Una jueza federal invalidó las disposiciones que Donald Trump decretó para disminuir capacidades y derechos a los trabajadores federales
Regeneración, 26 de agosto de 2018.– Los derechos sindicales deben respetarse en Estados Unidos, por lo que una jueza determinó invalidar algunas partes de los decretos aprobados por el presidente Donald Trump que afectaban a personas trabajadoras del gobierno federal.
Los decretos expedidos por Trump en mayo pasado tenían como meta agilizar el despido de las personas empleadas del gobierno federal, así como aminorar su capacidad de negociación a través de sindicatos.
Por ejemplo, Trump pretendía que los trabajadores con bajo desempeño contaran con menos tiempo para mejorar antes de ser despedidos. Además, reducir el tiempo que pueden dedicar a labores sindicales.
Según la versión oficial, los decretos darían a las dependencias de gobierno una mayor capacidad para desprenderse de trabajadores con un desempeño “pobre”, obtener “mejores acuerdos” en contratos sindicales y requerirían a los empleados federales con responsabilidades sindicales que dedicaran menos tiempo a estas labores.
Tales medidas “socavan el derecho de los empleados federales de negociar colectivamente”, dice el dictamen de Ketanji Brown Jackson, jueza de distrito en Columbia.
De esta manera, un duro golpe a un plan del presidente estadounidense Donald Trump para concretar un gobierno “más eficiente” al determinar que las principales disposiciones de tres órdenes ejecutivas recientes
De esta manera, sindicatos y tribunales asestan duro golpe al plan del presidente Trump para concretar un gobierno “más eficiente” a través de las disposiciones de tres órdenes ejecutivas.
Cuando se expidieron los decretos den mayo, diversos sindicatos interpusieron demandas contra la autoridad ejecutiva de Trump, razón por la cual el asunto llegó a manos de la jueza. Con la determinación de invalidar las medidas, los sindicatos manifestaron beneplácito:
“La acción ilegal de Trump fue una agresión directa contra los derechos legítimos y protecciones que el Congreso ha garantizado específicamente a los empleados del sector público en todo el país que mantienen funcionando a nuestro gobierno federal todos los días”, dijo J. David Cox, presidente nacional del principal sindicato de empleados federales, el American Federation of Government Employees (Federación de Empleados de Gobierno de Estados Unidos).
Esta organización representa alrededor de 70 mil trabajadoras y trabajadores federales, de un total de 2 millones. A cargo de Cox, fue la primera en oponer un frente a Trump con dos demandas que buscaban revocar las órdenes ejecutivas.
Con la decisión de la jueza queda sin valor la mayor parte del plan de Trump para afectar los derechos de los trabajadores del gobierno federal.
La jueza Jackson dictaminó que, aunque el presidente tiene autoridad para aprobar órdenes ejecutivas relacionadas con las relaciones laborales federales, estas no pueden “extirpar el derecho a negociar colectivamente”, como especifica un antiguo estatuto federal.
“Se debe considerar que el presidente excedió su autoridad en la aprobación (de los decretos)”, señaló Jackson.
Con información de The Washington Post, The New Herald y Bloomberg