Ministro que se opone a consulta contra expresidentes es cercano a Calderón

Aguilar señaló que en caso de que se lleve la consulta y se determine enjuiciar a los expresidentes, se ordenará a las autoridades a no cumplir sus obligaciones. 

Regeneración, 24 de septiembre del 2020.El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales. Quien busca declarar como inconstitucional la consulta para enjuiciar a los expresidentes.

Y es que, de acuerdo con Aguilar, los derechos humanos reconocidos en la Constitución y por tratados internacionales deben de ser protegidos.

Pues esos derechos “puedan ser políticamente incómodos o socialmente cuestionables y no pueden restringirse, ni siquiera si la mayoría de las personas que voten en una consulta popular lo estimaran así”.

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Aguilar Morales llegó a la SCJN el 1 de diciembre del 2009, postulado por el presidente Felipe Calderón, uno de los mandatarios que la ciudadanía pide enjuiciar.

Aguilar abordó en 43 páginas cada uno de los puntos que el presidente López Obrador presentó como sustento para enjuiciar a los ex presidentes.

De acuerdo con el ministro la inconstitucionalidad del proyecto se finco en el artículo 35 constitucional.

Dicho artículo señala: “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”.

Aguilar señala que la consulta contiene violaciones a los derechos humanos

De acuerdo a Aguilar la propuesta de consulta popular contiene múltiples violaciones constitucionales.

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En uno de los puntos para oponerse a la consulta, es comparar la imparticion de justicia con la esclavitud.

Pone como ejemplo el preguntar si el pueblo mexicano está a favor o no en permitir la esclavitud. Ya que señala que esas cuestiones no son consultables.

Adelantó que en caso de llevarse la consulta y el resultado determine que se enjuicie a los ex presidentes, se ordenará a las autoridades competentes a no cumplir sus obligaciones de investigar, perseguir y sancionar los delitos.

Esto aún cuando en el futuro aparezcan pruebas que hicieran presumir su responsabilidad de los acusados.