Las denuncias que presentó la UIF a la FGR en contra del expresidente, Enrique “N”, fueron por diversos delitos del fuero federal.
Regeneración, 2 de agosto del 2022. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación en contra de Enrique “N”.
A través de un comunicado, se señala que la investigación se realizó luego de las denuncias que se presentaron a las autoridades hacendarias; mismas que “se está integrando a una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”.
Por lo que, ya se solicitó los dictámenes periciales, hacendarios y fiscales para el exgobernador del Estado de México.
Una de las carpetas que se inició el 7 de julio del 2022 en contra del expresidente, fue por la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Fue a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que se hizo del conocimiento al Ministerio Público hechos presumiblemente delictivos.
El titular de la UIF, Pablo Gómez, indicó en la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que se detectaron operaciones del expresidente, por 26 millones de pesos.
Las transacciones irregulares se hicieron entre 2019 y 2021, a través de un familiar consanguíneo de Enrique «N».
Sin embargo, el exmandatario indicó en su cuenta de Twitter que todo su patrimonio era legal, y estaba a disposición de las autoridades para aclarar la situación.
Peña Nieto es señalado de enriquecimiento ilícito
El 2 de marzo del 2020 se inició la carpeta de investigación contra Enrique “N” por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
Pues se indica que entre el 2012 y el 2018 el expresidente tuvo un crecimiento sustancial de su patrimonio, lo cual no concuerda con sus ingresos.
El 23 de mayo del 2017 se inició la tercera carpeta de investigación contra Enrique «N»; por la presunta colusión o peculado del exgobernador a favor de la empresa OHL MÉXICO S.A.B. de C.V.
Y es que, durante su paso por el Gobierno del Estado de México, otorgó una concesión ilegal para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario.