México por anular laudo en favor de empresa que pretendía remover fondo marino para sacar fosfatos -y contaminar con metales pesados- el Golfo de California
Regeneración, 19 de septiembre de 2024. El gobierno de México impugnará fallo a favor de proyecto minero en Baja California Sur, esto ya que la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes.
Lo anterior informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por medio de un comunicado.
México dice no
Cabe destacar que se indica que durante el arbitraje internacional, México demostró que la empresa no cuenta con experiencia para la extracción de arenas fosfáticas del fondo marino.
Además, no se permitirá el desarrollo de proyectos que atenten contra nuestros recursos naturales.
El Gobierno de México, a través de las secretarías de Economía y de Medio Ambiente desaprueba el fallo emitido de manera no unánime por un tribunal internacional.
Y mismo que es administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Asimismo, anuncia que buscará anular el fallo ante las cortes competentes.
Proceso por la vida
Después de más de dos años de haber finalizado el procedimiento, el pasado 17 de septiembre finalmente la mayoría del tribunal emitió el laudo a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration.
La cual, obliga a nuestro país a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares por haber negado el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur (BCS).
Esta cifra representa alrededor del 1.18 % del monto que la empresa originalmente reclamó en el arbitraje.
Entre 2016 y 2018, la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”.
Por lo que la empresa Odyssey inició un arbitraje internacional en contra de México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Horror en México
Asimismo se destaca que la obra programada en el Golfo de Ulloa, en BCS, contaba entre sus socios a Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira.
E incluso que consistía en un dragado marino, a una distancia de 12 millas marinas (22 mil 224 m) del punto más cercano a la costa en un área de 61 mil 989.2 hectáreas.
Esto, con el fin de extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte.
En el proceso de arbitraje México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas gris y azul, y lobos marinos, entre otros.
Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos.
Además, se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo.
Tribunal chueco
Por otra parte, las dependencias federales de México consideran que el Tribunal dio un peso desproporcionado a las declaraciones de dos exdirectivos de Semarnat presentados como testigos.
Lo anterior, por parte de Odyssey, quienes declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y no científicas.
Por su parte, la defensa de México demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal.
Entre los tres árbitros hubo una postura disidente, el cual criticó que:
“Las preocupaciones ambientales razonables y serias de México fueron ignoradas deliberadamente por la mayoría del tribunal”.
Además, concluyó: no puedo dejar de expresar la opinión de que este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos.
Defensa
Debido a las serias deficiencias de la resolución, y considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. Asimismo, el Gobierno de México hará valer todos los medios de defensa posibles.
El Gobierno de México reitera que no permitirá que se sigan priorizando proyectos que favorezcan a grupos minoritarios en detrimento de nuestros recursos naturales y defenderá en todo momento su soberanía por el bien de todas y todos los mexicanos.
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