Comuneros destacan que en varias ocasiones han denunciado las agresiones verbales y amenazas por sujetos a quienes les pagaron para tal fin.

Regeneración, 21 de enero de 2018.- En los municipios de Acacoyagua y Escuintla, en el estado de Chiapas, comuneros por medio de una asamblea ejidal prohibieron 21 concesiones mineras en esas regiones, pues causan una fuerte contaminación al aire, tierra y además destruyen caminos, así lo difundió la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS).

A través de una carta de ejido y una más de bienes comunales, la mayoría de los comuneros de los dos municipios lo avalaron y refieren la “prohibición de la actividad minera dentro de estos dos núcleos agrarios, y del paso de transportes de carga en nuestros caminos porque queremos protegerlos del deterioro”.

De acuerdo con información publicada por el diario La Jornada, en el municipio de Acacoyagua comuneros acordaron que como parte de ejercer sus derechos agrarios, “a partir de este momento está prohibido el paso de todo tipo de transporte de las empresas mineras sobre toda superficie ejidal, con la finalidad de conservar el uso adecuado de nuestros caminos que con tanto sacrificio hemos logrado”, establecieron el comunicado de la Rema.

Además los campesinos de sus territorios están siendo amenazados por las 21 concesiones mineras que ha otorgado el Gobierno Federal, en dicha región de Chiapas. Una de éstas corresponde a la mina Casas Viejas, en posesión de la empresa El Puntal SA de CV, de donde extrae ilmenita desde 2012 y “cuyos camiones de carga dañaron nuestros caminos”.

Cabe resaltar que desde septiembre de 2016, el FPDS mantiene dos campamentos en Acacoyagua para impedir actividades mineras en esa región de la Sierra Madre de Chiapas.

El comunicado que fue publicado el pasado 17 de enero indica que “las actas fueron firmadas después de una sesión extraordinaria de cabildo, el 24 de agosto de 2017, para ratificar dos compromisos”.

En el primero, el ayuntamiento hizo la promesa de no permitir la contaminación de los ríos, “independientemente de cuál sea su origen, para así preservar la flora y la fauna del municipio”. El segundo, “a no extender ningún permiso ni licencia para la actividad minera en el periodo de la administración 2015-2018 en Acacoyagua”.

Dichos compromisos, dicen, “nos alentaron a pensar que contábamos con un mutuo acuerdo de parar los atropellos de la empresa en el territorio y la colaboración de las autoridades municipales para el respeto de nuestras designaciones comunitarias”.

A pesar de ello, “esos acuerdos han sido transgredidos por la minera El Puntal. Para nosotros son de extrema preocupación las estrategias de división, cooptación y difamación que la firma aplica y financia para frenar nuestro trabajo en defensa del territorio”.

También destacan que en varias ocasiones han denunciado las agresiones verbales y amenazas por sujetos a quienes les pagaron para tal fin, cometidas el año pasado.

El 31 de julio del año pasado, un grupo que encabezó el empresario Julio Alfaro, y que esta vinculado a El Puntal “nos atacó en uno de nuestros campamentos; el 4 de agosto, el mismo grupo se manifestó en contra de nosotros frente al palacio municipal de Acacoyagua cuando solicitábamos una reunión con el cabildo”.

PAGAN A EL DIARIO DEL SUR

En cuanto a la campaña de difamación, denuncian que en 2017 “operadores de la minera pagaron al periódico local El Diario del Sur para que publicaran al menos 16 artículos en los que acusan a varios integrantes del FPDS de ‘secuestrar al municipio’”, además de extorsionar y de no permitir el desarrollo en la región, para desacreditar la lucha justa y colectiva de nuestra organización en favor del bien común.

Además, la minera “invierte en la formación de grupos que amenazan al comité de aguas de la ranchería Jalapa en Acacoyagua, e intervienen en los grupos de programas federales de Prospera para convocar a actividades de la empresa”, refiere el comunicado.

Debido a lo anterior, “exigimos al ayuntamiento de Acaoyagua que respete y haga respetar nuestras actas de asamblea y no permita más minería en la región. Exigimos que cancele la actividad minera de El Puntal SA de CV por no contar con la licencia requerida para realizar actividad económica en el municipio”.