Tribunal confirma, Revolución Ciudadana suspendida. No podrá registrar candidatos a elecciones locales 2027. Persecución política de Noboa
Regeneración, 11 de marzo de 2026. El partido Revolución Ciudadana (RC) liderado históricamente por el expresidente prácticamente fuera de la contienda electoral.
Y es que el TCE ordenó la suspensión del movimiento por nueve meses como medida provisional en investigación por presunto lavado con fondos de campaña en las elecciones de 2023.
La directiva de la RC, encabezada por Luisa González y Gabriela Rivadeneira, denunció «persecución política».
Al tiempo que anunciaron acudirán a instancias internacionales como la [Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)]
Los asambleístas de la RC han presentado denuncias contra funcionarios del actual gobierno de Daniel Noboa, incluyendo una notitia criminis contra Diana Jácome.
Tribunal
Cabe destacar que el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Joaquín Viteri desestimó el pedido de nulidad que hizo Gabriela Rivadeneira.
Misma, presidenta electa de la Revolución Ciudadana (RC), sin embargo el juez electoral resolvió tener por no presentado el pedido.
Esto, por falta de legitimación de Gabriela Rivadeneira para actuar en representación del movimiento Revolución Ciudadana.
Lo anterior, bajo el argumento de que la representante de RC sigue siendo Luisa González, debido a que el órgano electoral lleva 8 semanas sin formalizar el cargo, pese a todas las denuncias.
Así un órgano niega la representación y otro ratifica la negación.
Opina
Por otra parte, se destaca lo publicado por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR).
Mismo que condena la prohibición, ya que «coincide exactamente con el cronograma de registro de candidatos en las elecciones locales de 2027, lo que impide efectivamente que el partido participe en el proceso electoral.
«El gobierno del presidente Daniel Noboa, quien cuenta con el fuerte respaldo del presidente Trump, está tratando de acelerar la destrucción de lo que queda de la democracia en Ecuador».
Así dijo el codirector del CEPR, Mark Weisbrot.
Señalan que «la democracia ha estado bajo ataque» desde la presidencia de Lenín Moreno (2017-2021), con exclusión de partidos, la persecución por la guerra legal, el encarcelamiento o el exilio forzado de opositores políticos.
Así como la reiterada asunción por parte de Noboa de poderes de ‘emergencia’ y otros abusos que han desmantelado las libertades civiles”, dijo Alex Main, Director de Política Internacional del CEPR.
Dato
Luego de explicar la nueva alianza de Trump, Escudo de las Américas, señala:
“Aunque Trump ya ha reclutado, y en algunos casos ayudado a llevar al poder, a unos 13 gobiernos de la región…
«…El 60 por ciento de la población de América Latina, una sólida mayoría, aún vive en países gobernados por personas que buscan preservar y expandir la democracia y elevar el nivel de vida de la mayoría y los pobres”, dijo Weisbrot.
“Estos son Brasil, Colombia y México, que combinados también tienen el 64 por ciento del PIB de la región.
“La coalición de derecha de Trump tiene solo el 22 por ciento de la población de la región y el 25 por ciento de su PIB”.
Hilar
A fines de enero, Alarcón inició una investigación de lavado de dinero alegando que la RC recibió fondos de campaña “de Venezuela” durante las elecciones anticipadas de 2023.
Pero el caso depende en gran medida del testimonio de un testigo clave que está a punto de ser juzgado por cargos de abuso sexual infantil.
Mismo que, según se informa, ha recibido un trato preferencial dentro del sistema penitenciario.
Al emitir la suspensión, el juez no se pronunció sobre el fondo de la denuncia de Alarcón. Afirmando, en cambio, que la medida constituía un conjunto de medidas «provisionales» contra el partido.
Además, el alcalde del RC de la ciudad más grande de Ecuador, Guayaquil, fue arrestado en febrero en un caso separado iniciado por Alarcón.
E incluso, el alcalde, un crítico abierto del presidente Noboa, recientemente trasladado a una prisión de alta seguridad en condiciones brutales.
Tan solo dos días después, un juez electoral ordenó la suspensión del partido por nueve meses. Sin darle al RC la oportunidad de presentar una defensa.
Medidas que ponen de relieve la redoblada campaña de persecución política en curso en Ecuador.
