Abogados dicen que no tienen posibilidades de un juicio justo; las familias temen que «paguen justos por pecadores» en los juicios
Regeneración, 6 de abril 2026– En El Salvador se llevan a cabo juicios colectivos contra alrededor de 91,300 personas detenidas durante el estado de excepción que impuso el presidente Nayib Bukele hace cuatro años como parte de su «guerra contra las pandillas».
Williams Díaz
Entre los que aguardan juicio se encuentra Williams Díaz, arrestado hace más de tres años cuando se dirigía a su empleo como técnico en aire acondicionado.
«Es inocente y será juzgado junto a delincuentes», expresa su madre, Gladis Villatoro.
Williams Díaz, de 35 años, forma parte de las más de 91,300 personas detenidas bajo el estado de excepción, que está en vigor desde marzo de 2022.
Su madre, Gladis Villatoro, teme que Williams, quien es padre de un niño de 6 años, sea culpable en estos juicios colectivos.
Inocentes pagarán por culpables
Díaz fue capturado por militares y llevado al Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT), la prisión masiva emblemática de la guerra antipandillas de Bukele.
En esta prisión, más de 10,000 supuestos pandilleros viven amontonados en celdas sobrepobladas.
«Si uno es condenado, todos lo serán. Los inocentes sufrirán por aquellos que son culpables», comenta Gladis Villatoro entre lágrimas.
Mientras tanto, ella prepara las tortillas que vende para poder subsistir, a unos 20 kilómetros al este de la capital, San Salvador.
Jonathan Santos
Reynaldo Santos, un panadero de 58 años, está preocupado de que su hijo Jonathan también pueda recibir una larga sentencia sin la oportunidad de defenderse.
Jonathan, un joven trabajador de 24 años, fue detenido en su hogar mientras jugaba al videojuego Fortnite.
Según la Policía de El Salvador, esto indicaba una inclinación hacia las actividades de pandillas.
Fue liberado en espera de juicio, pero podría ser arrestado nuevamente en cualquier momento.
MS-13 y Barrio 18
Jonathan y otros prisioneros están acusados de formar parte de la Mara Salvatrucha (MS-13), uno de los grupos criminales más temidos de Centroamérica.
Por su parte, Williams está acusado de ser parte de la pandilla rival, Barrio 18.
Sin embargo, ninguno de los dos tiene antecedentes delictivos.
Las reformas aprobadas en el Congreso permiten realizar juicios masivos sin la necesidad de individualizar la responsabilidad de los acusados.
Juicios
Las organizaciones de derechos humanos han manifestado su descontento por estos juicios.
Sostienen que la justicia colectiva infringe el derecho de los acusados a un juicio justo.
No obstante, el vicepresidente Félix Ulloa ha elogiado estos juicios masivos como «una nueva forma de abordar estos procesos».
Condenas
Ulloa afirmó que las condenas variarían dependiendo del nivel del acusado dentro de la supuesta estructura de la pandilla.
Pero las repercusiones para los acusados, en su mayoría provenientes de familias de escasos recursos, son muy severas.
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha incrementado la pena máxima para los «terroristas».
Este es el término que el Gobierno utiliza para referirse a los pandilleros, que va de 60 años a cadena perpetua, incluso para los menores de edad.
Procesos
Los procesos, según uno de los letrados de la defensa, «son solo una formalidad, un sistema que produce condenas en grandes cantidades».
Antes de cada juicio, un integrante de una banda que está en prisión, con su cara cubierta, da testimonio acerca de los acusados.
A cambio, obtiene una disminución en su pena, según atestiguaron diversos abogados defensores.
