Regeneración, 14 de marzo 2014.-La Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI), radicada en España, emitió una acción urgente (AU) denunciando agresiones contra las autoridades indígenas de la comunidad zapoteca de Álvaro Obregón (AO), municipio de Juchitán, Oaxaca, ocurridas los días 2 y 3 del presente, por grupos armados presuntamente ligados al presidente municipal de Juchitán, Saúl Vicente, por no reconocer a «sus legítimas autoridades» del Cabildo Comunitario (CC), electas el pasado 8 de diciembre en un proceso de reconstitución comunitaria y para recuperar su propio sistema normativo.
Por separado, la Misión de Observación de Derechos Humanos en AO realizada el 7 de marzo por integrantes de tres organizaciones de derechos humanos sobre las citadas agresiones, informó que encontraron la comunidad viviendo «con tranquilidad»; y mencionaron que integrantes del Cabildo comunitario y otras personas tienen «temor de que se use la fuerza pública municipal, estatal y/o militar para imponer al Agente municipal que apoya el presidente municipal de Juchitán… lo cual provocaría un grave enfrentamiento, que puede generar derramamiento de sangre y que agravaría mucho más la situación».
En la Misión de Observación participaron miembros de los centros de derechos humanos “Tepeyac” del Istmo de Tehuantepec, Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” y Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” de Tonalá Chiapas.
Tanto la Misión de Observación como la CODPI exigieron respetar el ejercicio del derecho del pueblo indígena de AO a determinar sus estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos, a partir del reconocimiento del Cabildo Comunitario elegido en la Asamblea General Comunitaria el citado 8 de diciembre.
La CODPI subrayó que las agresiones citadas se han dado en el marco de la lucha indígena por recuperar su autonomía política, así como por mantener su territorio libre del conocido megaproyecto eólico del Istmo, en el que están participando varias empresas españolas.
Instó a los gobiernos federal y de Oaxaca a activar el Mecanismo Nacional de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio y castigar las agresiones en su contra.
Asimismo a reactivar las medidas de protección en favor de las personas integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, «cuya responsabilidad de implementación recae sobre el Gobierno del Estado de Oaxaca dentro de los expedientes DDHPO/CA/004/RIJ(10)/OAX/2011 y DDHPO/070/RIJ/(10)/OAX/2012 de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca».
Tanto la CODPI como la Misión de Observación exhortaron a realizar una investigación imparcial, expedita y apegada a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, para sancionar de manera ejemplar a los responsables de las agresiones cometidas contra la población de Álvaro Obregón, los días 2 y 3 de marzo.
La Misión de Observación señaló que las personas de AO «responsabilizan de cualquier agresión y sus consecuencias a las autoridades municipales de Juchitán, al gobierno del estado de Oaxaca y al Gobierno Federal, porque consideran que en ellos está la capacidad de reconocer y respaldar a las autoridades electas por la asamblea, lo que allanaría el camino para encontrar resoluciones definitivas del conflicto».
Llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que diriman sus actos de manera pacífica y dialogada para lograr la aclaración y resolución del conflicto y reprobó todo uso de violencia institucionalizada en contra de las dinámicas de construcción autónoma de los pueblos indígenas.
Información de la Jornada