Ayotzinapa, la norma

    ¿Qué fue lo que ocurrió? 

    ¿Qué fue lo que ocurrió en Iguala? Alguna visiones dan cuenta del horror en Guerrero mediante lógicas que van desde la indignidad de sugerir –sin fundamento- la criminalización de las víctimas (“…líderes de los normalistas podrían estar involucrados con grupos criminales adversarios a los Guerreros Unidos…” Alemán, Ricardo. “¿Por qué los mataron? El Universal. Oct. 7, 2014), hasta sospechas -con más sentido y elementos, aunque no por ello suficientes- de vueltas al pasado (“Estamos ante un escenario de descomposición política similar al de la guerra sucia de los años 70…” Encinas, Alejandro. “Iguala: El terror.” El Universal. Oct. 7, 2014).

    Insuficientes también –aunque no erradas sino incompletas- son las categorizaciones a rajatabla. Como Carlos Fazio en 2012 (“Ayotzinapa”, La Jornada. Ene. 23, 2012), en 2014 Imanol Ordorika y Adolfo Gilly repiten el señalamiento: “Ayotzinapa, Crimen de Estado” (La Jornada. Oct. 6, 2014). Están en lo cierto: tanto la muerte de los tres normalistas en 2011 como la ejecución de 6 en 2014 y la desaparición de otros 43 son todos crímenes de Estado, sí, pero en los círculos concéntricos de la perversión, éste, por muy grande que sea, es apenas uno de tantos.

    No basta desde la ciencia política el recurso al reflejo autoritario, la teoría de los ciclos históricos es insuficiente y propagandísticamente no podemos culpar a las víctimas. Aisladas como en estos tres casos, una por una las disciplinas que se ocupan de los procesos sociales mostrarán sus límites con prontitud. Y es que en fenómenos sociales –particularmente los violentos- la complejidad es la norma, por ello, la categorización unívoca de la tragedia dificulta la tarea de conocer su anatomía, función y dimensión. 

    Un diagnóstico diferencial 

    Tal vez sea este el momento y el lugar para un diagnóstico diferencial. El dolor en Guerrero hoy es producto de violencias anteriores a la “guerra contra el narcotráfico”; violencias que se construyen sobre la miseria económica de los unos y la miseria moral de los otros; violencias que se articulan en acciones represivas concretas, pensamientos racistas latentes y peor aún, una censura sistemática disfrazada de civilidad ciudadana para esconder cobardía, desdén y apatía. ¿Y la corrupción y la opacidad? ¿no ocupan un lugar entre esas violencias? Sí, son reales y rampantes, pero precisamente por su carácter permanente tampoco alcanzan para explicar, por sí solas, la excepcionalidad del martirio.

    ¿Pero es que la matanza en Iguala es de verdad excepcional? ¿qué no ocurrió Tlatlaya en el Estado de México apenas en junio pasado? ¿y qué no en abril de 2011 se encontraron cientos de cadáveres en San Fernando, Tamaulipas? ¿y que no fue ahí mismo en donde en 2010 ejecutaron a decenas de migrantes? ¿y qué hay con los cientos cuerpos incinerados en Allende, Coahuila, un año después en 2011? ¿y Aguas Blancas en 1995? ¿qué no todo esto grita que Iguala no es sino Guerrero todo y México sin ambages? La muerte pródiga aquí es la norma y no la excepción ¿qué de verdad no es obvio?

    No, no es así.

    Todos estos episodios comparten aspectos básicos que apenas hemos insinuado. Sin embargo, más allá del abuso general y del terror compartido como norma en cada cataclismo, la revisión detallada ofrece una imagen diversa. A continuación tres ángulos. 

    Primero.- Dimensiones administrativas, dimensiones letales 

    Como en 2011, Ayotzinapa en 2014 se discute no por las acciones de los inconformes sino por las reacciones de las autoridades; cambian las dimensiones y los perpetradores: tres víctimas fatales devinieron en medio centenar, ya no a manos de federales y estatales, sino por obra de agentes municipales y criminales. En 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hablaba todavía de “…violaciones graves a la libertad de reunión y como consecuencia de ello a los derechos a la vida, seguridad e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, libertad personal y trato digno…” (Recomendación 1 VG/2012), mientras que en 2014 perdió timidez: “…en el caso de Ayotzinapa se cometieron violaciones graves a las garantías individuales, consistentes en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, atentados en contra de la integridad y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública.” (Comunicado de prensa. CGCP/280/14). No es para menos: una cosa administrar la represión y otra utilizar escuadrones de la muerte. ¿Más local, más brutal? 

    Segundo.- ¿Política oficial o un capricho sangriento? 

    Como en Chiapas en 1994, todavía veinte años las víctimas de Ayotzinapa en Iguala articulan una tradición de insumisión. Como allá, acá se les respondió con la violencia; allá, mediante la creación de la Fuerza de Tarea Arcoíris –objetivos: “…crear bandas paramilitares, desplazar a la población, destruir las bases de apoyo del EZLN…” (Marín, Carlos. Proceso. No. 1105. Ene. 4, 1998)- y cuyo cenit llegó con la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997. ¿Y acá? 

