La Suprema Corte resolvió contra Google al validar los plazos legales para entregar información sobre prácticas monopólicas
Regeneración, 17 de junio de 2026.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo a Google.
El gigante tecnológico impugnaba los tiempos de entrega de información requerida.
La firma legalmente enfrenta indagatorias por supuestas actividades monopólicas en el país.
El fallo judicial resultó unánime por parte de los ministros del Pleno.
Frente a este escenario, los magistrados respaldaron la propuesta presentada por el ministro Irving Espinosa Betanzo.
Dicho proyecto ratificó la validez del artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica.
La legislación establece diez días hábiles para la entrega de la documentación solicitada.
Este período administrativo puede extenderse solamente una vez por un plazo similar.
Argumentos legales y origen del conflicto
Respecto a la resolución, el ministro ponente defendió la vigencia de las facultades del Estado mexicano.
“La norma es constitucional, pues su finalidad descansa en el artículo 28 constitucional, que impone al Estado el deber de investigar y sancionar las prácticas monopólicas con eficacia”, expuso el ponente Irving Espinosa Betanzo.
Pretender prórrogas indefinidas en el proceso terminaría por afectar la investigación.
Por otra parte, este litigio proviene de una indagatoria formal iniciada en el año 2022.
La antigua Comisión Federal de Competencia Económica comenzó el rastreo contra la multinacional.
El foco son prácticas monopólicas relativas en pagos de aplicaciones móviles y contenido digital.
Actualmente la Comisión Nacional Antimonopolio da seguimiento estricto al mencionado proceso legal.
Sanciones económicas y destino del expediente
A raíz de esta investigación, la autoridad reguladora del mercado exigió datos específicos a Google.
El requerimiento oficial de información ocurrió formalmente durante el mes de enero de 2025.
La corporación tecnológica argumentó complicaciones operativas y solicitó mayor tiempo para responder.
La institución rechazó la petición y fijó una multa millonaria.
A pesar de la negativa inicial, un juez de distrito canceló primero la sanción económica impuesta.
La autoridad del ramo apeló la decisión y envió el asunto a la Suprema Corte.
Los ministros confirmaron la validez de la ley tras analizar detalladamente el caso.
Finalmente, el tribunal colegiado original resolverá si la multa aplicada fue completamente legal.
