Diputados aprobaron reformas que protegen de agresiones y discriminación a los trabajadores de la salud durante contingencias. El dictamen pasó al Senado
Regeneración, 14 de octubre de 2020. Todo aquel que agreda a un trabajador de la salud durante una contingencia o emergencia será acreedor de una pena que alcanzará hasta los 10 años de prisión.
Así lo aprobaron el pasado martes, en lo general y lo particular, con 367 votos a favor y uno en contra, los legisladores de la Cámara de Diputados.
El dictamen protege a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud ante el panorama actual de pandemia de covid-19.
El dictamen pasa ahora a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
En detalle, el documento incorpora, dentro del delito de discriminación: «los hechos que se realicen en contra de quien tenga alguna condición laboral o desempeñe función relacionada con la mitigación de emergencias sanitarias o desastres naturales«.
Además, quien cometa algún delito en contra del personal del Sistema Nacional de Salud, «o servidores públicos que desempeñen funciones durante el tiempo que corresponda a una contingencia sanitaria, emergencia, desastre natural o cualquier circunstancia catastrófica», se le impondrá de uno a 10 años de prisión, aunados a la pena que se le determine por el delito cometido.
El dictamen ahora considera como actos de discriminación «el menoscabo de la integridad de quienes desempeñan labores relacionadas con el combate de las emergencias sanitarias».
Hay que recordar la cantidad de agresiones que los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, fumigadores, han sufrido en el contexto del nuevo coronavirus.
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Finalmente, la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega, resaltó la labor de los trabajadores de salud; «han sido la reserva en la primera línea que ha logrado la contención de esta tragedia sanitaria».