El antecedente histórico de la actual Secretaría de la Defensa Nacional es la denominada Secretaría de Guerra y Marina, que modifica su nombre en 1937. En la Constitución Política se establece claramente que en tiempos de paz el Ejército debe permanecer en sus cuarteles, no obstante desde que inició el sexenio de Felipe Calderón las Fuerzas Armadas han incrementado su presupuesto de manera exorbitante, obviamente con el respaldo del PRI.
Este hecho ha permitido a Calderón ordenar a los militares hacer labores de policía, cuando su entrenamiento es para hacer la guerra y no para patrullar las calles ni tampoco para investigar delitos. Esta es la causa del derramamiento de sangre en nuestro país, el aumento presupuestal a las Fuerzas Armadas es directamente proporcional a las 50 mil muertes violentas, e inversamente proporcional a la paz. En vez de utilizar al Ejército en lo que no le corresponde, lo que debemos hacer es impulsar que las autoridades civiles investiguen los flujos financieros del crimen.
El pasado jueves 28 tuvo lugar el encuentro entre miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y legisladores de la Comisión Permanente del Congreso federal.
La realidad es que, más allá de las palabras y los gestos, las acciones concretas hablan por sí mismas. Así, tal y como se mencionó en el encuentro, es incorrecto juzgar a todos los legisladores por igual. Quienes estamos en el Movimiento de Regeneración Nacional, hemos denunciado sistemáticamente los abusos cometidos por la Marina, el Ejército y la policía en esta absurda guerra, hemos exigido castigo para los responsables en todos los foros y trincheras en que hemos participado y hemos votado en contra del aumento al presupuesto para las Fuerzas Armadas.
Los representantes del movimiento y miles de mexicanos más que no pudieron estar presentes reclaman justicia y dignidad. Nosotros nos sumamos a ese llamado. Estamos convencidos de que para lograrlo es necesario exigir justicia y dignidad en las investigaciones judiciales y en el desempeño del Ministerio Público, en la actuación de las policías y las Fuerzas Armadas, en el sistema penal y en la actuación de los jueces y magistrados, en las elecciones y en una reforma política auténtica, y en el desarrollo económico para todos y todas.
Lo anterior implica asumir que es un grave error combatir el problema de la inseguridad exclusivamente a través del uso de la fuerza. Además, deben rechazarse medidas que cancelen abiertamente la libertad y el desarrollo de la gente, como las reformas a la Ley de Seguridad Nacional impulsadas por el PRIAN, que pretenden instaurar un Estado militar, policiaco y represivo.
Prueba de lo anterior ocurrió el día de ayer, cuando en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el PT propuso rechazar la reforma a la Ley de Seguridad Nacional enviada desde el Senado. Sin embargo el PRI y el PAN se opusieron tajantemente y optaron por aprobar en lo general el dictamen a favor de una peligrosa ley que acabaría de militarizar al país por decreto y constituiría nuevamente la extinta Secretaría de Guerra.
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