Hacia una Ley General de las Juventudes 

jóvenes de Ciudad de México sufren algún trastorno emocional

Por Diego Alanis Aguilar.

Regeneración, 01 marzo 2017.- Desde hace más de diez años, organizaciones de la sociedad civil como Elige, Balance, Ateneo Nacional de la Juventud, la RIE, la RedANEPP, Mujeres Al Día, Mui México, INCIDET, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otras, han planteado desde diferentes espacios institucionales la importancia de tener una Ley General de las Juventudes. Varias iniciativas han circulado pero ninguna sin éxito; la respuesta es la falta de voluntad política y la politización partidaria, que se fraccionan los grupos parlamentarios por tener el monopolio de la bandera de las juventudes. 

 

Los liberales del Derecho dirán que no se necesita una ley específica porque por el simple hecho de ser humano se tiene protección de derechos por el Estado. Sin embargo, la realidad se torna más compleja. Me explico: existen problemas específicos en éste rango etario -que va desde los 12 a los 29 años-. Por ejemplo, no conseguir un trabajo por el hecho de no tener experiencia, no tener mecanismos de participación real en los puestos de representación popular, o no tener acceso a la educación por condiciones socioeconómicas deplorables. 

 

Ahora bien, sí observamos algunas estadísticas sobre las juventudes entenderemos la complejidad de este sector: Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, alrededor de 14 millones de jóvenes no tienen una actividad laboral o educativa. En México más de 15, 000 jóvenes se encuentran en situación de reclusión. Más de 2000 en situación de calle. Sólo 2 de cada 10 creen en la democracia. Y podemos seguir con los datos abrumadores, pero no es la intención del texto. 

 

Aquí es pertinente hacerse la pregunta  ¿cómo puede ayudar una ley en reducir los problemas? La respuesta es sencilla: teniendo un marco legal que garantice los derechos específicos de las juventudes y con ello, un cambio de enfoque en la construcción de las políticas públicas.  

 

Existe ya un esfuerzo de las OSC mencionadas y la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados para plantear una Ley que reduzca los problemas de las juventudes. Se preguntarán por qué Juventudes y no Juventud; precisamente tiene que ver con un enfoque distinto, el de la pluralidad. Esto quiere decir que se reconoce a distintos tipos de jóvenes, ya sea por su expresión de género, identidad de género, identidad ideológica, partidaria, condición socioeconómica distinta, condiciones físicas no similares, entre otros; esto expresa que los jóvenes son diversos, y así se deben diseñar los programas para la diversidad y la heterogeneidad que existe entre las personas jóvenes.  

 

Sin duda alguna, no pueden quedar fuera los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales, digitales, sexuales, reproductivos, culturales, recreativos, entre otros, ya reconocidos en la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, así como los estipulados en el Consenso de Montevideo. La Ley tendrá que adoptar las siguientes perspectivas: de Juventud, de género, de Derechos Humanos, de Intergeneracionalidad y de Multiculturalidad. Así como los principios de emancipación y autonomía progresiva.  

 

Por la parte orgánica se plantea un Sistema Nacional de las Juventudes que transversalice a todas las Secretarías de Estado la perspectiva y los órganos administrativos dedicados a las Juventudes. Esto conlleva a redistribuir el presupuesto dedicado a este sector para que no dependa únicamente del Instituto Mexicano de la Juventud resolver los problemas de las personas jóvenes. Aquí es importante hacer un señalamiento: ningún Derecho puede estar sujeto a la condición presupuestaria, se deben cumplir. Por lo tanto también debe de haber mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. 

 

Es importante seguir ocupando los espacios que nos corresponden también a las Juventudes. Por lo que la tarea es apoderarnos del Senado, de la Cámara de Diputados, del Instituto Mexicano de la Juventud y de instancias locales como federales. Exigir la participación en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas; en un primer momento sobre las Juventudes porque como sector nos afecta directamente los problemas; pero en un segundo momento la participación de jóvenes en cualquier tema que atañe a la sociedad en general. Debemos de pasar de jóvenes liderando jóvenes a jóvenes liderando el país.