Con Julián Carrillo, suman 17 líderes rarámuris asesinados en Chihuahua

Rarámuri Julian Carrillo Martínez fue asesinado en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua
Suman 17 asesinatos de líderes rarámuris asesinados en Chihuahua    

Regeneración, 25 de octubre del 2018. Rarámuri Julian Carrillo Martínez fue asesinado en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Su riesgo era conocido y, por tanto, su muerte pudo haber sido prevenida; denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

Los organismos denunciaron que desde que se adoptó el plan de contingencia para Chihuahua han asesinado a cinco defensores de derechos humanos.

Los defensores indicaron que suman 17 líderes rarámuris asesinado en Chihuahua.

Ayer por la noche, integrantes de la organización Alanza Sierra Madre (ASMAC) supieron, por una llamada telefónica, que el líder rarámuri Julián Carrillo Martínez, fue asesinado en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, México.

Julián Carrillo era beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación (Segob)

El asesinato de Julián Carrillo

El día anterior se había recibido información de que Julián había hablado desde un cerro para decir que había decidido huir de su casa porque varios sicarios estaban asechándolo.

Después de eso, no se volvió a tener comunicación él.

Ayer a las 20:00 horas, se comunicó otro beneficiario del Mecanismo e integrante de la comunidad con personal de ASMAC para informar que el hijo de Julián, le había llamado desde el teléfono satelital que tienen como parte de las medidas de protección, y le dijo escucharon una balacera y creían que habían asesinado a su papá.

Dado que la conversación telefónica se cortó, personal de ASMAC marcó al número del teléfono satelital de la familia para tener más información; no obstante, no lograron comunicarse y solo se escuchó una grabación automática que anunciaba que el teléfono no estaba programado para recibir llamadas.

Posteriormente, ASMAC recibió la comunicación de otro integrante de la comunidad que actualmente radica en Baborigame, para pedir que se hiciera del conocimiento de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) que en la comunidad de Coloradas de la Virgen había ocurrido una balacera.

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Una hora más tarde ASMAC conformó el asesinato de Julian mediante un joven que encontró a Julián muerto, con el cuerpo totalmente destrozado.

Decenas de organizaciones defensoras de derechos señalaron de manera categórica:

«El riesgo en que se encontraba el beneficiario y Presidente de bienes comunales de Coloradas de la Virgen era muy alto y también conocido por el Mecanismo de Protección y  la FGE. Por tanto, su muerte pudo haber sido prevenida».

Los organismos defensores de derechos humanos relataron en su denuncia que un mes antes se había enviado una comunicación a ambas dependencias para informar sobre el desplazamiento forzado de Julián y otros líderes de la comunidad a partir del asesinato del yerno de aquel.

Denunciaron que los asesinatos son perpetrados «como una forma de orillarlo a abandonar el territorio que tanto quería y por el murió defendiendo».

Julián abandonó su tierra provisoriamente luego de que hubiera escuchado rumores de personas que lo están buscando para asesinarlo por su labor de denuncia sobre lo que pasaba en Coloradas de la Virgen.

Ese tipo de amenazas las habría sufrido en 2017 y 2018.

Ante la lamentable muerte de su hija, ocurrida en la ciudad de Parral el día 16 de agosto de 2018, como consecuencia de una complicación post parto en la que también el bebe murió, Julián tuvo que regresar a Baborigame el pasado 11 de agosto para trasladar el cuerpo de su hija a Coloradas de la Virgen y desde ese día estuvo itinerante entre Coloradas de la Virgen y Baborigame.

Esos hechos fueron comunicados vía teléfono celular (una vez que logró tener señal después de buscarla en diferentes cerros por la inaccesibilidad de la zona), en tanto el teléfono satelital asignado se encontraba inhabilitado y sin saldo para poder comunicarse a Chihuahua.

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Previamente, en febrero de 2016, Julián presenció a corta distancia el asesinato de su hijo Víctor Carrillo Carillo, y solo libró el ataque porque estaba fuera de la vivienda.

