gobierno son asunto de interés público y de seguridad nacional.
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