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El director del Centro Fray Bartolomé de Las Casas, analiza desde el contexto chiapaneco los significados de la Ley de Seguridad y sus sombras de muerte

Foto: Ocosingo, Chiapas, 2017. Equipo de Comunicación de Las Abejas de Acteal

La Ley de Seguridad Interior asegura la continuidad de la guerra

En el principio había sido el Caos, más de pronto
aquel lacerante sortilegio se disipó y la vida se hizo.
La Atroz vida humana.
-José Revueltas

La Ley de Seguridad Interior nos rememora el conflicto armado interno y sus implicaciones en Chiapas. Las causas del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) son vigentes en un contexto de creciente militarización. La guerra en esta región ha tenido una continuidad por más de 24 años y durante este periodo comunidades y organizaciones persisten en los caminos de la Paz con Justicia y Dignidad para con los pueblos.

Desde el Frayba somos testigos de la ocupación militar, del estado de sitio de facto en territorios de pueblos originarios y de los impactos de la militarización. Hemos documentado crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado mexicano, con responsables directos: el Ejército mexicano, la Marina, las diversas corporaciones policiacas y grupos paramilitares, en relación intrínseca con los gobiernos federal y estatal. Esto se orquestó desde la política de contrainsurgencia a través del Plan Chiapas 94’, que aún está vigente.

Durante estos tiempos de violencia vimos caer bombas sobre los cerros sagrados, dimos testimonio de los cuerpos de personas ejecutadas extrajudicialmente, nos acercamos al abismo de las personas torturadas hasta los huesos, asistimos a la emergencia de miles de personas desplazadas forzadas y escuchamos el clamor de los familiares de personas desaparecidas. Todos estos actos fueron perpetrados por las Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas y Paramilitares, estos últimos entrenados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Hechos de graves violaciones a los derechos humanos que siguen en la impunidad, lo cual consolida al gobierno mexicano como un Estado criminal; cínico y fatuo en el poder ejecutivo; servil en el poder judicial; y lerdo en el poder legislativo, respondiendo a los poderes fácticos del saqueo y el despojo.

Las violaciones a derechos humanos documentadas, tan sólo durante el periodo 2006-2017, permiten visibilizar la continuidad de la estrategia contrainsurgente. La extensión de la violencia con características militares, con ciertos matices de acuerdo a la coyuntura constituye y se profundiza en la guerra integral de desgaste, hacia una dominación de espectro completo (1), en la cuarta guerra mundial anunciada y denunciada por el EZLN.

Los impactos psicológicos son múltiples: Uno visible es el de mantener a raya a la población, anestesiada y apática; otro es vivir en un constante terror y miedo que flota en el ambiente. Lo anterior se enmarca dentro de los planes de control social establecidos por la Doctrina de Dominio de Espectro Completo  (DDEC) y en el sistema hegemónico como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). (2)

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Dentro de la DNS se implementa de manera compleja una acción de guerra psicológica, donde el Estado utiliza los conceptos de derechos humanos, interpretados en defensa de sus intereses, los vacía de contenido y les otorga la apariencia de una política de respeto, garantía y protección a favor de “los gobernados”.

La renovación de la guerra integral de desgaste en Chiapas se manifiesta con la substitución de los militares y paramilitares (3) por grupos descentralizados y especializados de corte-paramilitar, (4) que se infiltran en organizaciones y comunidades con la misión de detonar hechos de violencia y/o conflictos sociales. El objetivo es reproducir la crisis para sostener los intereses ocultos y diversos, mediante el respaldo de la triada perfecta: gobierno, empresas y crimen organizado y ahora muy evidente en los procesos electorales donde ésta en juego las relaciones de los poderes facticos.

Método de “combate” a la delincuencia organizada

La intervención del Ejército Mexicano y Marina en el territorio mexicano para el “combate” al narcotráfico y las demás formas del crimen organizado, desde 2006, ha sido insuficiente, ineficaz y mal planeada o intencionalmente planificada. Es un rotundo fracaso, estrategia fallida de cara a los resultados y percepción real de la población en términos de seguridad humana. Esto es sustentado por estudios de académicos, expertos en el tema de seguridad y organizaciones que en campo constatamos las violaciones a los derechos humanos ocurridos en contra de la población: allanamientos, detenciones arbitrarias, violación sexual, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, feminicidios y tortura, entre otro crímenes y, al contrario, comprobamos la falsedad de la acción del gobierno mexicano que da cuenta en la connivencia y acuerdo con el crimen organizado. La evidencia es rotunda en cuanto a la complicidad de las estructuras gubernamentales con el crimen organizado, que ha dejado como resultado miles de desaparecidos, más de 90 mil muertos y aproximadamente 30 mil desaparecidos. (5) Tan sólo en 2017, en Veracruz, familiares de personas desaparecidas han encontrado más de 342 fosas clandestinas.

En el gobierno de Chiapas de Manuel Velasco Coello y de México de Enrique Peña Nieto, la espiral de violencia se ha profundizado y los gobernantes la han negado con un discurso falso, a través de frases hechas, acartonadas, vacías. Estos gobiernos utilizan la concepción hegemónica de los derechos humanos,6 actuando con reformas legislativas, fiscalías especializadas, políticas públicas, incidencia diplomática y mediática, entre otras acciones que en la práctica continúan e intensifican las violaciones a los derechos humanos. Niegan la realidad de destrucción de los pueblos.

