La familia también exigió la desmilitarización de la zona y territorios del pueblo lenca, el respeto a la autoridad autónoma territorial y la forma de autogobierno de las comunidades lencas, eligiendo al Copinh como organización responsable de su autonomía comunitaria.
Regeneración, 10 de marzo del 2016.-Familiares de Berta Cáceres, líder indígena defensora de los recursos naturales de Honduras, asesinada la semana pasada, exigieron hoy la cancelación inmediata de la concesión que el gobierno hondureño otorgó a una empresa para construir un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista, hoy fallecida.
En un comunicado leído en Tegucigalpa, Berta Zúñiga, hija mayor de Berta Cáceres, se exige que se cancele de manera inmediata y definitiva la concesión a la empresa DESA para el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, en el occidente hondureño.
Este proyecto ha sido, afirmaron los familiares de Berta, la fuente principal de las amenazas, , la persecución y la agresión contra la comunidad lenca de Río Blanco y las personas integrantes del Copinh, (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), subraya el comunicado, que considera a la hidroeléctrica “un peligro permanente para nuestra seguridad.”
También se pidió que se suspendan de manera inmediata todas las concesiones que han sido otorgadas dentro del territorio del pueblo lenca.
Todas las empresas que promueven proyectos de energía en la región donde habita la etnia lenca, “son la principal fuente de amenazas y agresiones contra los indígenas.
Indígenas, familiares de Berta y miembros del Copinh, han sido objeto de amenazas de hostigamiento y persecución por parte de agentes estatales y no estatales. Las acciones aumentaron cuando entró en funcionamiento el proyecto hidroeléctrico de agua Zarca ejecutado por la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA)en territorio de la comunidad lenca.
Las amenazas, afirman, fueron denunciadas públicamente, “sin embargo, no se adoptaron medidas efectivas de protección, no se investigaron ni hubo voluntad política para escuchar la voz del pueblo lenca que demanda respeto a su territorio y su dignidad.”
Es por esto que la familia de Cáceres considera su asesinato como un crimen de estado y exige justicia además de que se respete la memoria de la ambientalista.
La familia también exigió la desmilitarización de la zona y territorios del pueblo lenca, el respeto a la autoridad autónoma territorial y la forma de autogobierno de las comunidades lencas, eligiendo al Copinh como organización responsable de su autonomía comunitaria.
Otra de las demandas es que se ponga en ejecución “en forma inmediata la Ley de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos” con “todos los recursos que se requieran para una aplicación efectiva” de sus funciones.
Se solicitó, además, una reunión urgente con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández.