Sheinbaum presenta reforma hídrica que prohíbe vender concesiones de agua entre privados. Penas de hasta 10 años por robo de agua
Regeneración, 2 de octubre de 2025. La Presidenta Sheinbaum marcó la celebración de su primer año de gobierno (1 de octubre de 2025) con el envío al Congreso de la Unión de una ambiciosa Reforma Hídrica.
Consistente en la expedición de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
El objetivo central es «devolver el líquido como recurso de la nación» y erradicar la visión privatizadora que prevaleció durante décadas, garantizando el acceso al agua como un derecho humano.
Fin del Modelo «Salinista» de Privatización
La iniciativa se da bajo el contexto de una creciente escasez de agua potable en el país, especialmente en el centro y norte.
La mandataria señaló directamente el origen del problema actual en la legislación de 1992:
«En el ‘92, en la época de [Carlos] Salinas, cambia la Ley de Aguas para convertir las concesiones de agua en una mercancía, que es transmitible y vendible, por privados, entre privados.»
Por consiguiente, ese marco legal generó un «descontrol en las concesiones» y un «uso excesivo» del recurso, facilitando el acaparamiento y el desorden.
Ahora bien, la nueva propuesta busca revertir este paradigma, ordenando el uso de un recurso cada vez más escaso.
En qué Consiste la Nueva Ley de Aguas
La propuesta se cimienta en dos principios fundamentales: devolver la rectoría a la nación y combatir la ilegalidad hídrica.
1. Dejar de Ser Mercancía y Ordenamiento del Uso
La reforma prohíbe explícitamente la transferencia y venta de concesiones entre particulares, devolviendo al Estado la responsabilidad de la gestión del recurso, que es un patrimonio nacional.
- Rectoría Nacional: El Estado mexicano será el «único responsable de regular el uso del agua». Aunque el recurso es concesionable, debe ser «de manera ordenada, eficiente y que permita garantizar el derecho humano al agua.»
- Adiós a la Venta: «Lo que ya no se va a poder es vender los títulos de concesión; ni tampoco transmitir los títulos de concesión, si hay cambio de uso de suelo», explicó la Presidenta Sheinbaum. Y aseguró que si un terreno agrícola cambia a uso urbano, la concesión debe regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para ser reevaluada.
- Control y Transparencia: Toda prórroga de títulos pasará por el estricto análisis de Conagua. Requerirá que los usuarios estén al corriente en sus obligaciones fiscales y que el agua esté siendo utilizada «para lo cual fue concesionada y que no se le está dando un uso distinto.»
- Salvaguarda de Derechos: A pesar del endurecimiento, se ofrece «certeza jurídica para todos los usuarios… todos aquellos que hoy tienen un título de concesión tienen salvaguardados sus derechos, todos,». Busca así un equilibrio entre el ordenamiento y el respeto a la inversión legítima.
2. Endurecimiento de las Penas y Combate al Robo
La consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, destacó la visión humanista de los ajustes. Garantizará así el uso eficiente del agua como un derecho y no como un privilegio.
Asimismo, el director general de la Conagua, Efraín Morales, detalló que la iniciativa plantea un capítulo de delitos hídricos para combatir el robo y el mercado negro de agua.
- Sanciones Mayores: Se incrementan las penas por explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales. Las sanciones irán de uno a 10 años de prisión y de 300 a 4 mil días de multa.
- Corrupción: Las penas se agravan cuando los involucrados en la corrupción de la expedición de títulos y trámites son servidores públicos.
- Extinción de Dominio: Adicionalmente, se plantea la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio para los casos comprobados de robo de agua. Esto será un elemento fundamental para desmantelar estructuras criminales que lucran con este recurso vital.
Finalmente, Sheinbaum afirmó que la iniciativa fue discutida previamente en foros con industriales, distritos de riego, municipios y estados.
«Esto no es una sorpresa, sino que ya ha sido consensado», lo que facilita su discusión inmediata en el Congreso.
