El Alto Comisionado de recopiló en un informe graves violaciones a derechos humanas tras la desaparición de los normalistas.

Regeneración, 15 de marzo de 2018.- Toques eléctricos en genitales, pezones y ano; penetración anal de hombres detenidos, amenazas de violación sexual de familiares, golpes, asfixia, ahogamiento, entre otros tipos de tortura sufrieron varios de los detenidos por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, señaló la ONU.

De todas las personas procesadas por el caso Ayotzinapa, en al menos 34 casos se puede probar tortura, indicó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Al revisar los exámenes médicos practicados a los detenidos, la ONU-DH halló hematomas, equimosis, costras hemáticas y excoriaciones. “De acuerdo al Protocolo de Estambul pueden correlacionarse con actos de tortura”. En dos casos, los médicos pidieron a la Fiscalía trasladar a sus detenidos a un hospital. Uno de ellos fue Raúl Núñez Salgado, un supuesto operador financiero de Guerreros Unidos, a quien le contabilizaron más de 30 lesiones externas que le dejaron problemas para caminar.

Expertos del organismo internacional publicaron Doble Injusticia, un informe de 65 páginas que recopila, verifica y analiza las violaciones a derechos humanos cometidas en la gran etapa de la pesquisa, de septiembre de 2014 a enero de 2016.

Naciones Unidas revisó expedientes judiciales y se entrevistaron con testigos, abogados y autoridades del caso, y hallaron un “patrón consistente de violación de derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme”.

Se trata de detenciones arbitrarias, tortura y la posterior transferencia al Ministerio Público, de los detenidos por el caso.

“La ONU tiene fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”, dice el texto.

Todos los casos analizados sucedieron después de que la PGR atrajo el caso y lideró la investigación, de la que más tarde difundió la “verdad histórica”, ampliamente cuestionada por expertos nacionales e internacionales.

Las afirmaciones documentadas por el Alto Comisionado ponen en duda las declaraciones con las que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha construido uno de sus casos más relevantes. Los dichos autoinculpatorios, espontáneos y las evidencias, obtenidas bajo tortura, «no han sido excluidas como pruebas por parte de las autoridades judiciales». La ONU arroja luz sobre la noche de Iguala, que casi cuatro años después, no termina de clarear.

Vía el País.