Profepa: Desarrollos inmobiliario o turístico sin autorización ambiental deberán restituir predios a sus condiciones originales
Regeneración, 10 de junio de 2025. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) buscará que los desarrollos inmobiliarios y turísticos en México que se construyen sin contar con autorización de impacto ambiental o cambio de uso de suelo restituyan el daño ambiental ocasionado.
Esto es, regresando los predios a sus condiciones originales, lo cual podría incluir la demolición de las obras edificadas.
Lo anterior publicado por El Universal de México.
Ambiental
Y es que durante una entrevista, la titular de la dependencia, Mariana Boy Tamborrell, explicó que esta medida se aplicará en todos aquellos casos donde se hayan violado disposiciones ambientales.
Esto, conforme al principio precautorio previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
La estrategia incluirá, además, propuestas legislativas para incrementar el monto de las sanciones e impedir regularizaciones posteriores.
Así como fortalecer la vía penal contra los responsables de la violación al marco legal, cuyas repercusiones impactan los ecosistemas del país.
“En todos aquellos casos donde se incumpla con la normatividad ambiental vamos a buscar la reparación del daño…»
«…¿Esto qué implica en términos de desarrollos inmobiliarios?: Que todo aquel que no cumpla con su cambio de uso del suelo o Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)…»
«… tendrá que regresar al estado que se encontraba previamente a la construcción”.
Y sentenció
“Esto implica demoler, dejar el terreno, el predio como se encontraba antes de cometer la actividad ilegal”.
Costera ambiental
Por otra parte, Mariana Boy Tamborrell confirmó que es el caso del proyecto MAIIM, ubicado en la región costera de Tankah IV, en Tulum, Quintana Roo.
Lo anterior, además subrayado por el Diario de Yucatán.
Y es que el complejo de tres edificios de cinco niveles y 30 condominios, se construyó sin la autorización federal de impacto ambiental.
A pesar de ello, obtuvo permisos locales, como el cambio de uso de suelo otorgado en 2021 por el ayuntamiento de Tulum y una licencia de construcción emitida en 2022.
E incluso, ese mismo año, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) del estado expidió constancias de congruencia urbanística.
Sin embargo, la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) promovió un juicio de amparo contra estos actos.
Seguidamente se detalla que el pasado 26 de mayo, el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cancún resolvió a su favor.
Sentencia
Y es que se ordena revocar los permisos otorgados y consideró que el desarrollo fue edificado en una zona ecológicamente sensible.
Esto es, con matorral costero y presencia de especies protegidas, sin haber pasado por el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA).
«La sentencia establece que las autoridades incurrieron en una omisión grave, contraria al principio de prevención ambiental», así dicen el portal.
Por otra parte se rescata la declaración de Antonella Vázquez Cavedón, representante de DMAS, la Profepa —también señalada en el amparo— tiene todas las atribuciones legales para ordenar la clausura.
Así y proceder con la restauración del predio, lo que incluiría la demolición de las edificaciones.
Al respecto, Mariana Boy indicó que, aunque Profepa aún no ha sido notificada formalmente, ya se encuentra en comunicación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Esto, para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, que podría concluir con la demolición del desarrollo.
La procuradora agregó que esta problemática no se limita a Quintana Roo. También se han identificado patrones similares en otras entidades como Yucatán, Campeche y Baja California.
Foco
Sin embargo, reconoció que Quintana Roo es “un foco rojo” por la presión inmobiliaria en zonas costeras de alto valor ambiental, donde se continúa construyendo sin respetar el marco legal.
Como ejemplo de esa situación, recordó que la semana pasada fueron clausuradas tres obras en Puerto Morelos, por carecer de autorizaciones en materia de impacto ambiental.
Además se indica que la Profepa mantendrá operativos de inspección en obras en construcción y en proyectos que ya están en marcha, en atención a las denuncias ciudadanas.
Boy Tamborrell enfatizó que las multas económicas ya no son una medida disuasoria efectiva.
Y es que muchos desarrolladores han incorporado estos costos como parte de sus proyecciones financieras.
Por ello, la Procuraduría contempla no sólo sanciones administrativas, sino también denuncias penales en los casos que así lo ameriten.
Con estas medidas –confirmó– la Profepa busca poner fin a una práctica común en el estado, resumida en una frase ampliamente conocida a nivel local y federal:
“En Quintana Roo, más vale pedir perdón, que pedir permiso”, se indica.
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