Tribunal Colegiado señala que Inteligencia Financiera no acreditó que el bloqueo de cuentas de Cabeza de Vaca fueran solicitados por autoridades internacionales
Regeneración, 28 de abril de 2022. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ordenó descongelar las cuentas bancarias del mandatario estatal de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Esto, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no acreditó que el bloqueo se dio de una solicitud de autoridades internacionales.
De acuerdo con el Tribunal Federal, las cuentas son de las instituciones bancarias Bancomer, Banregio y Banorte.
Cabe destacar que dichas cuentas fueron bloqueadas por Santiago Nieto, extitular de la UIF, bajo el argumento de que se trataba de una investigación internacional.
Lo anterior ante la sospecha de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Vaca
Por ello, el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado revocó la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, concedió la suspensión definitiva a Francisco Cabeza de Vaca.
Además, la medida prevalecerá indefinidamente en tanto se resuelva de fondo el juicio que abrió Cabeza de Vaca contra del aseguramiento de dichas cuentas bancarias.
Con esta medida, a partir de ahora, el mandatario tamaulipeco podrá realizar operaciones financieras y disponer de recursos económicos.
Congeladora
Y es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, familiares y allegados.
Entre ellas las de su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, a quien se le relaciona con la red de lavado de dinero que encabeza el gobernador de Tamaulipas.
Mismo, quien tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cabe destacar que la UIF presentó cuatro denuncias y se se hizo el congelamiento de cuentas de 37 personas físicas y morales relacionadas con el señor Cabeza de Vaca.
De acuerdo con fuentes judiciales, los agentes del Ministerio Público presentaron pruebas sobre esquemas de lavado de dinero vinculados con contratos otorgados por el gobierno de Tamaulipas.