Un tribunal del CIADI del Banco Mundial resolvió a favor de México frente a una millonaria demanda de la empresa minera Silver Bull
Regeneración, 4 de junio de 2026.– Un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones emitió una resolución unánime en beneficio de México.
El organismo internacional desestimó las reclamaciones económicas de la corporación estadounidense denominada Silver Bull Resources.
La compañía minera extranjera pretendía obtener un pago superior a los trescientos quince millones de dólares originalmente.
Sin embargo, el panel judicial ordenó a la empresa reembolsar al gobierno los gastos generados durante el juicio.
En un comunicado oficial, los voceros de la Secretaría de Economía confirmaron los detalles del dictamen emitido este año.
La dependencia federal mexicana celebró el fallo contundente que protege los recursos financieros y la soberanía de la nación.
A causa de este litigio, las autoridades nacionales coordinaron una sólida estrategia de defensa jurídica ante el Banco Mundial.
El laudo emitido ratifica que las acciones de defensa fueron exitosas frente a los reclamos comerciales de la empresa.
Origen del conflicto social en Coahuila
El litigio internacional comenzó formalmente en junio de 2023 bajo los lineamientos del Tratado de Libre Comercio.
La firma Silver Bull acusó supuestos bloqueos ilegales en sus concesiones mineras ubicadas en Sierra Mojada, Coahuila.
La empresa extranjera argumentó que una cooperativa local impidió las operaciones de su filial denominada Minera Metalín.
Según la firma demandante, las movilizaciones sociales contaron con el respaldo directo de diversos funcionarios estatales coahuilenses.
A raíz de estas acusaciones, la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional asumió la representación mexicana.
Los abogados demostraron que el conflicto social fue provocado por la propia mala gestión de la empresa minera.
Por esta razón, la Secretaría de Economía sostuvo que los servidores públicos locales intervinieron con total prudencia y legalidad.
El Estado mexicano argumentó que las autoridades de Coahuila actuaron “de manera razonable frente al conflicto social generado por la propia empresa”.
Desestimación absoluta de las quejas empresariales
El tribunal del CIADI acogió de manera íntegra los argumentos legales presentados por la representación del gobierno mexicano.
Los jueces determinaron que carecían de competencia para resolver el fondo del asunto por cuestiones de temporalidad.
El panel arbitral resolvió que los hechos presentados por la minera ocurrieron fuera del periodo permitido para análisis del tratado.
Además, la defensa demostró que la corporación estadounidense carecía de la capacidad técnica necesaria para desarrollar el proyecto.
Para lograr este resultado, el gobierno de México contrató los servicios especializados de dos reconocidas firmas legales internacionales.
La estrategia conjunta con los asesores extranjeros permitió desarticular cada una de las quejas de la minera.
Para finalizar, la Secretaría de Economía informó que el texto del laudo se publicará pronto de manera digital.
La dependencia aclaró que “el laudo se encuentra en revisión para identificar información que pueda requerir protección” antes de difundirse.
