Inconformes con la carretera Toluca-Naucalpan, aseguran que miembros del comisariado de bienes comunales han recibido dádivas por parte del gobierno y la empresa.

Xochicuautla

Regeneración, 16 de mayo 2015.- Han recibido entre diciembre de 2009 y marzo pasado al menos 100 millones de pesos de parte de la autoridad mexiquense los integrantes del comisariado de bienes comunales (CBC) del poblado de San Francisco Xochicuautla y del barrio La Concepción por concepto de ocupación territorial previa, gastos reparatorios por afectación de bienes distintos a la tierra y por indemnización expropiatoria.

En realidad, los recursos entregados al comisariado que desde 2009 fungen como representantes de los 882 comuneros de los poblados mencionados, fueron proporcionados por la constructora Autovan, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa (grupo constructor de la llamada Casa Blanca de Angélica Rivera), que es uno de los contratistas predilectos de Enrique Peña Nieto y, la cual, obtuvo en 2007 la concesión del gobierno mexiquense para encargarse de la autopista Toluca-Naucalpan a la que se oponen una minoría de los 882 comuneros y la mayoría de los 15 mil habitantes de los dos poblados afectados.

Los inconformes han argumentado en diversas demandas de amparo que los miembros de la CBC están cooptados por el gobierno mexiquense, que sus integrantes no informan debidamente a toda la comunidad sobre el proceso de expropiación de las 37 hectáreas que serán dañadas por la construcción de la autopista y que la construcción del proyecto carretero viola los derechos humanos de los 15 mil indígenas otomís de ambos poblados.

Por su parte, los abogados de Autovan han tratado de demostrar al Poder Judicial Federal que han cumplido las normas del derecho agrario, por lo que han entregado convenios legales, cheques, transferencias bancarias y otras pruebas que demuestran que el comisariado ha aceptado el dinero en representación de los 882 comuneros.

Destacan cinco convenios que avalan el pago total de 56 millones de pesos y que fue firmado por el CBC a cambio de permitir los trabajos de construcción de un tramo de la carretera, el cual, afectará 37 hectáreas pertenecientes a esas comunidades.

También existe un fideicomiso por 54.2 millones de pesos, además de las transferencias bancarias y cheques por otros tantos millones que administra el comisariado.

Parte de los 15 mil pobladores afectados por la construcción han conseguido suspensiones en vía de amparo.

Fuentes cercanas al gobierno mexiquense, aseguraron que los pagos realizados por la empresa han sido de “buena fe” y que los comuneros que sí están de acuerdo con la construcción, han seguido solicitando dinero para calmar las inconformidades de quienes se oponen.

“Los comuneros y pobladores están divididos, eso es real, hay que decirlo textualmente. La mayoría de los que están a favor de la autopista efectivamente es porque recibieron prebendas y dádivas del gobierno del Estado de México y por parte de la empresa”, aseguró José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), organismo que ha asesorado legalmente a los comuneros e indígenas inconformes.

“Hay poco más de 800 comuneros con título de propiedad y una comunidad de cerca de 15 mil personas; por tanto, nuestro argumento es que si bien hay un padrón de 882 comuneros que se rigen mediante las leyes agrarias, existen unos 15 mil otomíes tutelados por el derecho indígena a quienes se les violarán sus derechos humanos individuales y colectivos si se construye una autopista en los poblados donde habitan desde hace varias generaciones. Eso está a debate en los tribunales”, puntualizó Lara.

Recordemos que el pasado 11 de abril, trabajadores de Grupo Higa, auxiliados por cerca de 800 granadores violaron amparos y suspensiones legales que protegían a los defensoras de la tierra y el bosque, y no sólo desmantelaron el campamento que resguardaba el acceso al paraje forestal, sino que además, golpearon a los pobladores y demolieron la casa de uno de sus líderes.

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Grupo Higa con el aval del Enrique Peña Nieta, y las autoridades del Estado de México se vale de recursos económicos y de la violencia para lograr construir la carretera Toluca-Naucalpan.

 

Con información de La Jornada y Animal Político.