Habitantes de Xochicuautla en los meses recientes ha sufrido la incursión de grupos de antimotines y trabajadores de la empresa Grupo Higa, concesionaria de la megaobra, que logró que el gobierno federal emitiera un decreto de expropiación contra las tierras comunales
Regeneración, 11 de septiembre del 2015 El pueblo de San Francisco Xochicuautla exigió la cancelación definitiva de la autopista privada Toluca- Naucalpa, para la que le fueron expropiadas 38 hectáreas, ante los indicios de financiamiento público irregular a la obra.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó revelar información sobre un crédito del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por 2 mil 775 millones de pesos para financiar a Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V., subsidiaria de Constructora Teya, filial de Grupo Higa, para la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan.
El pueblo ñható consideró que si se gasta “un peso más” en la construcción de la autopista concesionada a Juan Armando Hinojosa Cantú “se estaría solapando y encubriendo posibles actos irregulares con lo cual se mantendría una práctica que México no puede seguirse permitiendo”. El empresario Hinojosa Cantú fue quien vendió la millonaria casa en la que habita el presidente de México a su esposa, la exactriz Angélica Rivera. Se ha señalado que la presente administración ha favorecido en diversas ocasiones al grupo empresarial de Hinojosa,
“Es menester exigir se realice la investigación necesaria que verifique si hubo o no cualquier acto irregular, y por ende, los pueblos indígenas de la zona consideramos que lo anterior es suficiente para que los recursos económicos públicos que se destinaron a la construcción sean devueltos a los fondos de BANOBRAS”, insistieron.
Recientemente, en una investigación ordenada por la propia presidencia de la República para verificar la existencia de actos de corrupción entre la administración federal y el empresario, la Secretaría de la Función Pública concluyó que ni el Presidente ni el titular de la Secretaría de Hacienda -a quien también se acusa de haber adquirido irregularmente una propiedad proveniente del empresario- “actuaron bajo conflicto de interés”, aunque de 2013 a la fecha Higa y sus filiales se han adjudicado contratos por mil 037 millones 563 mil 737 pesos.
El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, que agrupa a los defensores del territorio de Xochicuautla y comunidades vecinas, señaló que la imposición de la obra estaría violando derechos humanos como al medio ambiente, la cultura, vida, integridad personal, agua y salud.
La carretera de pago Toluca-Lerma afectará una porción de 22 kilómetros de bosque por más de 100 metros de ancho en territorio indígena, que dificultará a los habitantes del lugar el libre tránsito, la recolección de alimentos y leña y el peregrinaje a sus lugares sagrados. Además, el bosque Otomí-Mexica es área natural protegida y santuario del agua de la subcuenca del Río San Lorenzo. Desde 2011, habitantes de Xochicuautla y comunidades vecinas, como Ayotuxco, denuncian la tala de árboles en su territorio, incluyendo lugares donde nacen manantiales. En los meses recientes ha sufrido la incursión de grupos de antimotines y trabajadores de la empresa Grupo Higa, concesionaria de la megaobra, que logró que el gobierno federal emitiera un decreto de expropiación contra las tierras comunales.