Chiapas ahorrará 70 millones de pesos al año que se gastaban en seguridad para exgobernadores y otros funcionarios públicos
Regeneración, 04 de enero de 2019. El Congreso de Chiapas, en sesión extraordinaria, aprobó retirar seguridad y escoltas a exgobernadores, extitulares del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública.
De esta manera el exmandatario Manuel Velasco no tendrá ningún escolta, luego de la controversia que se generó cuando se dio a conocer que tendría seguridad por 15 años.
Al menos 645 elementos de seguridad y 95 vehículos fueron reintegrados al servicio público gubernamental, luego de que el Congreso del Estado aprobara retirar todos los guardaespaldas que tenían a su servicio ex mandatarios, funcionarios y sus familias.
De esta manera el Congreso local abrogó el decreto por el que se establecen medidas de seguridad y custodia, remitido por el gobierno del estado.
Con esto se ahorrarán cerca de 70 millones de pesos al año, dijo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, tras la aprobación de la iniciativa enviada por el titular del ejecutivo al Congreso.
Desde Palacio de Gobierno, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca informó que, tras la aprobación de la iniciativa enviada por el titular del ejecutivo estatal al Congreso del Estado, para derogar el decreto 223 mediante el cual se otorgaba seguridad a ex gobernadores y ex servidores públicos, a la fecha se han recuperado 95 unidades y se han concentrado en sus puestos a 645 elementos policiacos.
Además, en sesión extraordinaria se avaló por unanimidad el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.
Fue así como se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2019, de 91 mil 844 millones 784 mil 333 pesos.
Escandón Cadenas afirmó que, tras la aprobación del presupuesto por parte del Legislativo, la actuación de todas las dependencias tiene que ser con la mayor responsabilidad para hacer frente a los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida de los chiapanecos.