Es por ello que sostenemos que la Ley de Seguridad Interior, promulgada el 21 de diciembre de 2017, privilegia el paradigma de la guerra y la violencia en detrimento de la seguridad humana. Con esta ley las Fuerzas Armadas de México obtuvieron su capricho y con ello su carta de impunidad; a pesar de la manifestación y el rechazo de la sociedad civil y comunidad internacional, como el pronunciamiento de seis relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), académicos, organizaciones civiles y sociales, artistas, intelectuales, organizaciones de los derechos humanos, víctimas, sobrevivientes, entre otros.

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Es alarmante que en este país las Fuerzas Armadas representan el poder más importante del Estado, ilimitado, intocable, a pesar de que tienen las manos manchadas de sangre, especialmente en una agresión y destrucción constante e histórica hacia los pueblos originarios y en contra de quienes defienden derechos.

Son críticos estos tiempos obscuros, ya que estamos presenciando que la Ley de Seguridad Interior es una de las medidas que blinda la implementación de las demás reformas estructurales. Mecanismos adaptados a los intereses del mercado capitalista. La ocupación militar es indispensable para la seguridad de los inversionistas de empresas legales e ilegales puesto que garantiza el despeje de territorio. Consolidar un régimen totalitario es el hecho, con el disfraz discursivo de democracia que fortalece su estado de derecho en el ámbito de lo que llaman seguridad interior.

Lo que queda documentado en todos estos años es que desde el ámbito de los derechos humanos el Estado mexicano es cómplice de la criminalidad en el país. Por ello no cumple, no puede cumplir con sus deberes internacionales en tratados, convenios y la misma carta magna, todo estos instrumento lo utilizan para la apariencia de gobierno.

Método de acción de los grupos paramilitares en Chiapas

Después de 24 años del levantamiento del EZLN, las estrategias (7) desarrolladas por la SEDENA, como el “Plan de Campaña Chiapas 94” y “Chiapas 2000” (8), se siguen aplicando en la zona de conflicto, ahora como parte de la Guerra Integral de Desgaste. Sobre esto, Pablo González Casanova nos habla del neoliberalismo armado en un contexto de ocupación territorial integral:

[…] un nuevo concepto de la guerra en que el militar deje de sentirse defensor de la patria frente a los enemigos extranjeros, y se prepare para luchar contra su propio pueblo y contra los grupos criminalizados por el gobierno en turno, preparación que lo lleva a participar hoy en la guerra de competencia por el narcotráfico, y a intimidar, acosar y vejar a pueblos indios potencialmente despojables y desechables, que ocupan territorios ricos en recursos naturales de los que las compañías sueñan con apoderarse. (9)

Estos planes siguen siendo parte de la estrategia del Estado para controlar e inhibir a los movimientos de resistencia, inmovilizando a los pueblos mediante la presencia, incursión a territorios de los pueblos y ocupación militar. Las acciones de autoridades gubernamentales están en complicidad con organizaciones sociales de corte paramilitar y grupos criminales, con la finalidad de golpear y destruir a las comunidades que ejercen su autonomía y cuyos territorios se necesitan para los negocios legales e ilegales del sistema neoliberal. Es aquí tierra fértil para aplicar y por la que fue creada la Ley de Seguridad Interior.

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La guerra hoy cobra otras dimensiones bajo la política belicista del gobierno mexicano de ocupar el territorio nacional de norte a sur, con el argumento de combatir al crimen organizado. La concepción de Seguridad Interior es un término utilizado en regímenes totalitarios. Las secuelas son contundentes en un país que se ha convertido en un cementerio clandestino y de personas desaparecidas. Somos un país en luto, un país que nos duele profundamente y se desangra.

El Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Jan Jařab, ha manifestado que esta estrategia de gobierno ha fallado:

Hace poco más de diez años el Estado mexicano tomó la decisión de enfrentar los serios y muy graves problemas de inseguridad, criminalidad y violencia recurriendo a sus Fuerzas Armadas, en razón de la credibilidad de las mismas y la debilidad estructural de las corporaciones civiles. Dicha decisión no atendió una de las principales preocupaciones de los organismos internacionales de derechos humanos: la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad que incumben exclusivamente a las autoridades civiles. De manera constante se ha dicho que las Fuerzas Armadas carecen de la formación y especialización funcional adecuada para combatir la inseguridad y la violencia de manera eficiente y con estricto apego a los derechos humanos. (10)

Pensábamos que 1984 de George Orwells era de los regímenes totalitarios del pasado, que Fahrenheit 451 de Ray Bradbury era imposible, que el régimen dictatorial como se implementó en América Latina era un latiente y profundo dolor que no se ha vivido en esas tierras. Hoy como nunca la dictadura en México, -que siempre fue oculta-, ahora la tenemos en desnudo y en su mejor perfil.

La legislación e implementación de una Ley de Seguridad Interior aseguran la continuidad y profundización de la guerra hacia los pueblos, el aumento exponencial de la violencia generalizada y la agudización de la crisis de derechos humanos así como de la impunidad. Esta crisis terminal del capitalismo está generando impactos terribles de destrucción y desesperanza, sucesos que vemos y documentamos. Es por ello que tenemos el deber insoslayable de parar estos crímenes de lesa humanidad. Los malos gobiernos nos están llevando a un total exterminio de lo humano.

Pedro Faro
Jobel, Chiapas, México
1 de marzo de 2018

 

 

 

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