Políticas de manejo de biodiversidad tendrán que ser consultadas con los pueblos mayas de Yucatán, Q.Roo y Campeche, ordena juez

Regeneración, 20 de junio del 2018. Organizaciones ambientalistas indígenas celebraron la sentencia definitiva en el caso del Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY). Juez obliga que comunidades mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo sean consultados.

“Nosotros no necesitamos que nos vengan a decir cómo ser sustentables porque desde nuestros abuelos lo venimos siendo, cuidando al medio ambiente y la forma de producir nuestros alimentos»; señalaron las organizaciones peninsulares.

«Nosotros como mayas sabemos cómo sustentar el medio ambiente haciendo lo que nos corresponde hacer, no como la sustentabilidad que proponen estos gobiernos que es muy distinta a la que nosotros practicamos», denunciaron

Aclararon que «están buscando beneficiar a los empresarios aún si es a costa de la devastación de selvas como en el caso de las empresas de energías renovables, las fotovoltaicas, que deforestarán miles de hectáreas con el permiso de los gobiernos.»

Declaración de los ambientalistas y comunidades indígenas mayas

Quienes suscribimos la presente somos integrantes del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y hacemos del conocimiento de la sociedad en general, que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún emitió, el pasado 6 de junio, la sentencia definitiva que nos da la razón a quienes interpusimos demanda de amparo en contra del Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY).

Antecedentes

Dicho Acuerdo (ASPY), fue elaborado por la Comisión Regional de Cambio Climático y firmado por los gobernadores y Secretarios de Medio Ambiente de los tres estados de la Península, en el marco de la Conferencia de las Partes (COP) 13 del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica el 10 de diciembre del 2016.

Quienes nos oponemos al ASPY, denunciamos:·

Que dicho Acuerdo fue elaborado, firmado y puesto en funcionamiento SIN el conocimiento, participación y consentimiento del pueblo maya, a pesar de que gran parte del territorio al que se refieren las acciones que se implementarán es ocupado o pertenece al pueblo maya y a sus comunidades.

Que en la elaboración de dicho Acuerdo no se garantizó el derecho del pueblo maya a participar en el proceso, pero en cambio sí se priorizó la participación de representantes de los tres gobiernos peninsulares, así como de empresas, universidades públicas y privadas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que muchas veces hablan a nombre de los pueblos sin pertenecer a ellos.

Que dicho Acuerdo fue elaborado exclusivamente en castellano, publicitado en páginas de internet y dado a conocer hasta que fue firmado y entró en vigor, lo cual nos discriminó al dificultarnos el conocer de su existencia y la comprensión del mismo.

Que las metas y objetivos planteados en el ASPY responden a proyectos comprometidos con empresas en los territorios del pueblo maya a partir de las siguientes líneas 1) intensificar la producción agrícola y ganadera “de manera sustentable”, 2) lograr cero deforestaciones, 3) convertir el 50% del territorio de la Península en reservas o esquemas de conservación,4) Promover paisajes bioculturales mayas, 5) fomentar los mercados verdes y el turismo sustentable.

Quienes vivimos en los territorios donde se desarrollarán las metas y objetivos planteados en el ASPY no otorgamos nuestro consentimiento porque no se nos informó de manera previa a pesar de ser los guardianes legítimos de los montes.

Que es un intento por arrebatarnos el manejo ancestral de nuestros montes para convertirlos en mercancía verde, es decir, para mercantilizar toda la naturaleza.

El Tribunal Colegiado reconoce que:

El objeto y finalidad del ASPY es regular la biodiversidad de toda la Península y, por tanto, este Acuerdo puede GENERAR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS en la vida y entorno de las comunidades indígenas de toda la Península de Yucatán.

Reconoce también que somos las personas de las comunidades quienes hemos empleado, ancestralmente, los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sustentable de los recursos de nuestros territorios.

El derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultadas es indispensable para salvaguardar la libre determinación de los pueblos y los demás derechos culturales y patrimoniales (ancestrales) que la Constitución y los tratados internacionales nos reconocen.

Que las autoridades responsables tenían la obligación de consultar a las comunidades indígenas susceptibles de ser afectadas por las acciones del ASPY en los tres estados de la Península de Yucatán y violaron ese derecho.

Que la omisión de las autoridades de llevar a cabo los procesos de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, constituye una violación directa al ejercicio de otros derechos, como la integridad cultural, en tanto que no se consideran nuestros usos y costumbres; el derecho a la igualdad, a la información, al no otorgar los estudios y datos necesarios para la toma de decisiones, así como al no haberlo emitido en lengua maya; el derecho a la libre determinación al no permitir nuestra participación en decisiones que pueden afectar nuestra vida y como consecuencia, a nuestras prácticas y actividades históricas.

El Tribunal resuelve que las autoridades responsables:

Dejen insubsistente el Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán [ASPY], y su anexo único.

Provean lo necesario a fin de que se lleve a cabo la consulta pública a las comunidades indígenas a través de medios idóneos y en su lengua maya.

Una vez realizada la consulta, resuelvan con libertad de jurisdicción sobre la emisión de dicho Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán [ASPY], y su anexo único, en la inteligencia que, en su caso, deberán publicarlo además en la lengua de las comunidades indígenas a las que pertenecen los quejosos.

Desde la Región Poniente de Bacalar, hoy celebramos que la justicia reconozca las faltas y agravios que las autoridades cometen en contra del gran pueblo maya peninsular y reafirmamos que nuestra lucha es y seguirá siendo por la defensa integral de nuestros territorios y en contra de quienes pretendan despojarlo para convertirlo en mercancía.

 

“Nosotros no necesitamos que nos vengan a decir cómo ser sustentables porque desde nuestros abuelos lo venimos siendo.”