    “Entrar en Ayotzinapa es un viaje al pasado, como llegar a la Cuba comunista. Los retratos del líder social, Ernesto Che Guevara, están en casi todas las paredes de los cuartos, se acompañan por los rostros de Marx, Vladimir Illich Lenin, Engels y sobre todo Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, líderes de la guerrilla en México durante la década de los 70…” (Del Pozo, Melissa. ¿“Quienes son los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa?” VICE. Oct.7, 2014) 

    ¿Iguala en 2014 se puede explicar en términos de una estrategia de Guerra de Baja Intensidad? No lo creo. Más allá de los símbolos que recoge VICE y los nexos que sintetiza El Universal en un encabezado (“Normal de Ayotzinapa, cuna de guerrilleros y educadores” Cabrera, Carlos. Sept. 2, 2011), la lectura del problema se clarifica desde la respuesta que provoca, y en este sentido no es claro que la tragedia en Guerrero sea producto de una política de contrainsurgencia sistemática, política que podría ir desde la cara amable que busca “ganar mentes y corazones” con servicios sociales y asistencia para “secar el agua al pez” –ver el Programa Nacional de Solidaridad 1988-1994- pasando por la violencia individualizada contra cuadros políticos específicos –ver el Programa Fénix en Vietnam del Sur entre 1965-1972- y la organización logística de la represión –ver Operación Cóndor en el hemisferio occidental en los 70´s y 80´s- hasta el salvajismo simple y absoluto de las políticas de Tierra Arrasada -como el caso guatemalteco.

    Lo anterior no quiere decir que no existan elementos en común -pero lo mismo podría decirse con respecto a cualquier otra atrocidad,  y aunque el resultado es el mismo, el proceso puede diferir y es que no podemos dejar de lado el hecho de que en Iguala se soma un elemento de reacción visceral, elemento propio del cacique que obnubilado con un sentido torcido de su potestad, en connivencia con organizaciones criminales, alimenta un ejercicio enfermo del poder. ¿Más torpe, más brutal? 

    Tercero.- Humanos unos y otros, todos 

    Como en Oaxaca en 2006-2007, los sacrificados de Ayotzinapa eran activos, activistas, incluso, militantes políticos si se quiere. Unos y otros eran combativos, sí, pero no estaban armados. Éstos y aquéllos, como los 72 migrantes sacrificados por Los Zetas en San Fernando (Tamaulipas) en agosto de 2010, como los más de 300 que pagaron la venganza por traición al narcotráfico en Allende (Coahuila) al año siguiente y como los casi 200 que, enterrados clandestinamente, fueron encontrados también en 2011 otra vez en San Fernando, merecían vivir. Y no diferente es la conclusión de los victimados por el ejército en Tlatlaya (Estado de México) en junio pasado.

    No existe el derecho a quitar la vida, ni con la ley ni sin ella. ¿Más legal, menos brutal? 

    La norma 

    Ayotzinapa no es igual a San Fernando, Allende, Acteal, Tlatlaya o Oaxaca. De hecho, Ayotzinapa hoy no es ni siquiera igual a la Ayotzinapa ayer.

    Como las disciplinas aisladas, las teorías monotemáticas fracasan en el esfuerzo para dar cuenta de la norma que buscamos. Ni las teorías clásicas sobre la guerra -“la guerra es la política por otros medios” (Clausewitz)- sobre la humanidad -“el hombre es el lobo del hombre” (Hobbes)- o del Estado -ya como la bestia omnipotente y represiva de Hobbes o como el centro administrativo de la violencia (Weber)- bastan para explicar los hechos de Iguala. Ni siquiera complementadas con versiones derivadas, más nuevas y sofisticadas, sean éstas técnicas (Guerra de Baja Intensidad) o políticas (“guerra contra el narcotráfico”).

    ¿Por qué? Porque más importante que la guerra es la violencia, pues de ésta, aquélla es apenas una forma. Aunque tenga similitudes anatómicas, la fisiología de la violencia no es indiscriminada, sino diversa como no son ni las instituciones encargadas, ni sus operadores, ni sus referentes teóricos ni sus protocolos de actuación. En otras palabras: a la inoperancia de las instituciones se suma la inexistencia de entes que hagan justicia a los fenómenos violentos en toda su complejidad. En breve, esa es la norma: diagnósticos errados que devienen en prescripciones anacrónicas. Vino nuevo en botellas viejas.

    Pero no puede ser de otro modo, Gandhi –el político, el politólogo, el independentista y pacifista moderado (sí, moderado porque no era un pacifista radical) y no el santón que muchos creen que fue- no se estudia en las facultades de ciencia política, la justicia restaurativa es una recién llegada a las facultades de derecho y los Estudios de Paz, como disciplina académica tiene una presencia apenas testimonial –y sólo en posgrado- en los centros universitarios de un país con 115 millones de habitantes que, al borde del precipicio, sigue reclamando para el Estado –es decir, para sus representantes como los policías municipales y el alcalde de Iguala- la necesidad del monopolio de la violencia legítima.