El Senado alista la Ley General contra el Feminicidio para homologar su sanción en todo el país. El dictamen estará listo en agosto
Regneración, 29 de julio de 2026.– La Comisión para la Igualdad de Género aprobó la ruta crítica para analizar la nueva Ley General contra el Feminicidio.
El calendario legislativo establece que la elaboración del dictamen final ocurrirá entre el 25 y el 30 de agosto.
La meta central contempla tener la propuesta lista para el inicio del periodo ordinario el primero de septiembre.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca unificar la investigación y sanción de este delito en todo el país.
Actualmente existen profundas diferencias de criterios jurídicos dentro de los 32 códigos penales de las entidades.
Estas discrepancias normativas provocan que los asesinatos de mujeres por razones de género no se acrediten ni castiguen de manera uniforme.
Las autoridades parlamentarias iniciaron el proceso formal tras recibir la propuesta ejecutiva el pasado 23 de julio.
El equipo técnico efectúa un análisis jurídico profundo para garantizar congruencia con los tratados internacionales.
Asimismo, el personal legislativo examinará las mejores prácticas jurisprudenciales para fortalecer el marco constitucional mexicano.
Al respecto, la presidenta de la comisión, Martha Lucía Micher, explicó: “se busca construir una legislación sólida, eficaz y acorde a las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano”.
Erradicación de la disparidad territorial en el acceso a la justicia
La aplicación de leyes locales heterogéneas genera un escenario de vulnerabilidad jurídica para los familiares de las víctimas.
Las diferencias entre los códigos estatales provocan que las sanciones penales varíen drásticamente según la ubicación geográfica.
Esta situación afecta gravemente los principios constitucionales de igualdad y acceso oportuno a la justicia.
La Presidencia de la Mesa Directiva criticó la existencia de 32 miradas legales distintas frente a la violencia feminicida.
Las autoridades consideraron inadmisible que la protección de las mujeres dependa del territorio donde ocurra el crimen.
El nuevo ordenamiento legal unificado resolverá vacíos institucionales para garantizar juicios equitativos en toda la República.
Por ello, el órgano legislativo habilitará un micrositio digital para recibir propuestas ciudadanas.
El espacio virtual captará observaciones formuladas por colectivos sociales, especialistas e instituciones públicas.
Además, los legisladores sostendrán una mesa de diálogo sobre reparación del daño el próximo 18 de agosto.
En palabras de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, la disparidad penal representa: “una lotería territorial de la justicia, lo que es inadmisible en un Estado federal que se reclama garante de la igualdad ante la ley”.
Proceso participativo y metas de aprobación en el Congreso
Los insumos recopilados en las audiencias públicas se sistematizarán entre el 18 y el 24 de agosto.
La sistematización técnica permitirá incorporar las demandas prioritarias de las organizaciones de la sociedad civil.
Posteriormente, las comisiones unidas redactarán la versión final del proyecto de ley integral.
La bancada mayoritaria confía en lograr la aprobación definitiva antes del 25 de noviembre.
La fecha límite coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El aval correspondiente requerirá el respaldo previo de la Cámara de Diputados y de Senadores.
Las reformas estructurales buscan establecer un protocolo homogéneo de investigación para las fiscalías estatales.
La ley general fijará estándares claros para prevenir, sancionar y reparar las agresiones extremas.
Con este avance normativo, el Congreso pretende saldar una deuda histórica con las mujeres mexicanas.
