Eruviel y la matanza, fracaso del Gobierno Federal

    Por Jenaro Villamil | Homozapping 

    4 de octubre de 2014.-Desde antes de que ocurriera la matanza de al menos 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, la administración de Eruviel Avila en el Estado de México “ya estaba intervenida por los nombramientos del gobierno federal en la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la procuraduría estatal y por la presencia del Ejército y la Marina en el sur de la entidad y de la Gendarmería en municipios como Valle de Bravo”, advirtió el senador y ex candidato a gobernador, Alejandro Encinas.

     Foto Agencia MVT /Beatriz Rodríguez
    Foto Agencia MVT /Beatriz Rodríguez

    “Por esta razón, no me cabe la menor duda que esta matanza es un fracaso de la intervención del gobierno federal en el Estado de México”, sentenció en entrevista con Proceso el legislador del PRD, quien desde el 9 de septiembre le pidió al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, que informara si los sucesos en Tlatlaya se trataron de una ejecución extrajudicial y no de un “enfrentamiento entre criminales”, como fue la primera versión oficial.

    El gobierno de Eruviel Avila, abundó Alejandro Encinas, “ha sido paulatinamente desmantelado desde Los Pinos. Las líneas de mando no están en la oficina del gobernador sino en el gobierno federal”.

    Desde mayo de 2014, la administración eruvielista tuvo que realizar tres cambios en su gabinete: por tercera vez en 3 años cambió de secretario general de Gobierno para nombrar a José Manzur Ocaña, un político y empresario con fuertes vínculos con Enrique Peña Nieto desde que gobernó la entidad; nombró como procurador estatal a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, cercano al poderoso subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, actualmente confrontado con su ex aliado y secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por el control de los hilos en el Estado de México.

    El tercer cambio importante realizado por Avila antes de la matanza de Tlatlaya fue el de Damián Canales Mena, quien fue jefe de Estado Mayor de la Policía Judicial capitalina durante una primera etapa de Bernardo Bátiz como procurador del Distrito Federal, y después trabajó para el gobierno de Miguel Angel Osorio Chong en Hidalgo.

    “Quien tiene el peso de las decisiones en materia de control político y de seguridad en el Estado de México es el actual secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong”, advirtió Encinas.

    Después de su comparecencia ante el Senado de la República, Encinas le envió una carta el 19 de septiembre a Osorio Chong para demandarle el esclarecimiento de las denuncias por presuntas torturas y ejecuciones sumarias de 22 personas en Tlatlaya.

    “Son inaceptables esas prácticas, ya sean cometidas por grupos delictivos, policías o por elementos de las fuerzas armadas”, advirtió el ex jefe de Gobierno capitalino en su misiva.

    “De confirmarse estos sucesos se constituirían en una de las peores ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país por elementos del Ejército mexicano, lo que no puede quedar impune, pues pone en riesgo las garantías y derechos fundamentales de los mexicanos, al tiempo que denigra el desempeño de las fuerzas armadas”, abundó Encinas.

    Hasta la fecha, Osorio Chong no le ha respondido al senador del PRD. Tampoco ha mencionado nada de los acontecimientos en Tlatlaya, a pesar de que ya ofreció sus oficios para solucionar el conflicto del Instituto Politécnico Nacional y el secuestro de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero.

    Un comentario editorial del periódico Alfa Diario, crítico del peñismo en el Estado de México, el pasado 28 de agosto, consideró que Peña Nieto pretende construir un “Maximato” en la entidad que gobernó de 2005 a 2011, a pesar de que Eruviel Avila asumió el Ejecutivo estatal.

    A Eruviel “le dejaron presupuesto y control administrativo, pero le acotaron el poder y le retiraron los candiles de los medios. Si Eruviel sigue en pie, es gracias a su enorme capacidad de resistir, de sustraerse y, ciertamente, al apoyo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que ve en el Estado de México su principal base de apoyo para competirle al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y demás adversarios, la candidatura a la presidencia del 2018. Si Eruviel cae, cae Videgaray”, interpretó Alfa Diario.

    La Matanza y sus Contradicciones

    Encinas apuntó que tras la matanza de la madrugada del 30 de junio pasado, los primeros en llegar a la bodega fueron elementos de la procuraduría estatal. Las tres primeras testigos de los hechos fueron detenidas y enviadas a un penal de alta seguridad.

    “Estamos tratando de ubicar al agente del ministerio público que les levantó su declaración a estas personas. Fue la procuraduría estatal y no la Secretaría de la Defensa quien hizo el primer resguardo del lugar. ¿Quién les avisó? ¿Qué información tomaron? ¿Tienen ellos las fotos?, ¿Fueron interrogados antes?”, se preguntó Encinas.

    Para el senador del PRD, “evidentemente hubo más de 8 militares” en la ejecución de Tlatlaya. “En un operativo militar nunca intervienen en una posición de minoría. Por lo tanto fueron más de 20 elementos del ejército. ¿Dónde están los otros?”, cuestionó Encinas.

    El ex candidato a gobernador en 2011 también subrayó que están pidiendo la identificación plena de todas las víctimas Hasta ahora, se sabe que 21 personas son provenientes de Arcelia, Guerrero, municipio también de Tierra Caliente, colindante con Tlatlaya.

