47 personas arrestadas y un 64% de avance en la investigación de hechos en el Rancho Izaguirre: Fiscalía General.
Regeneración, 6 de febrero 2026– Un año después de que el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, se volviera el enfoque de una de las indagaciones más complicadas del país, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó el jueves avances significativos.
Reporte
Son 47 individuos detenidos, restos óseos sin identificar y una investigación del lugar que aún continúa.
Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación formal contra autoridades estatales por graves negligencias en el manejo del lugar del suceso.
La FGR concluyó que el terreno se utilizaba como un sitio de entrenamiento donde se llevaban a cabo prácticas de tiro, acondicionamiento físico y pruebas.
El sitio disponía de una área diseñada como una casa táctica para ejercer cubrimiento, desplazamiento y generación de respuestas.
Evidencia
Mientras examinaban el lugar, la FGR encontró fragmentos y piezas de restos óseos, así como municiones y ropa.
A partir de esos restos, se obtuvo un perfil genético de una persona masculina.
Sin embargo, al compararlo con los perfiles de personas desaparecidas, no se logró un resultado concluyente que permita su identificación.
En el momento del comunicado, la FGR anunció que ha conseguido arrestar a 47 personas relacionadas con el caso.
Órdenes de arresto
Además, hay órdenes de arresto vigentes que se están llevando a cabo de acuerdo a los procesos judiciales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 11/2026 dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
El organismo destacó que ambas entidades no realizaron de maneraadecuada el análisis técnico de las pruebas encontradas en el lugar.
Violaciones a derechos
Esto provocó violaciones a los derechos a la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.
La CNDH pidió a ambas instituciones que, en un periodo de seis meses, hagan un acto público de reconocimiento de responsabilidad y una disculpa pública.
Actualicen sus protocolos de preservación de escenas y cadena de custodia, e introduzcan capacitación especializada en derechos humanos.
