- El Senado aprobó el pasado mes de noviembre por unanimidad el tratado de Escazú para la protección de ambientalistas
Regeneración, 8 de diciembre de 2020. Cifras del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señalan que el año pasado se registraron 39 ataques contra defensores del medio ambiente en México, de los cuales, ni en la mitad de los casos se supo quién fue el culpable.
México el 4º país con más asesinatos a ambientalistas
Además, México es el cuarto país del mundo con más asesinatos a ambientalistas, de acuerdo con el último informe de Global Witness.
La ecologista mexicana, Teresa Roldán, contó al diario El País que el 6 de noviembre, encontró una botella con un mensaje que decía:
“Te metiste con la gente de Jalisco, pero nunca pensaste en tu familia. Te vamos a hacer pedazos”.
Tras esta amenaza, dos días después, un comandó incendió los alrededores de su casa cuando sus hijos se encontraban durmiendo dentro.
Esta activista ya lleva varios años luchando contra el uso de suelo en áreas naturales de Querétaro y sabe que su trabajo incomoda a los que buscan construir desarrollos inmobiliarios en estas zonas; ella duda que detrás de las intimidaciones realmente esté el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Senado aprueba tratado de Escazú
El pleno del Senado de México aprobó el pasado mes de noviembre, por unanimidad un tratado regional que tiene el potencial de reducir los conflictos ambientales en América Latina.
Así como aumentar la presión sobre los gobiernos para que proteja a los defensores de la tierra.
El Acuerdo de Escazú se adoptó el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, con el objetivo de garantizar el acceso a la información
También busca la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales en Latinoamérica.
Cabe señalar que aún no entra en vigor porque solamente lo han ratificado diez de los once países necesarios para hacerlo.
“Tras la aprobación en el Senado, México está a punto de convertirse en la última pieza del engranaje para que se ponga en marcha el tratado. Solo falta que el Ejecutivo lo publique en el Diario Oficial de la Federación, algo que podría ocurrir este mismo año”, señaló Tomás Severino, director de Cultura Ecológica y representante electo del público en la negociación del tratado.
Tomás Severino explica que la entrada de México a este acuerdo está “en la intención del Ejecutivo de recuperar el protagonismo regional en los temas de derechos humanos”.
Panorama del tratado
Escazú es un tratado pionero, entre otras cosas, porque contiene la primera disposición vinculante del mundo para proteger a los defensores ambientales.
El texto urge a los Estados miembros a “prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones”.
“El hecho de que el tratado sea vinculante lo hace exigible. Si no sería una declaración de buenas intenciones muy bonita”, dice Juan Carlos Carrillo, doctor en Derecho de CEMDA, una de las organizaciones que formó parte de las negociaciones.
“No hay una policía internacional que te pueda sancionar por un incumplimiento”, explica Carrillo. Sin embargo, destaca que “da herramientas para luchar por su cumplimiento”.
Y, al ser vinculante, se podría acudir a la Corte Penal Internacional.
“Por ejemplo, si han pasado 4 o 5 años de Escazú y México no le ha metido [fondos] al mecanismo, entonces nosotros [desde la sociedad civil] podemos hacer una demanda y además decir esto en los foros de una eventual Conferencia de las Partes de Escazú”, sentenció Severino.
Consultas tienen que ser previas
Este acuerdo ofrece detalles que no se encuentran en las leyes de muchos países de la región. Uno de ellos es el artículo 7 establece cómo deben realizarse las consultas públicas sobre temas ambientales
Y es que, la ONU criticó la consulta sobre el Tren Maya, afirmando que las autoridades decidieron “unilateralmente” el método del proceso sin la participación de las comunidades.
Escazú estipula que las consultas tienen que ser previas, deben explicar de manera comprensible el posible impacto ambiental del proyecto.
Además, la información se deberá traducir a los idiomas de la población afectada y tiene que ofrecer la oportunidad de que las comunidades presenten observaciones.
Severino reconoce que en países como México “ni siquiera se cumple la legislación nacional”, pero está convencido de que la presión pública tras la entrada en vigor de Escazú “va a ser fuerte”.