Ordenan jueces federales suspensión de actividades mineras en la sierra de Puebla y Colima

A raíz de la reforma energética, los pueblos indígenas son más vulnerables y en muchos de sus territorios se desarrollarán proyectos extractivos

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Por Leticia Ánimas Vargas | @letianimas

14 de abril de 2015; Huauchinango, Pue.– Jueces del Poder Judicial de la Federación decretaron la suspensión “de plano” de las concesiones mineras en tres juicios de Amparo interpuestos por indígenas de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yahonahuac e Ixtacamaxtitlan, en el estado de Puebla y de Zacualpan, en Colima, por lo que las empresas deben detener sus actividades hasta que terminen los procedimientos.amparo-sierrapuebla (2)

Los habitantes de los pueblos originarios, recurrieron a la vía legal para defender su derecho a la autodeterminación y para hacer respetar sus derechos humanos, lo mismo que su territorio ancestral y su identidad cultural, explicaron miembros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, del Consejo de la Tierra Tiyat-Tlali, del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y de Fundar, que acompañan estos procesos.

En todos los casos, los jueces ordenaron la “suspensión de plano” de las concesiones mineras a favor de los pueblos originarios lo que implica que mientras duren los trámites de los juicios de Amparo, las empresas que detentan las concesiones mineras, como Almaden Minerals, Minera Autlán,  no podrán realizar actividades tendientes a la explotación.

En las tres demandas de Amparo interpuestas ante el Poder Judicial de la Federación, se reclama la violación de derechos por parte del Estado mexicano a través de actos de la Secretaría de  Economía que otorgó las concesiones mineras.

Los primeros en presentar su demanda fueron los indígenas nahuas de los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, quienes el 17 de marzo presentaron la demanda que se radicó y admitió en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Puebla.

Una semana después, el 24 de marzo, fueron pobladores –de la misma etnia-, de la comunidad de Zacualpan en Colima, quienes ingresaron su petición de garantías y fue admitida por  el Juzgado Primero de Distrito con sede en la capital de ese estado.

Mientras que los habitantes de la comunidad campesina de Tecoltemic, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla,  recurrieron al Amparo el pasado7 de abril, misma que fue radicada y admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito de la capital poblana.

“Estas acciones jurídicas… ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera. La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión, para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye una discriminación, violando con ello la Constitución Política y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminación y al  control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente”, señalaron.

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Argumentaron que uno de los efectos de la minería “ha sido el despojo del territorio a los pueblos originarios de América Latina.  En los últimos años, los avances tecnológicos han servido para desarrollar modelos de extracción mucho más agresivos, como la minería a cielo abierto, que elevan los efectos destructivos a niveles difíciles de imaginar”.

 Las organizaciones pusieron como ejemplo lo ocurrido en la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, cuyo territorio ha sido ocupado por la actividad minera, debido a que el 85 por ciento de los terrenos que forman el ejido fueron entregados a la minera Goldcorp, “y lo poco que todavía no ha sido destruido, está contaminado”.

 “La REMA ha denunciado que los efectos a la salud de la población son terribles. Hasta un 70% de la población presenta afectaciones, todas las familias tienen un enfermo por la actividad minera y, en algunos casos, la familia entera está enferma”. Además a ocho años del ingreso “al progreso minero”, la población “vive un verdadero infierno” a por la presencia del crimen organizado que ha obligado a la mitad de sus pobladores a abandonar el lugar.

 El Estado mexicano está obligado a preservar la diversidad biológica y cultural del país, lo mismo que su patrimonio bicocultural, respetando “el control cultural de los pueblos sobre sus territorios y los recursos naturales que tradicionalmente han utilizado”, pero ha sucedido lo contrario.

 A raíz de la reforma energética, indicaron, los pueblos indígenas son más vulnerables y en muchos de sus territorios se desarrollarán proyectos extractivos, lo que crea un clima de conflictividad social.