El borrador de la Ley General de Aguas que entrega el agua a mineras, petroleras y a empresas privadas, fue elaborado por el diputado priista José Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.
Regeneración, 29 de enero de 2018.- Enrique Peña Nieto quiere cerrar su gobierno entregando el bien más preciado de México: el agua. Sin agua no hay vida y quien tenga el control del líquido vital controlará la vida de la población.
El PRI pretende aprobar en la cámara de diputados Ley General de Aguas que entregará el agua a mineras, petroleras y a empresas privadas.
Lo más grave es esa ley autoriza el uso de agua para fracking, es decir, para la extracción de gas o petróleo no convencionales. Cada pozo de fractura hidráulica o fracking, utiliza 29 millones de litros de agua que es contaminada con más de 600 sustancias químicas muchas de ellas cancerígenas, que se inyecta a presión en el subsuelo contaminando los acuíferos y la tierra.
El fracking ha sido prohibido en 14 países, incluidos estados de la Unión Americana como Nueva York porque contamina el agua, la tierra y el aire.
La nueva ley que quiere aprobar el PRI permitirá la concentración del vital líquido y promoverá la creación del nuevo latifundio del agua.
Unas cuantas empresas como las viejas haciendas, concentrarán el control del uso del agua en todo el territorio nacional, dando prioridad al uso industrial por encima del derecho humano al agua que tenemos todos.
La legalización del uso del agua para fracking, provocará conflictos sociales con los pueblos y comunidades agrarias que administran y cuidan manantiales y ríos.
Pero legalizado el despojo, las autoridades recurrirán a la Ley de Seguridad Interior para proteger esas inversiones, por encima de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y harán uso legal del Ejército para someter a los inconformes.
El ejemplo del conflicto en Mexicali por el agua es un adelanto de lo que sucederá si se aprueba esa ley de Aguas. En la región de la capital de Baja California, el gobierno concesionó la instalación de un ducto para usar agua del canal de Valle de Mexicali a la empresa cervecera estadunidense Constellation Brands, lo que ha generado una rebelión ciudadana.
Los grandes beneficiarios de la ley que promueve el PRI serán empresas como Coca cola y Nestlé, mineras y petroleras, que seguirán obteniendo ganancias millonarias por el manejo del agua que han ganado durante la última década.
Quien controla el agua, controla la vida. Eso lo saben muy bien esas empresas.
Cabe recordar que en 2013 el presidente de grupo Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe, declaró que se debería privatizar el suministro de agua para que la sociedad tome consciencia de su importancia y reduzca su desperdicio.
Coca cola diariamente extrae alrededor de 750 mil litros, equivalente, a proporcionar agua a 10 mil personas. Sin embargo, sus plantas embotelladoras han secado decenas de pozos de agua, obligando a los residentes a comprar agua embotellada.
La privatización del manejo de las aguas municipales y comunitarias ha encarecido el costo del agua para las familias y ha empeorado el servicio. Hoy en Europa la tendencia revertir el proceso y re-municipalizar el servicio del agua, como en Berlín.
La propuesta de la Ley General de Aguas que quiere aprobar el PRI, apunta a la privatización del agua, a la entrega de pozos y manantiales a perpetuidad y al aumento constante de las tarifas para uso doméstico, en las cuales la ley incluye los costos y la inflación.
La propuesta es una calca de la llamada “Ley Korenfeld” –así llamada por el entonces director de la Comisión Nacional del Agua, el priista David Korenfeld, quien intentó imponer, junto con el PRI, en San Lázaro en marzo de 2015.
En contrapartida, existe una iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas promovida por la Coordinadora Nacional Agua para Todos, que ha sido discutida y consensada desde entonces, que se presentó al Congreso con más de 200 mil firmas. Dicha iniciativa promueve la participación democrática en la gestión del agua sin fines de lucro, el acceso de todos al agua potable como un derecho humano. La propuesta ciudadana propone el respeto a los derechos de agua de comunidades y pueblos y la prohibición del uso del agua para minería tóxica y para fracking.
