Cámara de Diputados recibió una solicitud de juicio político contra la gobernadora Maru Campos por permitir operativos de agentes extranjeros
Regeneración, 26 de mayo de 2026.– La Cámara de Diputados federal recibió una solicitud formal para iniciar un juicio político en contra de una mandataria estatal.
El recurso legal va dirigido directamente contra la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, conocida públicamente como Maru Campos.
La presidenta de la mesa directiva de la cámara baja confirmó la recepción del documento emitido por la vía oficial.
Las autoridades legislativas deberán revisar el expediente para determinar si la acusación cumple con los requisitos legales fundamentales establecidos.
A propósito de este trámite legislativo, el documento recibido en el recinto parlamentario deberá cumplir con una fecha límite estricta.
La ratificación de la denuncia ciudadana tendrá que realizarse a más tardar el próximo viernes 29 de mayo del presente año.
La presidenta de la mesa directiva de los diputados, Kenia López Rabadán, detalló los pasos que seguirá este proceso constitucional.
La legisladora federal destacó puntualmente ante los medios informativos que el expediente respectivo “deberá ser ratificada a más tardar el próximo 29 de mayo”.
Acusaciones de Morena y soberanía nacional
En consonancia con el origen de la denuncia, la petición legal fue promovida por una comitiva de legisladores de oposición.
Un grupo integrado por once diputados locales del partido Morena en Chihuahua suscribieron la queja contra la mandataria panista.
Los denunciantes acusan a la gobernadora de violar las leyes federales vigentes que regulan la seguridad nacional del país.
La bancada guinda argumenta que la administración chihuahuense vulneró los acuerdos institucionales y las normas constitucionales de la república mexicana.
Más allá de los detalles administrativos, el fondo de la acusación señala una supuesta injerencia internacional no autorizada en el estado.
El partido oficialista sostiene que la gobernadora permitió la operación de agentes extranjeros armados dentro de la demarcación territorial norteña.
Dicha intervención exterior ocurrió presuntamente durante el desarrollo de un operativo especial coordinado en contra de la delincuencia organizada.
Esta supuesta falta motivó a los representantes populares a exigir la destitución e inhabilitación inmediata de la titular del poder ejecutivo.