Aunado a ello, han sido asesinados:

-Guadalupe Carrillo Polanco (sobrino de Julián Carrillo, asesinado en julio de 2016);

-Alberto Quiñones Carrillo (sobrino de Julián Carrillo, asesinado en septiembre de 2017);

-Francisco Chaparro Carrillo (yerno de Julián Carrillo, asesinado el 1 de julio de 2018).

Este último asesinato fue el que lo obligó a Julián a desplazarse de manera forzada hacia otra entidad de la República por varias semanas.

Julián Carrillo era beneficiario del Mecanismo de Protección, habiendo sido incorporado junto con otras defensores y defensoras rarámuri e integrantes de ASMAC en febrero de 2014.

Por el desconocimiento sobre la forma de realizar el análisis de riesgo colectivo, así como por las condiciones de orografía y especialmente por la inseguridad en la región, el Mecanismo tardó 17 meses para realizarlo y lo hizo de manera remota, sin trasladarse a la comunidad.

Hace una semana, en el marco de la revisión de la mesa ambiental del plan de contingencia, uno de los beneficiarios del Mecanismo expresó ante organizaciones de la sociedad civil, autoridades estatales y federales su preocupación por la violencia al interior de la comunidad y por las cuatro concesiones mineras otorgadas irregularmente a sus agresores.

También expresó su deseo de seguir haciendo su trabajo en condiciones de seguridad y libertad, y se manifestó muy preocupado por la impunidad en que se encuentran los 17 asesinatos de líderes rarámuri y autoridades indígenas en la zona, incluyendo el caso de Isidro Baldenegro.

En mayor riesgo defensores indígenas

Son evidentes los retos en la implementación de medidas colectivas de protección por parte del Mecanismo.

Como lo señaló el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos Michel Forst, en su informe de visita a México en enero de 2017:

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Los defensores de derechos humanos de comunidades indígenas están entre los grupos de mayor riesgo de los defensores que trabajan sobre los derechos económicos, sociales y culturales.

La situación de los derechos humanos indígenas es extremadamente preocupante y aquellos que defienden los derechos de estas comunidades enfrentan mayores riesgos.

En los estados como Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Chiapas, la multiplicación de proyectos de desarrollo y acaparamiento de tierras conducen a la escalada de conflictos ya que las comunidades indígenas se rehúsan a perder sus tierras ancestrales.

Con frecuencia, estas comunidades tienen una concepción del mundo específica, en la que las tierras, bosques, agua, viento son esenciales para su existencia y para la protección de sus culturas ancestrales.

Bajo las obligaciones internacionales, constitucionales y legales, las autoridades mexicanas tienen el deber reforzado de prevenir, atender, proteger, procesar, sancionar y erradicar los ataques contra personas de derechos humanos.

El posicionamiento de los Centros de Derechos

Primero: Expresamos nuestro total repudio ante el asesinato de Julian Carrillo Martínez, líder indígena defensor de derechos humanos que estaba bajo la protección del Mecanismo de Protección.

Segundo: Solicitamos a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección que agende la revisión urgente del caso y una evaluación sobre el actuar del mismo, en el marco de siguiente reunión ordinaria a celebrarse a los días 30 y 31 de octubre.

Tercero: Urgimos a la FGE a investigar oportuna y diligentemente el caso, con el fin de identificar a todos los autores materiales e intelectuales, con el fin de procesarles y sancionarles respetando las garantías del debido proceso.

Cuarto: Solicitamos se revise, a la brevedad, la implementación del plan de contingencia tendiente a la identificación y erradicación de las causas estructurales que permiten los ataques a personas defensoras de derechos humanos, con miras a fortalecer las medidas necesarias para garantizar el trabajo de personas defensoras de derechos humanos colectivos en regiones con alta presencia del crimen organizado y ausencia de las autoridades competentes.

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