    La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos en México ya demostró que los disparos se realizaron a una distancia entre 20 y 40 centímetros, es decir, se trató de fusilamientos, lo cual explica las manchas de sangre que quedaron en las paredes. “Evidentemente, modificaron la escena del crimen”, abundó Encinas.

    Las versiones del gobierno de Eruviel Avila han sido contradictorias y contrastantes, hasta antes de que el mandatario estatal decretara el 1 de octubre que no haría más declaraciones sobre la matanza de Tlatlaya, como si no hubiera ocurrido en la entidad que gobierna.

    El 1 de julio, horas después de la matanza, Eruviel Avila agradeció al Ejército Mexicano porque “tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar resultó herido, pero el Ejército en su legítima defensa, actuó y abatió a los delincuentes”.

    La versión de la Comandancia de la 22/a Zona Militar, a través de su comunicado de prensa del 30 de junio, habló de un “enfrentamiento” con 21 hombres y una mujer, “todos ligados al crimen organizado” y de la liberación de tres mujeres secuestradas, “las cuales fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes en calidad de presentadas”

    A un mes de la matanza del 30 de junio, hubo otra balacera el 30 de julio, también en Tlatlaya, donde 4 hombres resultaron heridos. Las víctimas señalaron a la prensa local que un grupo de hombres “con vestimenta militar” les disparó en un camino hacia la ranchería de San Pedro Limón, mismo sitio de la ejecución extrajudicial.

    La procuraduría estatal no ha informado, hasta ahora, de los sucesos del 30 de junio ni los del 30 de julio, en la misma zona donde el 4 de febrero de este año se anunció la creación de grupos de autodefensa con integrantes del Frente Popular Campesino Francisco Villa.

    “Hoy reitero la disposición del gobierno del Estado de México para atender cualquier requerimiento de las autoridades referidas así como de los tribunales militares o civiles. Sin embargo, por la relevancia del asunto, el tema sólo se ventilará ante los tribunales requeridos exclusivamente”, afirmó Eruviel Avila el 1 de octubre.
    ¿Autodefensas o Guerrilla?

    Luis Enrique Granillo, vocero del Frente Popular Campesino Francisco Villa, declaró el 4 de febrero que el nuevo grupo de autodefensa pretende atender la seguridad en Amatepec, Luivanos, Tejupilco, Tlatlaya y otras demarcaciones de la misma región del sur de la entidad, donde tienen presencia célular de La Familia Michoacana,

    Los Caballeros Templarios y el cártel Jalisco Nueva Generacion.

    “Se pretende cercar toda la zona desde Amatepec hasta los límites de Michoacán y estaremos revisando los automóviles, respetando los derechos humanos, pero no dejaremos pasar a ningún grupo criminal a esta región”, afirmó Granillo a Alfa Diario.

    Un año antes, en febrero de 2013, el mismo Granillo fue víctima de un “levantón” junto con otros cuatro integrantes del Frente Popular Campesino. En ese entonces, el vocero dijo que la intención del grupo de autodefensa del sur mexiquenese era la creación del estado número 33, integrado por 37 municipios de tierra caliente que actualmente están en los estados de México, Guerrero y Michoacán.

    En distintos medios locales se ha especulado sobre la posibilidad de que los ejecutados en Tlatlaya fueran integrantes de un nuevo grupo guerrillero, presuntamente ligadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación Popular (FAR-LP) o a grupo de autodefensas. Ninguna de las dos versiones han sido confirmadas.
    Alejandro Encinas admite que existe “movimiento separatista caletano”, como se le llama a los habitantes de la llamada Tierra Caliente del Estado de México, Guerrero y Michoacán.

    Cónclave de Priistas

    Otro suceso extraño ocurrió a unas cuantas horas después de la peor matanza extrajudicial ocurrida en el país.

    Durante más de ocho horas, en la Casa Estado de México, de Toluca, se reunieron 21 gobernadores priistas, encabezados por el propio Eurivel Avial, con los secretarios del gabinete peñista Miguel Angel Osorio Chong y Luis Videgaray, así como el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. Estuvo presente el dirigente nacional del tricolor, César Camacho. Y al final, llegó “sorpresivamente”, el primer mandatario Enrique Peña Nieto.

    La reunión se realizó a puerta cerrada, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apostados sobre Paseo Colón, sede de la residencia oficial de gobierno.

    Las versiones oficiales indicaron que el encuentro fue para hacer una “pausa en el camino”, a dos años de que el PRI recuperara la presidencia de la República.

    Los gobernadores y los integrantes del gabinete peñista analizaron la infraestructura regional y la ejecución de las reformas estructurales de las entidades gobernadas por el PRI, según las mismas versiones oficiales.

    Las versiones extraoficiales indican que no sólo se habló del retorno del PRI a la presidencia de la República, sino del principal desafío que enfrentarán en los comicios federales del 2015: la creciente inseguridad en las distintas entidades gobernadas por el tricolor y, sobre todo, en el Estado de México.

    Tres meses después de ese cónclave que duró hasta las 23:30 horas, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ubicó al Estado de México como la entidad con mayor número de delitos en 2013.

    El 92.6 por ciento de sus habitantes consideran al Estado de México como inseguro; el 58.1 por ciento percibe a la inseguridad y a la delincuencia como el problema más importante, seguida por el desempleo (46.1 por ciento) y el aumento de precios (37.7 por ciento).