Comuneros de Tepoztlán ganaron litigio pero aún no les devuelven sus tierras

Las tierras comunales de Tepoztlán, ganadas en litigio ante la Suprema Corte, en favor de la población, aún no han sido devueltas.

 

Regeneración, 16 de diciembre de 2018.- A casi dos meses de la resolución en favor de los comuneros de Tepoztlán, para recuperar 280 hectáreas de dos empresas que querían construir un campo de golf, aún no les devuelven sus tierras.

Las empresas Pirámide y Convento, que perdieron tras 19 años de litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siguen la ocupación parcial de la tierra, y parece que esperarán hasta el último momento para salir de ahí.

Según los comuneros, sólo esperan que el fallo de la Suprema Corte pase al Tribunal Superior Agrario de la Ciudad de México y luego al de Morelos, para que se solicite la desocupación voluntaria de las 280 hectáreas.

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Si bien durante el tiempo del litigio las empresas no instalaron el campo de golf, sí construyeron empresas, rentó viveros, organizó espacios para hacer campismo, definió tierras para cultivar maíz y hortalizas. Además, hizo una pista para motociclistas.

«La justicia tardó 19 años, pero llegó», expresó Agustín Rojas Cuevas, presidente de bienes comunales. Comentó que el fallo del máximo tribunal del país, emitido el 24 de octubre, les da la certeza de que los documentos que poseen, entre otros una resolución presidencial de 1929 mediante la cual les entregaron las tierras, «son aptos para proteger y defender a la comunidad».

El caso se peleaba desde 1999, cuando comuneros demandaron a la empresa que pretendía instalar un complejo para «personas adineradas», como definieron los comuneros.

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Además, instalarían un campo de golf que consumiría grandes cantidades de agua, escasa en la zona.

La comunidad de Tepoztlán ganó el litigio porque la empresa no pudo comprobar la propiedad de las tierras, presuntamente otorgadas por autoridades agrarias en los años 60.

En cambio, los comuneros demostraron que desde 1929 se les otorgó la posesión de dichos predios por una resolución presidencial, en la que se indicaba la actividad agrícola de los terrenos.

El litigio «le costó al pueblo porque se contó con el soporte social, y creo que la comunidad, en los 19 años del litigio y los 24 años que duró la resistencia, se pudo comprobar que las resoluciones son un documento apto para proteger y defender a la comunidad y lo haremos valer», sostuvo el presidente de bienes comunales.

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Entre otras cosas, las empresas compraron ilegalmente los terrenos, apropiándose poco a poco.

«Adquirían 10 mil metros y escrituraban 5 hectáreas y así, mucha tierra que no era de cultivo, era de uso común, y así se fueron apropiando de ella. Con la firma de la compra de quien les vendía, hacían que les firmara el comprador, no por lo que le vendió, sino por más, entonces esa fue la razón por la que la comunidad se indignó y empezó la lucha”, contó Rojas Cuevas.

Por el momento, lo que falta es que la empresa entregue las tierras.

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