Propuesta de Nuño tensa diálogo CNTE-SEP

En las próximas semanas se abrirá al debate de diferentes sectores sociales y empresariales la propuesta que hoy dará a conocer el secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer.

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Regeneración, 20 julio 2016.- La presentación del nuevo modelo educativo y de los planes y programas para los niveles de formación básica y media superior tensó el diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal. Los maestros advirtieron que si se concreta la estrategia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se afectarán las conversaciones.

Después de más de un año volvieron a la mesa de negociación los dirigentes de la disidencia magisterial y los subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para tratar la agenda educativa, en el contexto de una nueva etapa de diálogo con la administración federal, luego de un mes de los hechos violentos de Nochixtlán, Oaxaca.

La instalación de la mesa se prolongó casi seis horas en el salón principal de Gobernación, adonde acudieron los subsecretarios de Educación Básica, Javier Treviño Cantú; de Planeación, Otto Granados Roldán, y de Educación Media Superior; Rodolfo Tuirán Gutiérrez.

Por la CNTE asistieron casi 40 profesores encabezados por los líderes de Chiapas, Adelfo Alejandro; Michoacán, Víctor Manuel Zavala; Guerrero, Ramos Reyes, y la Ciudad de México, Enrique Enríquez Ibarra. Los acompañaron dos comisiones: la académica interinstitucional y la nacional de mediación.

Al finalizar el encuentro circularon dos versiones opuestas sobre los alcances de las pláticas. Los maestros dijeron que el diálogo avanzaba hasta que los funcionarios de la SEP informaron que hoy (miércoles) se presentaría el nuevo modelo educativo.

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Dijimos que se trataba de una maniobra de doble carril, donde ellos presentan su modelo y, por otro lado, tienen una mesita con la CNTE. Es tratar, otra vez, de dar interlocución, pero con dos carriles, donde en uno (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) sí dan, y en otro sólo buscan administrar el conflicto.

Hugo Casanova, de la comisión académica, señaló que se llegó a un momento de tensión y desencuentro debido a la incapacidad de los representantes del gobierno federal de ser un puente entre las dos posiciones y de impedir la presentación del modelo educativo. Por tanto, agregó, la mesa se cerró (aunque) no hay rompimiento.

Al finalizar el encuentro, Víctor Manuel Zavala, dirigente de la Sección 18 de Michoacán, dijo: “No hay ruptura, está el emplazamiento. Lo que puede pasar es que se presente el modelo e impongan algo que no está avalado para que se pueda retomar. Se han equivocado muchas veces, se equivocaron en pensar que la resistencia se iba a quedar en los estados, se equivocaron. No nos vamos a ir”.

Enrique Enriquez, secretario general de la Sección 9 en la Ciudad de México, dijo que “puede sonar reiterativo, pero queremos dejar claro que lo que presentamos ante las autoridades es una trayectoria del proyecto de educación que necesitan los mexicanos, no es imposición, es sentarnos en una mesa y construir, proponer y armar y que sea de consenso lo que puede salir, que contenga un plan nacional”.

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Treviño informó que se derivaron cinco puntos fundamentales, entre ellos el acuerdo para la realización de un primer foro orientado a analizar la temática de la evaluación de los docentes y en el que pudieran participar, además del gobierno federal y la Coordinadora, representantes del INEE.

Los representantes de la CNTE distribuyeron a los medios de comunicación el documento que, a su vez, hicieron llegar a los subsecretarios. En el texto, titulado Ruta del proceso de construcción del proyecto de educación democrática, la demanda fundamental es la abrogación de la reforma educativa y la exigencia de diálogo nacional.

La construcción del proyecto sólo podrá realizarse si en lo inmediato se suspende la aplicación de todas las acciones inherentes a la reforma y particularmente de la evaluación impuesta, lo que implica subraya la CNTE eliminar los obstáculos y resarcir los daños hostigamiento administrativo y mediático, sanciones laborales, ceses, restricciones pedagógicas y la criminalización de la protesta social que han constituido un retroceso en las características esenciales de una educación pública, gratuita y laica.