La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó auditorías estatales sobre fondo federal en Tlaxcala
Regeneración, 13 de abril de 2026.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo relevante sobre la fiscalización de recursos en México.
El Pleno determinó que los estados no pueden auditar fondos federales entregados directamente a los ayuntamientos.
Esta resolución anula auditorías locales realizadas por el Congreso de Tlaxcala contra el municipio de Contla.
Los ministros votaron por unanimidad para proteger la delimitación de competencias establecida en nuestra Carta Magna.
El proyecto de sentencia fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf ante el tribunal de justicia.
La decisión surge tras una controversia constitucional promovida por el gobierno municipal afectado por la revisión estatal.
La Corte concluyó que se vulneró la libre administración hacendaria del municipio de Juan Cuamatzi.
Con este acto jurídico se invalida el señalamiento de irregularidades por más de ocho millones de pesos.
Competencia exclusiva de la ASF
La ministra ponente explicó que la Constitución Federal asigna tareas específicas a cada órgano de vigilancia.
Solo la Auditoría Superior de la Federación posee el mandato legal para revisar el gasto de origen federal.
Las auditorías estatales deben limitar sus funciones únicamente a los recursos generados de forma local.
Sin un convenio de coordinación previo, los órganos locales carecen de facultades para auditar aportaciones federales.
Durante la sesión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf fue enfática sobre la distribución de las facultades públicas.
Ella señaló: “Corresponde a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar los recursos públicos federales ejercidos por cualquier ente”.
Los artículos constitucionales impiden que los congresos locales invadan esferas que pertenecen a la federación.
“Las entidades locales circunscriben su actuación a la revisión de recursos de naturaleza local”, añadió la ministra Ortiz.
Anulación de irregularidades en Tlaxcala
El informe invalidado detectó supuestas faltas por ocho millones trescientos setenta y dos mil pesos en fondos federales.
Entre los recursos cuestionados se encontraban el FORTAMUN y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social.
La resolución obliga al Congreso de Tlaxcala a emitir un nuevo decreto sobre la cuenta pública municipal.
Solo las investigaciones relacionadas con dinero estatal podrán seguir su curso legal ante las autoridades locales correspondientes.
La ministra aclaró que el proceso debe ajustarse estrictamente a lo expuesto en esta controversia constitucional federal.
Loretta Ortiz Ahlf precisó: “Este deberá atender a lo expuesto en la presente controversia constitucional”.
No obstante, el órgano local aún conserva facultades para investigar otros posibles actos de corrupción estatal.
Las facultades locales quedan expeditas para realizar las investigaciones que estimen procedentes en su ámbito.
- Abelina López
Antecedentes y casos pendientes
Este veredicto sienta un precedente importante para otros juicios que esperan resolución en el máximo tribunal.
Actualmente existe un caso similar que involucra al municipio de Acapulco en el estado de Guerrero.
La alcaldesa Abelina López enfrenta acusaciones por casi novecientos millones de pesos de origen federal.
La decisión tomada hoy en favor de Tlaxcala podría influir directamente en el desenlace de ese juicio.
La correcta aplicación de los fondos públicos requiere claridad sobre quién debe vigilar cada peso gastado.
La SCJN reafirma que el orden jurídico nacional evita la duplicidad de funciones en la fiscalización superior.
Este fallo garantiza que los municipios no sean fiscalizados arbitrariamente por autoridades sin competencia legal.
El sistema de rendición de cuentas en México se fortalece con reglas claras para todas las entidades.
