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Investigación sobre Pegasus debe centrarse en su adquisición y posterior uso ilegal por PGR; víctimas con derecho a participar en la investigación

Regeneración, 28 de mayo de 2018. En audiencia celebrada el pasado 21 de mayo, se constató nuevamente que el software Pegasus comercializado por la empresa NSO a gobiernos, fue adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal de PGR, por lo que un juez señaló que la línea de investigación debe centrarse en su adquisición y posterior uso ilegal por parte de esta instancia. Asimismo, se reconoció el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la obligación de la PGR de conducirse con debida diligencia, señalando que no debe trasladarse la carga de la prueba a las víctimas.

Lo anterior fue publicado por la asociación defensora de derechos de los periodistas Artículo 19.

Los defensores de derechos narran que “un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, resolvió la impugnación 19/2008 presentada por las víctimas de Pegasus en contra de la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de no admitir pruebas ofrecidas por la defensa el 20 febrero y que son relevantes para el avance de la investigación”.

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Indicaron que desde el momento en el que se presentó la denuncia, las víctimas del espionaje advertíamos sobre la falta de capacidad y voluntad de la PGR para investigarse a sí misma.

Por lo anterior “se exigió la incorporación de la intervención de un panel de expertas y expertos independientes que brindara asistencia técnica internacional y garantías mínimas de autonomía e independencia, lo que a la fecha no ha ocurrido”.

Puntualizaron que “a casi un año de presentada la denuncia radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, la preocupación se agrava; ya que, de aproximadamente 70 pruebas ofrecidas por la defensa, la PGR ha desahogado cerca de 9.”

La PGR se ha negado a desahogar expresamente 49 pruebas.

Precisamente “entre ellas, las que fueron materia de la impugnación”, indico en su portal de información Article 19.

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La negativa a desahogar dichas pruebas, muestra la falta de debida diligencia con la que se conduce la PGR en la investigación de Gobierno Espía; subrayó Article 19.

En la audiencia que se celebró el pasado 21 de mayo, se constató nuevamente que el software Pegasus comercializado por NSO a gobiernos, fue adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal de PGR; indicó la asociación.

“Por lo que el juez señaló que la línea de investigación debe centrarse en su adquisición y posterior uso ilegal por parte de esta instancia”, precisó Article 19.

La asociación informó que se reconoció el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la obligación de la PGR de conducirse con debida diligencia, señalando que no debe trasladarse la carga de la prueba a las víctimas.

Tras escuchar los argumentos de las víctimas y de la PGR, el Juez determinó revocar la negativa de la PGR, exigiéndole la admisión de las pruebas ofrecidas por las víctimas por considerarlas conducentes para el desarrollo de la investigación; indicaron los defensores de derechos de los periodistas.

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A partir de esta resolución, “la PGR deberá pedir información a distintas instancias gubernamentales y recabar información relacionada con la contratación del sistema y de quiénes intervinieron”.

Article 19 indicó que además, “la PGR solicitó al juez la reserva de la información que eventualmente pudiera obtenerse para que las víctimas no pudieran tener acceso a ella. El juez denegó la solicitud”.

La resolución del Juez es relevante pues demuestra que el Poder Judicial puede ser contrapeso frente a una Procuraduría que parece más comprometida con la impunidad que con la verdad.

En ese sentido Article 19 reiteró la exigencia de que ”se incorpore un panel de expertas y expertos independientes que den garantías de imparcialidad y solidez técnica”.

Pidieron que los candidatos “se pronuncien sobre la importancia de investigar adecuadamente y en su caso sancionar a los responsables del espionaje”.

Finalmente indicaron “en un Estado democrático, la vigilancia no debe ser usada arbitrariamente, y mucho menos contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos”.

Si quieres informarte más, visita: Regeneración

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