Para la CNDH la lentitud de los procedimientos se debe a la falta de interlocutores gubernamentales e insuficiencia de fondos, para la subsecretaria de DH de Gobernación deben admitirse los avances además de mejorar los procesos y procedimientos de atención
Regeneración, 29 de octubre de 2016.- A cuatro años de la operación del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación presentan dos visiones diferentes ante la falta de resultados.
Durante la presentación del libro “En defensa de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo”, Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH y Roberto Campa Cifrián, subsecretario de DH de la Secretaría de Gobernación, hicieron comentarios en torno a la lentitud con que se ha trabajado en el tema de los defensores de derechos humanos y de periodistas.
Actualmente la Comisión cuenta con un registro de 119 periodistas asesinados desde el año 2000; 20 desaparecidos desde 2005 y 50 atentados a medios de comunicación desde 2006, “lo que da cuenta de la gravedad de la situación y de la necesidad de establecer políticas públicas adecuadas para prevenir estas agresiones y proteger a los comunicadores y medios, así como para mejorar los resultados en la procuración de justicia”, explicó el organismo.
Respecto a defensores de derechos humanos, se han registrado 29 muertes en los últimos diez años y cuatro desapariciones desde 2009.
Al ser interrogados, el titular de la CNDH, afirma que la lentitud de los procedimientos se debe a la falta de interlocutores gubernamentales con conocimiento sobre protección y prevención de agresiones, así como insuficiencia de fondos, mientras que Campa Cifrián asegura que “deben admitirse los avances que ha tenido (el mecanismo) para mejorar los procesos y procedimientos de atención, a fin de fortalecer y continuar con la capacitación y sensibilización de los actores, y con objeto de crear políticas públicas de prevención”.
El ombudsman de la CNDH también reconoció el desconocimiento de ese instrumento por un alto porcentaje de la población beneficiada y capacidad de influencia; operatividad limitada en estados y municipios; falta de estabilidad de su personal y que los convenios de colaboración no vinculantes “disminuyen las responsabilidades de los gobiernos locales; además de que sea más oportuno en su atención y respuestas.
A su vez, Campa Cifrián, destacó que en ese instrumento de protección hay aproximadamente 501 personas, entre defensores de derechos humanos y periodistas, y que “en los últimos dos años no ha habido un incidente grave contra las personas protegidas, aunque ha habido incidentes muy graves en algunos casos que han afectado a mujeres y hombres, lo que obliga a redoblar los esfuerzos”.
Aunque ambos representantes reconocen que a cuatro años de su conformación aún faltan cosas por hacer.
En un comunicado, en instalaciones de la comisión en el Centro Histórico de la Ciudad de México, su titular asegura que el contexto actual en que esos defensores y periodistas se desenvuelven “los hace especialmente vulnerables en el desempeño de sus labores”.
El titular de la CNDH también indicó que en el proceso de construcción de una sociedad democrática, el periodismo ejerce un papel de contrapeso y abundó que quienes son objeto de amplio escrutinio mediático, “no siempre han dado muestra de tolerancia y respeto en cuanto al uso de las libertades de pensamiento, ideología y expresión ejercidas por los comunicadores, sometiéndolos a intimidaciones, amenazas y agresiones”.
Respecto a los defensores civiles expresó que inhibir y silenciar su tarea es negar la oportunidad de obtener justicia por violaciones a derechos humanos para muchas personas.
Édgar Cortez, activista y consejero del mecanismo, afirmó por su parte que se deben adecuar las normas administrativas de la Secretaría de Gobernación para adaptarlas a un mecanismo que responda de inmediato a situaciones de riesgo; crear nuevas medidas de protección, y que el Estado redoble esfuerzos para combatir la impunidad.
Finalmente, Michael Chamberlin, también consejero del mecanismo, apuntó que no hay mejor protección a defensores y periodistas que atender las causas que generan amenazas y abatir la impunidad, además “se observa una política pública fallida a nivel federal o estatal que genera un caldo de cultivo para que ello sea posible.
Con información de La Jornada