En 2018 asesinato de al menos 4 ambientalistas en México: Guadalupe Campanur, Manuel G. Rodríguez, Miguel Vázquez y Adrián Tihuilit
Regeneración, 2 de junio del 2018. Desde julio de 2016 y hasta diciembre de 2017 ocurrieron ocho agresiones contra personas, comunidades u organizaciones defensoras del medio ambiente en Puebla, con lo que la entidad se ubicó como la segunda del país con más casos de este tipo, solo después del Estado de México donde hubo 10 ataques, según la el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental dado a conocer en este año.
Lo anterior fue señalado en un pronunciamiento de organizaciones de la Sierra Norte de Puebla, quienes se movilizaron en Cuetzalan.
En lo que va de este año en el país al menos se han registrado el asesinato de 4 defensores de la tierra y el territorio. Guadalupe Campanur, el compañero Manuel Gaspar Rodríguez, Miguel Vázquez y el pasado miércoles, Adrián Tihuilit.
Ante la insistencia de instancias internacionales de derechos humanos en su preocupación por el papel que ha jugado el estado mexicano en cuanto al trato para con los defensores de derechos humanos, las autoridades mexicanas han sido omisas.
No terminan de comprender las autoridades mexicanas en todos los niveles, que el ejercicio de los derechos humanos debe pasar de ser una mera declaración a la posibilidad de proporcionar un ambiente de libertad y de igualdad y cumplir con ellos con principio básico de garantizar la dignidad del ser humano a través de respetar ciertos derechos mínimos que le son reconocidos a los individuos en su sola condición de seres humanos.
La sierra norte del estado de Puebla es una de las más ricas en cuanto a diversidad bilógica y cultural del estado, a raíz de la reforma energética y de la política de despojo e imposición que han promovido las autoridades en su tres niveles de gobierno desde 2013, igualmente la sierra norte ha sido parte del estado más afectada en cuanto a concesiones mineras.
Señalaron que se trata de el equivalente al 28% del territorio poblano, proyectos hidroeléctricos (8 con algún tipo de permiso), fracking (10 mil 92 pozos proyectados) y otros proyectos de infraestructura para el desarrollo de empresas nacionales y extranjeras, según información de la organización PODER, (www.colaboratorio.org) y Jaime Patiño Ruíz, ex presidente de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros
Ante dicha visión del estado mexicano, han sido las comunidades indígenas y campesinas principalmente quienes se han organizado para hacer valer su voz y para defender su territorio.
La lucha no ha sido fácil, y en medio de ella las propias empresas promoventes de distintos proyectos y las autoridades principalmente han suscitado la compra de conciencias, la división y confrontación de las comunidades, han permitido y promovido el aumento de la delincuencia organizada, han intentado en innumerables veces desmovilizar y desorganizar a las comunidades.
Ahora también de manera sistemática se ha dado el hostigamiento y criminalización de las organizaciones y personas defensoras que han tomado la responsabilidad de caminar del lado de las comunidades, y de pasar de amenazas, seguimientos, robos, atentados de muerte, del uso de la ley con fines coercitivos, al haber asesinado ya a 2 compañeros de 2014 a la fecha.
El compañero Antonio Esteban Cruz, asesinado el 4 de junio de 2014, a orillas del río Apulco, donde de haberlo permitido, el día de hoy estarían ganando millones de pesos a costa de las comunidades las empresas; el compañero Manuel Gaspar Rodríguez asesinado en donde de haberlo permitido, el día de hoy estaría posiblemente en funciones la subestación y la línea de alta tensión de Cuetzalan.
Los asesinatos de los compañeros se dan en ambos casos, en el contexto de la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, de la defensa de su territorio y su cultura, ambos casos también están en espera de alcanzar la verdad y la justicia.
La lucha contra los megaproyectos ha sido una tarea de varias organizaciones indígenas y campesinas en la sierra nororiental con diferentes métodos y formas de lucha, pero todas con el interés genuino de evitar la imposición de megaproyectos de muerte.
Ante la situación que ahora atravesamos, a las comunidades indígenas y mestizas les decimos, que hoy más que nunca, es importante refrendar nuestro compromiso por la defensa del agua, la tierra, el territorio y la vida, que es importante redoblar esfuerzos para continuar con la lucha informada y organizada de nuestras comunidades. No obstante la coyuntura electoral, nuestras comunidades deben continuar unidas en la defensa de nuestro territorio.
A las autoridades competentes, les hacemos un enérgico llamado a:
Atender las necesidades de nuestras comunidades indígenas y campesinas y dejar de promover los intereses económicos y políticos de empresas nacionales y extranjeras que asedian el territorio de la sierra norte.
Realizar lo conducente para procurar verdad y justicia para el compañero Manuel Gaspar Rodríguez y el compañero Antonio Esteban Cruz.
Castigo a los asesinos materiales e intelectuales del asesinato del compañero Manuel Gaspar Rodríguez y el compañero Antonio Esteban Cruz.
Adopten medidas urgentes para cesar la criminalización en contra de organizaciones sociales y/o personas defensoras del derecho al territorio, el agua y los bienes comunes y de todos aquellos actores que por medio de la lucha y de la protesta social exigen el respeto de sus derechos y su garantía, en especial de los integrantes del MIOCUP, de la CNPA MN, de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, y de las organizaciones integrantes del Consejo Tiyat Tlalli.
Y las peronas que han sido indiciados en las carpetas de investigación de la CFE (Álvaro Aguilar Ayón, Alfredo Guerrero Santos, Francisco Jiménez Pablo, Rufina Edith Villa Hernández, Nazario Diego Tellez y Luis Enrique Hernández Lomelin) por defender el derecho de la autodeterminación de las comunidades y el Ordenamiento Ecológico Territorial Integral de Cuetzalan.
A la Fiscalía General del estado de Puebla:
- Que garantice una investigación seria, efectiva, eficaz e imparcial y que lleve a cabo por todos los medios disponibles y en el marco de su deber de debida diligencia todos los actos de investigación necesarios a fin de que haya un esclarecimiento exhaustivo de los hechos, orientado a la determinación de la verdad, captura y enjuiciamiento de los responsables, acorde con el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad y obtener justicia.
- Que las líneas de investigación no desvirtúen el vínculo de su asesinato con su labor como activista y defensor de los derechos humanos, principalmente del derecho al territorio.
- Que las líneas de investigación incluyan el posible vínculo de su asesinato con los intereses afectados de Minera Autlan, de la Comisión Federal de Electricidad y del presidente municipal de Cuetzalan del Progreso, Oscar Paula Cruz, al detenerse proyectos como; El Areton, la “Línea de Alta Tensión Cuetzalan entronque Teziutlán II Tajín” y al cancelar la actividad del “relleno sanitario” intermunicipal de Cuetzalan.
Atentamente:
Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (MIOCUP, CNPA MN); Consejo Tiyat Tlali; Unión de Cooperativas Tosepan; Consejo Maseual Altepejtapianij; Frente Indígena Campesino de México; Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban
